21 de noviembre 2019
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Este jueves se cumple una semana desde que el sacerdote Edwin Román y un grupo de madres de presos políticos permanecen aislados en el templo de San Miguel Arcángel, en Masaya. El cerco policial se ha fortalecido para impedir el ingreso de víveres a la parroquia y la comunicación con las personas atrapadas es más difícil cada día que pasa debido a la falta de fluido eléctrico en la iglesia.
El sacerdote, quien ha dicho que no saldrá de la parroquia sin sus feligreses, continúa denunciando las arbitrariedades en contra de quienes se encuentran atrapados en el templo. Durante la noche de este miércoles la Policía permitió que un grupo de partidarios del Frente Sandinista llegaran hasta el parque que está frente a la parroquia para gritar ofensas y amenazas en contra del religioso y los huelguistas.
La Policía, que tiene acordonado el perímetro de la iglesia San Miguel, también permitió que trabajadores de la empresa distribuidora de energía eléctrica dejaran una factura debajo de una de las puertas del templo, situación que el padre Román consideró una burla puesto que el servicio se encuentra suspendido desde el primer día de la huelga.
Las mujeres que se encuentran en huelga de hambre han presentado debilidad por el ayuno, mientras el sacerdote, quien es diabético, presenta deshidratación y malestares generalizados.
El templo de San Miguel permanece sitiado desde el pasado 14 de noviembre, en una nueva escalada de los fanáticos de la dictadura Ortega-Murillo en contra de la Iglesia, una institución a la que señalan de promover un supuesto golpe de Estado, como le llama el régimen a las protestas de la ciudadanía. Los orteguistas también se tomaron la Catedral de Managua, pero ese templo ya fue recuperado.
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El Cardenal Leopoldo Brenes señaló recientemente que padre Edwin Román ha decidido no salir del templo porque “es su casa” y como párroco “siente un compromiso moral de poder estar ayudando” a quienes están en huelga de hambre y porque considera que “sus demandas son justas”.
Por otro lado, la Fiscalía acusó penalmente a 16 opositores por supuesto transporte ilegal de armas y entre ellos figuran 13 dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco detenidos hace cuatro días cuando intentaban llevar agua a las madres en huelga de hambre en Masaya.
