17 de noviembre 2019
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La Fiscalía del régimen acusó este domingo de delitos graves a los 16 jóvenes detenidos el jueves pasado, por llevar agua y medicinas a las madres de unos presos políticos. Las mujeres, en huelga de hambre, están retenidas ilegalmente junto al sacerdote Edwin Román y otras tres personas, en el interior de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.
Entre los acusados se encuentran presas políticas excarceladas y defensoras de los derechos humanos como Amaya Coppens Zamora; Neyma Hernández Ruiz; Ivania Álvarez Martínez; Wendy Juárez Avíles; Olga Valle López, Olama Hurtado Chamorro, José Medina, Hánzel Quintero Gómez, Atahualpa Quintero Morán, Jesús Téfel Amador, Roberto Buchting Miranda, Melvin Peralta Centeno, Derlis Hernández Flores, Marvin López Ñamendiz, Wilfredo Brenes Domínguez, Jordan Lanza Herrera. Trece de los jóvenes son miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Una fuente de los juzgados indicó a CONFIDENCIAL que los jóvenes fueron acusados de delitos relacionados con armas de fuego, que conllevan condenas arriba de los cinco años de prisión.
En juzgado de distrito
Las acusaciones fueron remitidas al Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Managua, a cargo del juez Julio César Arias Roque. En los Juzgados de Distrito se atienden los casos de delitos graves, que acarrean condenas de entre cinco y 30 años de cárcel.
La fuente explicó que al acusarlos de delitos graves se elimina la posibilidad de que los jóvenes gocen del beneficio de casa por cárcel, mientras enfrentan el proceso. Además, los acusados no podrán optar a una suspensión de pena.
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“Acusarlos en un distrito local significaría que los delitos no son tan graves, y que las penas no superan los cinco años. Pero como fue en un juzgado de distrito el panorama es mucho más grave para los jóvenes”, explicó la fuente.
Fabricar delitos
Una investigación de CONFIDENCIAL reveló que dentro de la Fiscalía funciona una unidad —integrada por los funcionarios más fieles al régimen orteguista— destinada específicamente a fabricar los casos y acusaciones contra los presos políticos.
Abogados y defensores de derechos humanos temen que la Policía nacional haya “implantado” armas en los vehículos que se trasladaban los jóvenes, al momento de la detención, ocurrida a pocas cuadras de la iglesia San Miguel Arcángel.
El grupo de jóvenes entregó el agua embotellada y las medicinas a las madres, y luego se montaron a los vehículos y salieron rumbo a Managua, pero a unas tres cuadras fueron interceptados por patrullas policiales. Los detenidos fueron trasladados hasta el nuevo Chipote, en la capital, donde no han podido ser visto por familiares o abogados.
