18 de noviembre 2019
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La dictadura Ortega-Murillo ha desatado una escalada indiscriminada de amenazas, supuestamente como reacción a lo ocurrido en Bolivia y como un acto de solidaridad con el depuesto expresidente Evo Morales. El propio Daniel Ortega alegó que después de la caída de Morales en Bolivia, ha quedado descartada la vía electoral para acceder al poder y ahora se justifica el uso de las armas.
En realidad, Ortega nunca ha creído en la democracia, y solamente ha considerado la vía electoral como una escalera para llegar al poder, y tampoco ha descartado antes el uso de la violencia política para reprimir y aplastar al pueblo. Precisamente, porque no cree en la democracia como rendición de cuentas corrompió la justicia y el sistema electoral e impuso el fraude electoral para consolidarse en el poder, y cuando enfrentó el desafío de una oposición masiva en abril 2018 la reprimió a sangre y fuego, creando un ejército paramilitar irregular. Y eso no tiene ninguna relación con la crisis de Bolivia ni con la salida del poder de Evo Morales.
Lo que ocurrió en Bolivia, que ha provocado nerviosismo en el Búnker de Ortega y Murillo, es la decisión de la Policía en ese país de rehusarse a reprimir a los manifestantes. En Bolivia, la Policía se sumó a las protestas de los manifestantes, mientras que el Ejército le dio la espalda a Evo Morales y forzó su salida del poder.
De manera que las amenazas delirantes de Ortega y Murillo y sus llamados a la violencia, no solo están dirigidas contra los ciudadanos que protestan cívicamente en Nicaragua, sean estudiantes, mujeres, o miembros del movimiento azul y blanco; o sean sacerdotes, campesinos, empresarios, productores, o comerciantes, sino que también apuntan contra la oficialidad de la Policía y el Ejército. Una institución policial que ha sufrido centenares de deserciones, porque muchos de sus integrantes ya se han negado a reprimir, y una institución militar que ya ha sido sometida a una purga sistemática, separando a los oficiales profesionales que se rehúsan a someterse a un esquema de control partidario y familiar.
Para justificar el uso de la violencia y desviar la atención sobre el colapso económico y social de su régimen, Ortega está fabricando un clima bélico, alimentado por el discurso de odio. Pero al mismo tiempo, no puede ocultar que su política de estado de sitio de facto impuesta desde hace más de un año, ha fracasado de forma rotunda, porque en Nicaragua no hay una guerra civil, sino un Estado represivo contra la población que no ha podido doblegar la protesta cívica
El estado de excepción facto ha fracasado porque el régimen no puede derrotar con armas y policías, la resistencia moral del sacerdote Edwin Román en Masaya, y de diez madres de los presos políticos que se declararon en huelga de hambre en su iglesia.
El estado policíaco está siendo derrotado, desde el momento en que el régimen ordena capturar a 13 activistas de la UNAB y expresos políticos que en un acto de solidaridad le llevaron agua a las madres de los presos, que están ayunando en una iglesia sitiada por el cerco policial. Y ahora resulta que llevarles agua a las madres de los reos de conciencia es un crimen, un delito de relevancia nacional, inventado por el Ministerio Público para criminalizar la solidaridad.
El estado de excepción de facto está fracasando, porque Ortega ha provocado tres años de recesión económica consecutiva, con la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo, y el empobrecimiento de más de dos millones de personas. Y bajo este régimen policíaco, con la responsabilidad sobre centenares de asesinatos cuyas familias demandan justicia, y con decenas de miles de ciudadanos en el exilio, Ortega vocifera amenaza, ordena y manda, pero ya no gobierna. Ha sepultado la mínima confianza que aun tenía entre algunos grandes empresarios, y ahora todo el país está demandando la suspensión inmediata del estado de sitio de facto, para despejar el camino hacia una reforma electoral y elecciones anticipadas.
La suspensión del estado policial, el restablecimiento de todas las libertades democráticas, el desmantelamiento de las bandas paramilitares irregulares, y el regreso a Nicaragua de los orgamismos internacionales de derechos humanos —CIDH, OACNUD y GIEI—, es lo único que puede encauzar a Nicaragua hacia una salida política y constitucional, a través de una reforma electoral que debe negociarse, con o sin Ortega y Murillo, para conducir a elecciones libres. Mientras tanto, Ortega podrá seguir exacerbando el clima de intimidación y mantener por un tiempo la agonía del régimen, pero a la postre le está dejando claro a todo el mundo, incluso a los partidarios del Frente Sandinista y a los empleados públicos, civiles y militares, que su tiempo político ya caducó, y no le puede ofrecer al país una solución nacional.
