19 de noviembre 2019
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Con una voluminosa acusación de 11 páginas donde todos los testigos son policías y las pruebas documentales recibos de ocupación, la Fiscalía llevó este lunes a los juzgados a 16 jóvenes opositores acusándolos de Tráfico de Armas. 13 de los 16 fueron apresados el jueves pasado luego que llevaron agua y ayuda humanitaria a las madres que ese día, temprano, se habían declarado en huelga de hambre en Masaya.
La acusación llegó a los juzgados el domingo, pero la audiencia fue realizada hasta este lunes por el juez suplente Cruz Zeledón, que hizo andar de sala en sala a los abogados defensores para poder realizar la audiencia preliminar. La audiencia inicial fue programada para el 28 de noviembre.
Zeledón no permitió que los opositores almorzarán ni que pudieran hablar con sus familiares, según Karla Sequeira, abogada de la rea política Wendy Juárez.
“Dijo que sí iba a permitir que sus familiares los vieran, pero ya al final de la tarde dijo que mejor no, que por orientaciones de Auxilio Judicial iban a poder verlos mañana”, precisó Sequeira.
Los nuevos presos políticos acusados por la dictadura son Amaya Coppens, Jesus Teffel, Ivania Álvarez, Melvin Peralta, Marvin López, María Hurtado, Neyma Hernández, Derlis Hernández, José Medina, Atahualpa Quintero, Wendy Juárez, Olga Valle, Wilfredo Brenes, Roberto Buchting, Jordan Lanzas y Hansell Quintero.
Los jóvenes son acusados tras haber llevado agua a las madres que realizan huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya. Foto del CCC
Los familiares de los presos políticos llegaron muy temprano el lunes a los Juzgados de Managua donde fueron agredidos por antimotines y simpatizantes del Gobierno y pasaron todo el día esperando para ver a los acusados. Esperaron hasta que terminó la audiencia a las cuatro de la tarde y no tuvieron éxitos.
“Nos han golpeado hoy, no importa, los golpes no duelen cuando la moral está alta. La dictadura se equivocó con estos familiares… vamos a seguir adelante y si quieren sacarnos de las calles que nos den a nuestros presos, no nos quieren ver aquí que nos den a nuestros presos”, dijo Wilfredo Álvarez, hermano de Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), descrita en la acusación de la Fiscalía como la líder del grupo.
“No nos van a quebrar, estamos en pie de lucha y vamos a seguir en pie de lucha hasta que esta dictadura caiga porque que cae, cae, se lo juro, se los prometo, no nos van a sacar de las calles”, gritaba Álvarez en medio de los antimotines.
Una acusación para la historia
Antes de que el juez realizara la audiencia, el segundo jefe de Auxilio Judicial, Victoriano Ruiz, dijo en una conferencia de prensa en Plaza El Sol, que a los acusados se les había ocupado 12 bombas molotov, una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12, tres pistolas y cuatro armas de fuego artesanales.
Ruiz dijo que los jóvenes eran terroristas y que pretendían hacer atentados en Masaya, Managua y Chinandega.
“Nos parece ridícula (esa acusación)”, dijo Mario Javier Hurtado, hermano de María Margarita Hurtado, miembro de la UNAB. “Hay videos donde ellos están ofreciendo agua en la iglesia, hay videos donde vienen saliendo de la iglesia y en ningún momento se vieron armas”.
Familiares esperan a las afueras de los juzgados de Managua para recibir información sobre los presos políticos detenidos en Masaya. EFE | Confidencial
“Esto es un acto más de este gran circo que este régimen está montando en Nicaragua. No hallan qué inventar, imagínate el temor que le tienen a un grupo de jóvenes llevando agua a una iglesia, un acto humanitario y los acusan con tremenda ridiculez”, dijo Hurtado.
María Avilés, madre de Wendy Juarez, otra de las jóvenes opositoras apresadas, catalogó de falsa la acusación contra su hija. “El arma que ellos llevaban era una botella de agua…es un Gobierno genocida que ya no haya como acusar a las personas, eso es muy falso”, aseveró.
Jóvenes opositores fueron golpeados pero están bien
La abogada Sequeira dijo que los jóvenes fueron golpeados cuando los detuvieron en Masaya pero que ahora en el nuevo Chipote, no están siendo maltratados.
“Amaya Coppens sí está en una celda de castigo”, dijo Sequeira. Coppens es la estudiante de medicina de la Unan-León de nacionalidad belga y nicaragüense que salió de la cárcel en junio pasado mediante la Ley de Autoamnistía de la dictadura.
La Unidad Azul y Blanco anunció una serie de protestas para exigir la liberación de los presos políticos. Carlos Herrera | Confidencial
La joven, líder estudiantil de León, fue acusada el año pasado de terrorismo por la dictadura. Y ahora está en una celda de castigo porque la dictadura quiere ensañarse con ella, según Sequeira.
Según la acusación, los jóvenes opositores, miembros de la Unab, fueron retenidos el jueves 14 de noviembre a las 11 y 30 de la noche y como se negaron a que revisaran los carros fueron trasladados a Auxilio Judicial donde finalmente encontraron las armas en los vehículos.
