Madrid. El 2019 aún no termina y las autoridades españolas ya lo catalogan como un año récord en solicitudes de protección internacional de nicaragüenses. Desde el inicio de la crisis sociopolítica desatada por la represión del régimen de Daniel Ortega, España ha recibido al menos 6851 exiliados.
Entre el primero de enero y el 30 de noviembre de este año, 5483 nicaragüenses solicitaron protección a este país, según datos del Ministerio del Interior brindados a CONFIDENCIAL. Las cifras revelan que, lejos de disminuir, la cantidad de exiliados se ha triplicado en comparación con el año pasado, cuando se recibieron 1368 peticiones de asilo.
El 55% de los exiliados son hombres y el 45% mujeres. La mayoría se ha asentado en las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Murcia.
María Jesús Vega, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR-España), explica que el perfil de los exiliados es variado. Hay estudiantes universitarios, médicos, profesores, ganaderos, activistas de sociedad civil y defensores de derechos humanos.
“Cuando piden asilo alegan un temor de persecución o porque su vida o integridad física están en peligro porque hay un contexto de violencia e inseguridad en su país. Sin embargo, muchos han salido huyendo de la represión en contra de gente que ha protestado a raíz de los acontecimientos de abril de 2018, hay represión contra ellos o contra sus familias”, dijo la funcionaria en una entrevista con Despacho 505.
La vida en el exilio
Veintiún días después de que mataran a su padre de un balazo en la cara en las calles de Managua, Saudy Melissa Cabrera se exilió en España, el 30 de junio de 2018. La joven y su familia señalaron a paramilitares como los responsables del crimen que acabó con la vida de Víctor Cabrera, de 39 años, quien era participante activo de las protestas contra Ortega.
La joven de 20 años viajó sola desde Managua hasta Barcelona. La separación familiar, el luto por la muerte de su padre y el contexto de represión al que se vio expuesta por ser estudiante de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) hicieron que cayera en un estado de depresión profunda.
Se quedó sin dinero, sin comida y en varias ocasiones le tocó dormir en la calle o en escaleras. Desde Managua, su mamá, Deanora Tenorio sufría por la situación que su hija estaba pasando. Vendió todo lo que tenía y hace un mes llegó a Barcelona para acompañar a su hija en un exilio que no tiene fecha de regreso.
Ambas son solicitantes de protección internacional en España y forman parte de la comunidad de más de 6000 exiliados en este país.
“El motivo de estar acá es porque ha sido un golpe bien duro para mi hija la pérdida de su padre. Estando en Nicaragua yo recibía mensajes de ella diciéndome que tenía hambre o que no tenía un lugar para dormir y no podía con eso”, recuerda con llanto esta madre de 43 años.
El exilio para ella tampoco ha sido fácil. “Empezar de cero es bastante difícil. Yo salgo casi diario a ofrecerme como cuidadora de hogar, pero es bien duro. Los nicaragüenses muchas veces somos discriminados y los procesos para tener papeles son demasiado tardados”, explica.
“Regresar no es una opción”
Desde el inicio de la crisis, Deanora y su familia se mostraron en contra de la represión orteguista, iban a las marchas y criticaban constantemente las medidas del régimen.
“A la casa llegaban asediarnos. Aquí ha sido bastante duro, pero quedarse tampoco era seguro. Protestar se ha vuelto un delito y cuando vivís en un barrio rodeado de sapos (simpatizantes orteguistas) la situación es peor”, comenta.
Tanto Deanora como su hija están desempleadas, viven en una pequeña habitación rentada y subsisten con el poco dinero que trajo de Nicaragua. Aun así, no piensan regresar a un país que no ofrece las condiciones mínimas de seguridad y donde no se puede ejercer las libertades ciudadanas.
“Nicaragua ha ido empeorando —concluye—. No hay derechos. Nosotras no pensamos regresar ahorita, aunque no tengamos qué comer, aunque nos suenen las tripas. No volvemos hasta que salga el dictador”.