14 de diciembre 2019
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Previo a la Navidad de 2018 —el 15 y 21 de diciembre exactamente— el régimen de Daniel Ortega cometió uno de los atropellos más graves contra la libertad de prensa, expresión y empresa en Nicaragua: la confiscación de facto de las redacciones de CONFIDENCIAL y el Canal 100% Noticias. Se ha cumplido un año de la agresión y los policías armados de AK-47 continúan sosteniendo esa triple agresión a derechos fundamentales ordenada por el régimen.
Los directores de ambos medios de comunicación, Carlos F. Chamorro y Miguel Mora, exigieron, durante el primer aniversario de la confiscación, la devolución de las instalaciones y la reparación integral de los daños causados, pese a que la pareja presidencial no ha demostrado ningún atisbo de voluntad política para ceder.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), catalogó la confiscación de CONFIDENCIAL y 100% Noticias como “una de las acciones más brutales que (se) recuerda (en) los ataques a la libertad de prensa en el continente, en los últimos 30 años de historia”.
“Al menos en las dictaduras del cono sur y los conflictos armados no se registraban casos de clausura de un medio de comunicación y de una confiscación de hecho de los bienes, la ocupación de la propia redacción, seguida por las amenazas y otras agresiones”, apuntó Lanza.
El régimen Ortega-Murillo envió en octubre pasado a la CIDH un informe reafirmando la confiscación de facto de 100% Noticias, y en el caso de CONFIDENCIAL no ofrecieron mayores argumentos que señalar que existen dos Recursos de Amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que están en proceso, pero siguen sin respuesta.
“Un robo a mano armada”
La dictadura justifica la confiscación de 100% Noticias y otros bienes de Mora, basándose en el artículo tres de la Ley de Amnistía, la “no repetición”, que es más una amenaza de futuras acciones penales y no el reconocimiento de que el periodista fue víctima.
“Parece contradictoria la explicación del Gobierno, porque no ha habido ningún proceso confiscatorio”, criticó. “Lo que ha hecho el Gobierno sandinista ha sido un robo a mano armada. Tanto a CONFIDENCIAL como a 100% Noticias. En ese documento argumentan el robo del Canal por el simple hecho de una acusación. Una acusación que han imputado a la gran mayoría de nicaragüenses. Argumentan hubo intento golpe de Estado y que los periodistas de 100% Noticias lo organizamos… A nivel internacional e internacional, ese argumento que envía el Gobierno a la CIDH es desmentido y ha sido rechazado categóricamente en informes de la propia CIDH y (de la Oficina) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas”, denunció el periodista.
Incumplen acuerdo de la mesa de diálogo
La vigencia de la confiscación de ambos medios de comunicación, así como el bloqueo aduanero impuesto a La Prensa —y que en septiembre precipitó el cierre total de El Nuevo Diario— incumple la promesa que suscribió el régimen a la luz de la mesa de negociación del diálogo nacional.
El Gobierno suscribió con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia “un acuerdo de derechos y garantías ciudadanas”, cuyo artículo 10 establecía la devolución de las redacciones de CONFIDENCIAL y 100% Noticias.
“Revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes: instalaciones, activos, equipos, documentos, licencias y cualquier otro bien material e inmaterial perteneciente a los medios de comunicación afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme la Constitución y la ley”, se leía en el acuerdo firmado el 29 de marzo, antes de la ruptura total del segundo intento de un diálogo nacional.
El Gobierno se comprometió a la devolución de los medios ante los testigos y acompañantes: el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.
“Para nosotros es un incumplimiento muy grave. Es cierto que el Gobierno ha dejado de cumplir todos los acuerdos incluidos en el documento del 29 de marzo, pero uno de los más notorios es este, porque hay presencia policial dentro de las oficinas de los medios confiscados”, valoró Carlos Tünnermann, integrante de la Alianza Cívica y uno de los delegados en la mesa de negociación.
“De manera muy clara, el Gobierno no tiene la voluntad de permitir la libertad de expresión si vemos la forma cómo ha procedido contra estos medios”, criticó.
Preocupa a empresarios
CONFIDENCIAL y 100% Noticias son empresas privadas y sociedades anónimas que forman parte de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham). La confiscación de ambos medios alarma a los empresarios, por la connotación negativa que tiene para las inversiones nacionales e internacionales.
“Es un tema preocupante. Todo este tema de las propiedades debería ser resuelto. Hay propiedades agrícolas que siguen ocupadas; como unas 4000 manzanas afectadas. Todas las personerías legales de las oenegés y luego estos medios de comunicación confiscados. Es una señal equivocada”, advirtió el economista Mario Arana, presidente de AmCham.
El economista y también miembro de la Alianza Cívica agregó que “la confiscación es contraproducente para restablecer lo que se requiere en este momento: una situación de resolución de la crisis nacional y no una complicación”.
Arana insistió que la confiscación sostenida por un año de CONFIDENCIAL y 100% Noticias no tiene asidero legal alguno, y más bien se trata de una “decisión política”. “No tiene sustento legal desde ningún punto de vista. Ni siquiera se han molestado en realmente mostrar evidencia que pudiese existir, como para tomar este tipo de medidas”, lamentó, y demandó “resolver y subsanar esta situación”.
Ciudadanía afectada
Guillermo Rothschuh Villanueva, director del Observatorio de Medios de Comunicación, sostiene que la toma arbitraria de las instalaciones de cualquier medio de comunicación se traduce de inmediato en la imposición de la censura, por medio de la cual los gobernantes lesionan un bien que presta un servicio público y limitan la diversidad informativa, un requisito indispensable de toda sociedad democrática.
“La confiscación de medios impide a la ciudadanía tener acceso a una pluralidad de medios, en un país donde se necesita de su existencia como garantía para la difusión de diversidad de informaciones y opiniones. La confiscación y la censura generan como resultado la imposición de una sola versión de la realidad: la versión edulcorada proveniente de quienes detentan el poder político. Se instala el monólogo y la posibilidad del disentimiento es arrebatada a la ciudadanía. Disenso y consenso son las dos caras de la democracia”, reflexionó Rothschuh.
El relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, enfatizó que en Nicaragua prima la necesidad de que el Estado respete totalmente las garantías fundamentales para poder ejercer la libertad de expresión y de prensa.
“Para que puedan ejercer como en cualquier democracia la crítica, la información diversa y plural; el derecho a investigar, a publicar, a ejercer el papel de perro guardián de control social que tiene la prensa”, recomendó Lanzas desde Washington. “Para eso es necesaria la devolución de los equipos que fueron en su momento arbitrariamente confiscados, establecer las reparaciones adecuadas a este daño que se le ha hecho a estos medios de comunicación”, reiteró.
El director de 100% Noticias informó que en enero de 2020 entablará una demanda contra el Estado de Nicaragua. “Por violentar la propiedad privada, por no darnos un debido proceso, por robo a mano armada… y estaremos demandando por daño y perjuicios (materiales) y morales. Para que la justicia, tarde o temprano, se establezca en Nicaragua, y que ninguna empresa privada o empresario privado o medio de comunicación esté expuesto a este tipo de arbitrariedades”, anunció.
PCIN: “Gesto repudiable”
La nueva organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) también criticó la confiscación de CONFIDENCIAL y 100% Noticias que este diciembre cumple un año. “Es un gesto repudiable, vergonzoso ante el mundo”, comentó Álvaro Navarro, dirigente de PCIN y director del diario digital Artículo 66.
“Daniel Ortega se ha quitado la máscara como dictador. No solamente por la violación de derechos humanos, por la violencia con la que ha atacado a los opositores, sino también por cómo ha obrado contra los medios de comunicación independientes y el periodismo libre”, agregó.
“Sin embargo —sostuvo—, este año de confiscación de estos medios, persecución, amenazas contra el periodismo crítico, también ha sido la oportunidad de mostrar la fibra de la que estamos hechos los periodistas y las periodistas en Nicaragua”.
