Distribuidora eléctrica con pérdidas millonarias, pese a protección oficial

El lucrativo negocio energético del régimen orteguista cambió su modus operandi en enero de 2019. A finales de ese mes, Estados Unidos sancionó a Albanisa, que desde entonces ha tenido problemas para importar petróleo, comprar repuestos, darles mantenimiento a las plantas generadoras, y sobre todo recibir pagos de las distribuidoras eléctricas.

A través de una orden ejecutiva, Estados Unidos prohibió “cualquier transacción o trato con Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) o cualquier entidad en que Albanisa posee, directa o indirectamente, un interés del 50% o más”, entre las que se incluye la empresa Alba Generación.

Fuentes del sector energético nicaragüense afirmaron a CONFIDENCIAL que las distribuidoras de energía Disnorte-Dissur han suspendido los pagos a Albanisa, por temor a ser sancionados.

Ver primera entrega: Alba Generación: el negocio voraz de Daniel Ortega.

La distribuidora ya le debe al menos 220 millones de dólares a Albanisa, según una fuente de la industria.

César Zamora Hinojos, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), confirmó que la distribuidora no le paga a Albanisa por el tema de las sanciones, e igualmente “ningún” generador hace negocios con el conglomerado del régimen.

“Si ellos (Albanisa) toman de nuestra energía no se las podemos cobrar, y si nosotros tomamos de su energía no se las podemos pagar”, subrayó Zamora, quien añadió: “Si hacemos un intercambio de energía, el cobro lo ponemos en una caja negra, que no se puede tocar”.

Evitan exponer a distribuidora

Las fuentes explicaron que el régimen ha decidido no exponer a sanciones a Disnorte-Dissur, en la que oficialmente tienen un 16% de las acciones. El 84% restante pertenece al consorcio TSK-Melfosur, que no posee ningún antecedente internacional en el área de la distribución eléctrica.

A inicios de 2013, las hasta entonces poco conocidas empresas TSK y Melfosur, constituyeron el consorcio TMI, para negociar la adquisición de la participación accionaria de Gas Natural Fenosa, en ambas empresas distribuidoras de electricidad.

Los costos de la energía en Nicaragua ya no sean auditables. // Foto: Agencias

Según se dio a conocer en febrero de 2013, la transacción se cerró después de seis semanas de negociación, a cambio de un pago de 57.8 millones de dólares. Además, se sumó el compromiso de que el nuevo dueño asumiría las deudas de la empresa —calculadas en unos 85 millones de dólares—. El acreedor principal era Albanisa, bajo la dirección del ahora sancionado Francisco López, tesorero del Frente Sandinista.

TSK y Melfosur eran empresas especializadas en diseño y construcción de instalaciones eléctricas, pero al momento de la transacción no tenían experiencia en distribución de energía, ni recursos propios para financiar una inversión de gran envergadura, y fueron provistos por la entonces todopoderosa Albanisa, que pasó así a ser juez y parte en el sistema eléctrico nacional.

Fondos para programas

Fuentes ligadas al sector energético indicaron que el régimen ha decidido enfocar sus intereses en la distribuidora, que le ofrece ingresos mensuales y seguros. Fondos que han comenzado a utilizar públicamente para proyectos sociales de la dictadura.

“Oficialmente la distribuidora ni siquiera es del Estado, es una compañía privada o semiprivada, pero eso no los ha detenido para sacarle plata para el clientelismo político”, manifestó una fuente, que evitó dar su nombre para no enfrentar represalias.

Disnorte-Dissur dará unos 7.9 millones de córdobas a la Alcaldía de Managua, para continuar con el programa de lotes Bismarck Martínez, llamado así en honor a un extrabajador de la comuna, presuntamente secuestrado y asesinado en Jinotepe, Carazo, por ciudadanos autoconvocados, durante el levantamiento cívico-popular de 2018.

Nicaragua tiene uno de los costos más alto de la energía eléctrica en Centroamérica. Carlos Herrera/Confidencial

Urgencia de dinero

Las fuentes mencionaron también que la urgencia de dinero para la distribuidora estaría detrás los recientes cambios en la Ley de Estabilidad Energética, que permiten a Disnorte-Dissur enjuiciar y embargar a los clientes en mora que consumen más de 300 kilovatios horas al mes.

Los diputados oficialistas han justificado la reforma en la necesidad de dar estabilidad al sistema energético, ya que la mora de unos 16 000 clientes pone en peligro las finanzas de la distribuidora. Con la medida esperan recuperar unos 106 millones de dólares en facturas vencidas.

La reforma incluye también sanciones a quienes instalen el servicio por su cuenta o alteren la medición del consumo real, quienes vendan energía a terceros o manipulen los medidores. Además, autoriza a la distribuidora a realizar mediciones fuera de horas laborales.

Crecen pérdidas con distribuidora

Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, señaló que desde 2012 —cuando Disnorte-Dissur asumió la generación— las pérdidas han incrementado. En la actualidad superan los dos dígitos, un 23%, cuando en el resto de Centroamérica —a excepción de Honduras— es de un dígito.

Datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) muestran que en 2012 las pérdidas eran de unos 4 130 millones de córdobas, para 2018 esa cifra superaba los 5 412 millones de córdobas.

La experta explicó que del 23%, un 8% corresponden a pérdidas técnicas, por fallas en la red de transmisión y distribución; mientras el otro 15% se deben al robo, fraude y hurto de parte de consumidores, y también a ineficiencias administrativas de la empresa (clientes sin medidores, consumo estimado y transformadores subutilizados).

Carlos Herrera | Confidencial

El mayor porcentaje de estas pérdidas son asumidas por los consumidores en la tarifa. Los usuarios pagan un 14% de esas pérdidas, y el restante lo asume la distribuidora.

Rodríguez apuntó que los usuarios deberían asumir solo un 10% de las pérdidas. Con el régimen en el poder, lo más bajo que han pagado es un 11%, pero luego la dictadura decidió subirlo al 14% actual.

“Por cada punto adicional son seis millones de dólares anuales, si tenemos tres puntos de más, estamos hablando de casi 20 millones de dólares anuales”, subrayó la experta.

Alzas indebidas

En un artículo enviado a CONFIDENCIAL, el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, revela que entre 2018 y 2019, el INE ha autorizado un incremento tarifario del 25%, basado en costos energéticos que no son “reales”.

“En 2018, la tarifa residencial subió acumulativamente 4.56%, por una indexación mensual de 0.415%. Para enero de 2019, sin embargo, experimentó, en un solo mes, un alza de 3.28% respecto a diciembre de 2018”, detalló el experto.

El ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas. Carlos Herrera | Confidencial

Ese incremento de enero, prosiguió, es “equivalente al 72% del alza que experimentó a lo largo del año”, a pesar que el bunker pasó de 72 dólares por barril, en octubre 2018, a 56 dólares en diciembre y a 53 dólares en enero 2019.

“El incremento de ingresos por alza indebida de la tarifa, al aplicarle una indexación constante mensual antojadiza, llega a 120 millones de dólares anuales para el total de energía vendida por las dos distribuidoras. Es mucha plata sustraída a los consumidores”, subrayó.

Obligados a cambiar de comprador de fuel oil

Sanciones obligan a que generadoras compren directamente sus importaciones

Las sanciones estadounidenses a Albanisa han trastocado el funcionamiento del mercado energético. Uno de los primeros cambios fue la importación de fuel oil. El régimen compra ahora ese derivado del petróleo a través de Petronic, principalmente del mercado ecuatoriano, que según fuentes del sector no es de buena calidad.

“El hecho de que la refinería haya dejado de producir fuel oil y que Nicaragua tenga que importar el 100%, agrega un alto nivel de riesgo al sistema, ya que la capacidad de almacenamiento es limitada. Cualquier demora en la llegada de los barcos pone en riesgo el suministro”, alertó una de las fuentes del sector.

Gasolinera. Foto: Agencia | Confidencial

Datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) muestran que el año pasado Albanisa importó más un millón de barriles de fuel oil; la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) unos 30 000 barriles y la Puma Energy más de 15 900 barriles.

Para este año, Albanisa no ha hecho ninguna importación de fuel oil; Petronic ha traído unos 489 000 barriles y la Puma más de 464 000, según el MEM.

Otra dificultad respecto al tema es que el combustible comprado es de “mala calidad”, lo que causa “graves daños a sus máquinas” y “pone en riesgo parte de su capacidad instalada".

César Zamora Hinojos, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), confirmó que el combustible importado no “era de óptima calidad”, aunque las generadoras privadas —Corinto y Tipitapa— lograron importar el mes pasado de California, Estados Unidos.

Ante las sanciones, el régimen reformó en mayo pasado la Ley de Suministro de Hidrocarburos, para permitir que las generadoras compren directamente sus importaciones. Antes la Puma Energy era las que les suministraba el combustible para generar la energía.

Canibalizan motores de las plantas

Los generadores y otras maquinarias se han deteriorado porque no las pueden reparar

Generar lo menos posible y “canibalizar” motores son las dos medidas que han implementado en Alba Generación para contrarrestar la imposibilidad de comprar repuestos y dar un adecuado mantenimiento a las plantas. La importación de piezas se hacía a través de Albanisa, pero por las sanciones estadounidenses ya no puede comprar.

Fuentes del sector aseguraron que los generadores y otras maquinarias se han deteriorado porque no las pueden reparar. “A los motores ya desgastados, les sacan las piezas para usarlos en los que quedan”, dijo una de las fuentes.

Así, las plantas Che Guevara y Hugo Chávez “solo atrasan lo inevitable”, dado que están más “viejas” y no se les puede dar un mantenimiento adecuado. “Por más que fundan a las plantas privadas, esas plantas (de Alba Generación) están destinadas a destruirse entre ellas mismas”.

El ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas no descarta que el régimen intente usar a países aliados como Rusia e Irán para “triangular” la compra de repuestos. Sin embargo, una de las fuentes indicó que eso no serviría para la planta MAN, que es de fabricación alemana. “Dudo que los alemanes se presten a triangular repuestos”, mencionó.

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