11 de diciembre 2019
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El reclamo de “libertad para los presos políticos” y la demanda de “justicia sin impunidad” primaron durante el Día Internacional de los Derechos Humanos en Nicaragua, un país donde, denunciaron, el Estado ha violado los derechos más elementales a sus ciudadanos y las denuncias de torturas, tratos crueles y represión contra grupos opositores son parte de la “normalidad” impuesta por el régimen de Daniel Ortega.
La jornada --que incluyó una serie de protestas-- estuvo encabezada por defensores de derechos humanos y el movimiento feminista, quienes aprovecharon para realizar la coreografía viral contra la violencia machista "Un violador en tu camino" frente a decenas de agentes antidisturbios, mientras estos formaban un escudo humano para impedir que los manifestantes salieran a la calle.
Minutos antes de esa danza de protesta, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, advirtió que “la represión que se inició el 18 de abril (del año pasado) continúa no solamente en Managua, continúa cada vez más con nuevas modalidades perversas, con saña, acciones y mensajes cargados de odios, epítetos y calumnias".
Núñez también denunció que el Estado ha reestructurado sus "fuerzas paramilitares y cuerpos de espionaje, que actúan selectivamente e indican a las fuerzas de choque a quien deben atacar". De igual forma, reclamó la liberación de los reos de conciencia con quienes "el régimen se ha ensañado".
La defensora de derechos humanos reconoció que --en este contexto—es “muy poco” lo que puede hacer el Cenidh para ayudar a que las víctimas obtengan la justicia que tanto anhelan, pero aseguró que este organismo “está sentando las bases” para que “un día en Nicaragua se pueda hablar de justicia transicional… porque definitivamente que todo este círculo de la violencia que se está generando aquí es producto de la falta de justicia”, subrayó.
Por su parte, Carlos Tünnermann, quien es miembro honorario de la junta directiva del Cenidh, enfatizó que en Nicaragua "hay una sistemática violación a los derechos humanos" y reclamó "el cese de esa política de represión contra ciudadanos que simplemente están manifestando su inconformidad contra el sistema que se nos ha impuesto".
El Cenidh es una de las nueve Organizaciones No Gubernamentales cuya personería jurídica fue cancelada de forma arbitraria por el Ministerio de Gobernación en diciembre de 2018, sus instalaciones permanecen confiscadas y a pesar de ello continúan acompañando a la población en su demanda de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Torturas y violaciones
Mientras el Cenidh reclamaba justicia para las víctimas de la represión en Nicaragua, a 426 kilómetros, en San José, Costa Rica, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ Impunidad denunciaba que en el último año, en el Sistema Penitenciario Nacional y algunos centros clandestinos, se torturó a los excarcelados políticos, otros fueron violados y fueron interrogados bajo coacción.
Las organizaciones de mujeres han ido a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Carlos Herrera | Confidencial
La denuncia del Colectivo fue realizada durante la presentación del informe Volviendo a ser Humano, un documento que reúne testimonios de 56 víctimas, 48 excarceladas y 8 familiares de estos. Entre los testimonios se destacan cuatro personas que fueron violadas, siete denunciaron haber sufrido abuso sexual y seis fueron amenazados con ser violados ellos o a sus familiares.
El defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, precisó que “los interrogatorios fueron marcados por una desmedida violencia física y saña contra la persona detenida con la intención, más que de investigar, de infringir dolor y sufrimiento. Una práctica sistemática fue que los detenidos eran sacados de sus celdas en horas de la madrugada para someterlos a interrogatorios practicados bajo métodos de torturas”, dijo.
Los miembros del Colectivo lograron determinar que los métodos de tortura más utilizados durante las detenciones fueron: asfixia seca (que consiste en colocar una bolsa plástica en la cabeza), golpizas, patadas, arrancamiento de uñas, torturas con choques eléctricos en clavículas y testículos, uso de pistolas eléctricas, quemaduras (con cigarrillo) en diferentes partes del cuerpo, especialmente en las plantas de los pies y testículos, constantes golpes con objetos contusos en las manos, baños de agua helada y constantes amenazas de muertes hacia el detenido y sus familiares.
“Entre los graves crímenes cometidos lo más horroroso fue la tortura sexual”, señaló Arce. Luego precisó que además de las cuatro personas violadas hubo denuncias de tocamientos, desnudez forzada, amenazas de violación a las víctimas. “La violación sexual que viene de un agente de Estado constituye un acto especialmente grave, reprobable y reprochable, dada la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder, este agente despliega acciones dirigidas a intimidar, a humillar, a castigar a la víctima”, subrayó el defensor.
Un mensaje de terror
Para los miembros del Colectivo Nicaragua Nunca+ las torturas y detenciones arbitrarias cometidas en el último año “tenían como fin enviar un mensaje de terror, para la desmovilización” de quienes protestan contra el régimen. Un análisis en el que coincidió la Comisión Nicaragüense de los Derechos Humanos (CPDH), quienes --de enero a noviembre de 2019-- recibieron 2529 denuncias de violaciones de derechos humanos de quienes reclaman “el derecho a protestar”.
Familiares de las víctimas de la represión del Gobierno continúan demandando justicia. Carlos Herrera | Confidencial
“Pareciera que el Gobierno de turno no conoce la Declaración Universal (de los Derechos Humanos), lo digo porque el derecho a la vida que es uno de los más sagrados y es uno de los que más se afecta (en Nicaragua), el derecho a la libertad, a la movilización, el derecho a la salud, el derecho a la movilización, al trabajo, una serie de violaciones a los derechos constitucionales”, reclamó Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH.
Mientras tanto, Denis Darce, director adjunto de la CPDH, enfatizó que en el último año se aprobaron “leyes que vulneran los derechos humanos” de la ciudadanía, reclamó que continúe “la prohibición y la criminalización del derecho a protestar” y denunció en los últimos meses los manifestantes que han sido detenidos están siendo procesados por delitos de orden común, “delitos que en la sociedad son altamente repudiados”, en un afán de ocultar los casos.
