19 de diciembre 2019
Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó este miércoles ante la presidencia del Consejo Permanente de este organismo un proyecto de resolución contra Daniel Ortega, por la situación de Nicaragua, donde se siguen cometiendo actos de violencia contra los manifestantes. Estados Unidos considera urgente abogar por el restablecimiento de la democracia en el país.
El borrador de la resolución contra Daniel Ortega, presentada por Trujillo enfatiza la condena de los continuos actos de violencia que han ocasionado la pérdida de vidas humanas en Nicaragua. Así como expresar la solidaridad con el “pueblo nicaragüense y apoyar su determinación de restablecer la democracia plena”, con garantías y respeto de las libertades fundamentales, en el marco de la Carta Democrática Interamericana.
“Hacer un llamamiento a la normalización del marco institucional democrático en Nicaragua en el contexto de la Carta Democrática Interamericana. Considerar la posibilidad de brindar apoyo y ayuda de la OEA, como lo ha solicitado el Gobierno de Nicaragua para la consolidación del proceso democrático”, dice parte del borrador.
El quinto punto del borrador apunta a que se convoque, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, para recibir información actualizada de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua, del Secretario General y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y adoptar las decisiones que estime oportunas.
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El informe sobre la situación de Nicaragua
E noviembre la Comisión de Alto Nivel concluyó que en Nicaragua hay una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”, por lo que recomendó al Consejo Permanente del organismo a que “convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar” el tema.
“A partir del análisis de los trabajos realizados por la Comisión, de los testimonios recabados, de los insumos proporcionados por los diferentes actores en el proceso nicaragüense y de los informes de la CIDH queda en claro que Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto”, detalló la primera conclusión del informe.
El régimen desconoció la creación de esta Comisión —integrada por representante de Paraguay, Jamaica, Estados Unidos, Canadá y Argentina— y prohibió la entrada a Nicaragua de los miembros de la misma. Los diplomáticos se vieron obligados a reunirse en El Salvador y EE. UU., con familiares de los asesinados por la masacre orteguista, excarcelados políticos, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
Basados en esos encuentros, la Comisión concluyó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo: hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano”.
La recomendación de llamar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo —en la que participarían los cancilleres de todos los países— está basada en el artículo 20 de la Carta democrática Interamericana de la OEA, que se activó este año para tratar la crisis nicaragüense.