15 de diciembre 2019
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La sanción estadounidense contra el hijo mayor de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo, demuestra que Estados Unidos mantiene firme su política de “presiones por goteo” contra el régimen orteguista, cuyo círculo de hierro se pregunta en la intimidad: ¿Quién sigue y cuándo?
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Ortega Murillo fue sancionado junto a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, por “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.
Para Estados Unidos, el primogénito de los Ortega utilizó DNP, un negocio que adquirió con dinero público y luego transfirió a la familia, para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.
El economista Enrique Sáenz opina que las sanciones al régimen, que representa Rafael, evidencia que “la política norteamericana de ‘presiones por goteo’, sigue invariable”. Es así que “en el círculo de poder del régimen seguramente la pregunta más recurrente, en privado, es quién sigue y cuándo”.
Con estas sanciones, Rafael Ortega Murillo es el décimo sexto funcionario orteguista sancionado por Estados Unidos. El pasado 7 de noviembre se unieron a la lista deshonrosa el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, el magistrado Lumberto Campbell; presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), y Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
La presión sobre el régimen es evidente. Tras las sanciones, el Departamento de Estado instó al régimen “a reiniciar el diálogo con la oposición (suspendido en unilateralmente en junio) y a restablecer la democracia en el país, en cumplimiento de sus obligaciones bajo la Carta Democrática Interamericana”, según Sáenz.
Vía elecciones libres
Al mismo tiempo, señaló que “la dolorosa crisis política que enfrenta Nicaragua solo puede ser resuelta mediante elecciones libres y justas, que reflejen de manera creíble la voluntad del pueblo de Nicaragua y el pleno respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Con estas medidas por lavado de dinero, todos los bienes del primogénito de la familia presidencial en Estados Unidos quedan bloqueados y tampoco puede hacer negocios con ciudadanos estadounidenses, quienes al mantener o establecer alguna relación comercial con los sancionados también podrían alcanzados por estas.
El Departamento de Estado indicó el viernes, en un comunicado, que las sanciones a Ortega Murillo “ratifican el firme compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al Gobierno de Daniel Ortega por sus actos de corrupción e inaceptables violaciones a los derechos humanos, y de apoyar al pueblo de Nicaragua en su lucha por restablecer la democracia”.
‘Modus operandi’
Rafael es el tercer miembro de la familia dictatorial sancionado por Estados Unidos. Este año también fueron sancionados su hermano Laureano Ortega Murillo, quien representa “el poder político y ha sido considerado el sucesor o “delfín de la familia”, y su madre, Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega.
Las sanciones impuestas a Ortega Murillo fueron aplicadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 de los Estados Unidos, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”.
El secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin, citado en el comunicado de prensa, indicó que: “Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”. Es así que “ha brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo de la vicepresidenta de Nicaragua, quien fue designada (sancionada) el 27 de noviembre de 2018”, recordó.
El ‘modus operandi’ de Rafael Ortega Murillo consistía en utilizar “al menos dos compañías que posee o controla, Inversiones Zanzíbar, SA, y Servicio de Protección y Vigilancia, SA, para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega”, subrayó el comunicado.
Las gasolineras DNP Petronic han cambiado de nombre y logo para evitar sanciones y el boicot ciudadano. Foto: Carlos Herrera.
Buscar proveedores
El Parlamento nicaragüense nacionalizó por ley a la DNP, por lo que los inventarios de esta distribuidora de petróleos serán parte del Estado de Nicaragua y serán administrados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Sin embargo, para el especialista en hidrocarburos, César Arévalo, esta es una estrategia para eludir las sanciones al régimen que aplicó Estados Unidos.
La nacionalización significa que Petronic será el importador de todos los combustibles y usará la flota que le pertenecía a DNP Petronic, para transportarlo a las instituciones de Gobierno, a clientes industriales y a las estaciones de servicio que ya eran parte de Petronic. Y las estaciones que le pertenecen a la red de DNP y al grupo Zanzíbar, advierte Arevalo, que podrían ser compradas o indemnizadas para unirse a las de Petronic.
Un economista, que pidió el anonimato, explicó que con la ley recién aprobada se nacionalizan los inventarios de la distribuidora, no así las instalaciones, activos o pasivos de DNP Petronic. Estos inventarios son de 30 días de consumo. Asimismo, “manda al ente regulador a nombrar empresas o instituciones para realizar la distribución de esos inventarios”, que no pueden aumentar porque ni las empresas de EE.UU. ni las mexicanas les venderán.
Sáenz señala que otra consecuencia directa de las sanciones al régimen, que podría tener al régimen en jaque, es que “el principal proveedor de petróleo y derivados (de DNP) es ahora, paradójicamente, Estados Unidos”. Es así que forzosamente la familia gobernante tendría que buscar un nuevo proveedor de hidrocarburos que esté dispuesto a negociar con ellos pese a los señalamientos de lavado de dinero.
“Las cifras revelan que los suministros petroleros venezolanos están prácticamente reducidos a cero”, precisa Sáenz. “El 65% de las importaciones de hidrocarburos proviene ahora de Estados Unidos y el 13% de Ecuador. DNP controlaba un tercio de las importaciones. Probablemente es en este campo del golpe mayor, porque difícilmente encontrarán proveedores en el mercado inmediato del país”, subraya.
Hace unos meses las fachadas de todas las estaciones de servicio DNP Petronic fueron sustiuidas por el boicot que se levantó en su contra. Carlos Herrera | Confidencial
Descartan escasez
Tras el anuncio de las sanciones a DNP, algunas estaciones de servicio en Managua estuvieron cerradas. En Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, los pobladores corrieron a comprar todo el combustible que estaba disponible en la única sucursal de DNP, ya que temen “escasez”, según informó la plataforma local multimedia La Costeñísima. Pero Arévalo descarta una situación de ese tipo.
“Todas las importadoras (de hidrocarburos) tienen que tener por ley al menos treinta días de inventario”, explica. Es decir que, aunque DNP no pueda importar más combustible perfectamente puede continuar operando durante los próximos treinta días.
Según datos del MEM, hasta septiembre de 2019 las gasolineras DNP-Petronic controlaban el 45.2 % del mercado nacional del diésel y el 33.99% del mercado de gasolina. El segundo lugar en el mercado lo ocupa la compañía trasnacional Puma Energy con 28.78% y 26.90%, respectivamente. El especialista en hidrocarburos considera que el mercado que deje DNP fácilmente puede ser absorbido por su competidor más cercano.
