7 de diciembre 2019
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Diana Lacayo guarda en un baúl las pruebas de la inocencia de Scannierth Merlo, su hijo de 22 años, quien fue condenado por la justicia orteguista a cinco años de prisión por el supuesto delito de robo con fuerza en perjuicio de una CPC de su barrio. Merlo fue capturado el seis de noviembre por paramilitares, y engrosa la lista de al menos 161 reos políticos que la dictadura tiene recluidos en las cárceles de todo el país.
Antes de que estallara la Rebelión de Abril, Merlo estaba dedicado a su trabajo, a su esposa y su hija. Decidió unirse en las protestas pacíficas al observar la violencia con que los policías atacaron las manifestaciones de los estudiantes. Durante siete meses participó activamente en las convocatorias lanzadas en redes sociales para marchar o realizar piquetes exprés. Fue apresado el seis de noviembre de 2018, después de ser secuestrado por grupos paramilitares.
Según la acusación de la Fiscalía, Merlo robó un carnet de militancia del Frente Sandinista a una CPC de su barrio. El juez que estuvo a cargo de su caso fue Edgard Altamirano, conocido por imponer penas de 216 y 210 años de cárcel a los líderes campesinos anticanal Medardo Mairena y Pedro Mena, respectivamente.
“El juez me lo condenó a cinco años. Dijo que solo con la palabra de la víctima era suficiente para condenarlo. No acepto ninguna prueba a favor de él ni una mediación para resolver ese problema que ellos mismos habían ocasionado”, sostiene la madre de Merlo.
Al igual que otros presos políticos, Merlo fue confinado a las celdas del sistema penitenciario La Modelo, en Tipitapa. Su nombre está en la lista conciliada de la Alianza Cívica con el Gobierno, tras los acuerdos del segundo intento de diálogo nacional en marzo pasado y, en teoría, iba a salir junto a los demás reos políticos que estaban detenidos. Sin embargo, no fue liberado.
“Él estaba dentro de la lista, siempre estuvo dentro de la lista. Pero con la muerte de don Eddy Montes, se levantó la mesa de negociación de la Alianza y queda él allá adentro junto con 27 hermanos nicaragüenses que estaban dentro de esa lista”, lamenta la madre de este preso político.
El cambio en los juicios políticos
El proceso judicial de Merlo estuvo plagado de vicios. El juez se “apuró” en condenarlo y admitió el delito por el cual le acusaron a pesar de las múltiples pruebas que la defensa presentó a favor del joven de 22 años.
Lea: Navidad con 565 presos políticos en 2018
Julio Montenegro, abogado del grupo Defensores del Pueblo, explicó que los presos políticos capturados a finales de 2018 y en todo este 2019, están siendo acusados por delitos comunes para restar credibilidad a los familiares de que la justicia orteguista les está deteniendo por haber participado en las protestas en contra del Gobierno.
“La diferencia tiene que ver con la tipificación de los delitos, porque de hecho ninguno de los delitos por los que se les acusa a ellos están establecidos por delitos políticos. Ahora es más complicada la situación, porque antes era mucho más evidente cuando se hablaba de detenciones por estar en los tranques, o gente manifestándose en la calle, gente que llevó comida, que llevó agua, pero ahora estamos hablando de tráfico de drogas, de portación ilegal de armas”, manifestó Montenegro.
El abogado explicó que la decisión de culpar a los manifestantes por delitos comunes tiene que ver con la falta de credibilidad que a nivel internacional tiene el régimen al acusar a los ciudadanos de ser terroristas. “De repente teníamos un montón aquí”, indicó Montenegro, quien insiste en que el aparato judicial de la dictadura pretende ser más “convincente” en los procesos que fabrican contra los manifestantes.
Lo que no ha variado en los procesos judiciales son los vicios e irregularidades que comete la Fiscalía y que permiten los jueces orteguistas. Antes era común que los detenidos pasaran mucho tiempo en prisión antes de ser condenados. Ahora los días o semanas que pasan sin ser llevados a los juzgados es menor.
“Hoy quizás hablamos de días, pero siempre primero se le detiene a la persona y después se dan los hechos o primero se le investiga a la persona y hasta después se crea la causa y se dice que fue en tal fecha”, afirmó Montenegro.
El abogado indicó que otros vicios que se repiten en estos nuevos procesos son los juicios a puertas cerradas. Asimismo, el hecho de que el juez de lugar a todas las pretensiones de la Fiscalía, aunque no estén cimentadas legalmente, mientras las de los abogados defensores no tiene cabida.
La solidaridad de Wilfredo Brenes
El 15 de noviembre, la Policía detuvo a 16 nicaragüenses que llevaron agua a madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre en la iglesia San Miguel, de Masaya. La Fiscalía los acusó por presunto tráfico ilegal de armas, y serán sometidos a un juicio político el 30 de enero de 2020.
Wilfredo Brenes es uno de los 16 detenidos. Al igual que los otros ciudadanos su “delito” fue intentar entregar agua al padre de San Miguel y a las madres de los presos políticos. El hombre originario de Masaya ya había sido capturado en dos ocasiones sin que se le acusara formalmente.
“Wilfredo es un profesional, él es licenciado en derecho internacional. Además de eso es comerciante, él ha buscado como subsistir vendiendo pollo asado. Así mantenía a sus dos padres y a su hija”, afirmó María Montalván, hermana de crianza de Brenes.
La chispa de la protesta en contra del Gobierno encendió mucho antes de la Rebelión de Abril. Según Montalván, su hermano se molestó muchísimo cuando empezó a ver las noticias de desalojos y de represión en contra de los campesinos que protestaban contra de la concesión canalera.
“Cuando vimos a los campesinos que fueron golpeados, que les andaban quitando las tierras, todas esas injusticias que el Gobierno cometía contra ellos, él me dijo que todo eso estaba muy mal y que teníamos que protestar y no dejarlos solos. Después cuando hubo una marcha en Masaya, que fue la primera, que fue el 19 de abril, él decidió apoyar a la población, él era un autoconvocado más”, sostiene.
A diferencia de los 13 ciudadanos que pertenecen a la Unidad Nacional Azul y Blanco, Brenes fue capturado a la medianoche del 15 de noviembre, unas horas después de que la “banda de los aguadores” fuera trasladada a las celdas del nuevo Chipote, en Managua.
Esa noche, Brenes salió de su puesto de venta de pollo asado junto a dos de sus ayudantes. Leyó la noticia de que los suministros de agua y comida estaban acabándose en San Miguel, y junto con sus trabajadores decidieron llevar provisiones a la parroquia.
De acuerdo a la versión de Montalván, Brenes logró pasar dos líneas de seguridad de policías que estaban cercando la parroquia. Cuando estaba a punto de pasar el agua, fue capturado por paramilitares y luego trasladado hacia Managua. Sin estar en el mismo punto y sin conocer a los otros 13 ciudadanos, fue acusado en el mismo caso y señalado de traficar armas ilegalmente.
“Él es inocente, desde un inicio ha sido una persona inocente y todos estos jóvenes son inocentes y hay testigos de cómo fue la movida. Aquí la Policía lo que está haciendo es un montaje junto con la Fiscalía, haciendo acusaciones en contra de personas inocentes que su único delito fue haberse solidarizado y llevar agua a estas personas”, indicó Montalván.
Navidad sin presos políticos
La semana pasada la Unidad Nacional y familiares de los reos políticos lanzaron la campaña “¡Navidad sin ninguna presa, ni preso político!”, por la liberación de al menos 161 detenidos. El anuncio fue realizado en el estacionamiento de un edificio en Managua.
Carlos Herrera
“Nosotros, familiares de presas y presos políticos, denunciamos enérgicamente que al día de hoy más de 161 personas están encarceladas por la dictadura de la familia Ortega Murillo, sufriendo todo tipo de abusos, agresiones y padecimientos que lesionan su integridad y que hacen peligrar su vida”, explicaron en un documento las madres de presas y presos políticos.
La postura de los familiares de los reos políticos es clara: mientras el Gobierno no libere a los más de 161 presos políticos, continuarán las acciones de protesta.
Juan Sebastián Chamorro, miembro del consejo directivo de la Alianza Cívica, indicó que esta organización apoya la campaña realizada por las madres de presos políticos, y agrega que le parece irónico cómo personas que estuvieron presas en los años 70, y por los cuales se lanzó una iniciativa similar, sean los que en la actualidad están acusando a manifestantes.
“Yo tengo la esperanza de que algo se llene de compasión esta dictadura y que piense en las familias, en la importancia de la celebración de las navidades. Hace un año estábamos hablando de Navidad sin presos políticos y la dictadura hizo caso omiso a este llamado. Esta es la segunda temporada navideña que estamos clamando para que no existan presos políticos, esperamos que esta vez hagan caso”, expresó.
Diana Lacayo, madre del preso político Scannierth Merlo, añade que mientras Daniel Ortega no autorice la liberación de sus hijos, las madres continuarán protestando y seguirán siendo noticia a nivel nacional e internacional.
“Pensamos salir a las calles, ahora más que nunca vamos a salir a las calles. Queremos una Navidad sin presos políticos”, agrega Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo, condenado por el supuesto delito de narcotráfico.
