ONG clausuradas resisten embestida del régimen en Nicaragua

El régimen las allanó ilegalmente, les canceló arbitrariamente su personería jurídica, las asaltó y confiscó ilícitamente sus bienes y oficinas; sin embargo, ninguno de los atropellos orteguista ha detenido la labor de nueve oenegés nicaragüenses, que desde diciembre de 2018 han resistido las embestidas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Entre el 11 y 13 de diciembre de 2018, la aplanadora orteguista canceló las personerías de: el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp); la organización Hagamos Democracia; el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); la Fundación del Río; el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade); el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco); la Fundación Popol Na; y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.

Días previos, el 29 de noviembre, había hecho lo mismo con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), cuya directora Ana Quirós, fue expulsada a Costa Rica, al poseer la doble nacionalidad nicacostarricense.

Las oenegés se han mantenido activas en el país, algunas con un bajo perfil y otras con acciones más mediáticas, como es el caso del Cenidh. Cuatro directivos de igual número de oenegés afirmaron a CONFIDENCIAL y Esta Noche que se mantienen en funcionamiento y que seguirán en la “lucha”.

Malestar del régimen

“La (falta de) personería jurídica no nos ha quitado el derecho de existir y de seguir trabajando. Estábamos y seguimos comprometidos con la lucha del pueblo por la democracia, la justicia y con la libertad de los presos políticos; todo eso le disgustaba al régimen y por eso arremetió contra esas organizaciones”, dijo al programa Esta Noche, la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, presidenta de la Fundación Popol Na.

Para la socióloga Sofía Montenegro, directora ejecutiva de Cinco, estas nueve oenegés representaban al sector más beligerante de la sociedad civil, pues reúnen a organismos que fiscalizaban los derechos humanos, las elecciones, municipalidades y medios de comunicación.

“Hay otras organizaciones que hacen su trabajo, pero no tienen esta especialidad de fiscalizar al poder”, apostilló la socióloga, en el programa Esta Noche.

Asalto policial y paramilitar

Luciano García, presidente ejecutivo de Hagamos Democracia, reconoció que este primer año no ha sido “fácil”, ya que la crisis política los “ha llevado a trabajar en condiciones de seguridad poco adecuadas y bajo el asedio de la Policía”.

Hagamos Democracia y Cinco son las únicas oenegés a las que el régimen solo les canceló la personería jurídica. La Policía de la dictadura asaltó sin orden judicial, la noche del 13 de diciembre de 2018, las sedes de la Fundación Popol Na; el Ipade; Cenidh; Ieepp; Fundación del Río, Cisas y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.

“Antes ibas a ver a hombres y mujeres, juventud y niñez aprendiendo, bailando, jugando en aquellos corredores, fortaleciendo sus valores, su identidad, el cuido del ambiente y fomentando su empoderamiento. Hoy lo que nos informan que se ve son los paramilitares con sus armas y la ropa tendida”, lamentó Haydée Castillo, presidenta del Instituto de las Segovias.

“Es como una fotografía de lo que es la dictadura. Donde antes se fortalecían los valores ciudadanos, hoy lo que hay son armas, paramilitares y violencia; así va deconstruyendo la cultura de derechos, por otra de la violencia y el terror”, agregó. Esta organización tiene su sede en el pueblo indígena de Mozonte, municipio de Nueva Segovia.

La Policía del régimen confiscó arbitrariamente la sede del Instituto de Liderazgo en las Segovias. Foto: Cortesía.

Asfixia financiera

Los diputados orteguistas y sus aliados cancelaron las personerías jurídicas con el argumento, sin pruebas, de que las oenegés financiaron un supuesto “golpe de Estado” contra la dictadura. Les aplicaron la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero.

“Yo sé que nos llaman terroristas porque como se dice en el lenguaje popular: ‘el que las usa las imagina’. El pueblo sabe que nosotras somos defensoras de derechos humanos porque nadie se los ha contado, sino que lo han vivido junto con nosotros, mientras que el régimen por mucho que se quiera vestir de pacifico, cristiano y solidario, ya todo el mundo sabe que son terroristas de Estado”, manifestó Castillo.

Montenegro señaló que “el argumento del golpe de Estado no se lo ha comprado nadie, ni la población, ni los donantes”, aunque admitió que la acusación del régimen les ha “dificultado” sus posibilidades de funcionar, ya que pone trabas financieras y bancarias.

“Es una manera indirecta también de reprimir, vía asfixia financiera, económica, y persecución con el tema de los impuestos”, subrayó la socióloga.

Sin respuesta de la Corte

Todas las oenegés interpusieron en diciembre pasado e inicios de este año recursos de amparo y de inconstitucionalidad contra la Asamblea Nacional, la Policía del régimen y el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, no han recibido ninguna respuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Baltodano explicó que en el caso de los recursos de amparo fueron admitidos por el Tribunal de Apelaciones de Managua y enviados a la CSJ; los de inconstitucionalidad se tramitaron directamente en la Corte.

“El (pasado) 2 de abril, la Corte Suprema de Justicia nos notificó sobre la admisión del recurso (de inconstitucionalidad). Desde ese momento hasta la fecha se sigue esperando la resolución del recurso, sin que se nos haya notificado algún avance”, mencionó García. Por ley, la CSJ tiene hasta 45 días para emitir un fallo; período de tiempo que ya ha sextuplicado.

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La exguerrillera resaltó que han hecho todo lo jurídicamente posible, además han recurrido a instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). “Las nueve oenegés estuvieron en Ginebra y le presentaron un informe a la Alta Comisionada”.

Castillo aseguró que las oenegés han recurrido al sistema interamericano y universal de derechos humanos, y que van “a seguir hasta recuperar nuestro derecho a defender derechos”.