15 de noviembre 2019
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La Policía de Nicaragua mantiene encerrado a un párroco con mal crónico en su propio templo, en cuyo interior 11 mujeres realizan huelga de hambre, en protesta por la liberación de sus hijos, considerados presos políticos.
El padre Edwin Román, quien sufre diabetes crónica y necesita sus medicamentos y alimentos, cumplió este viernes 24 horas sin poder salir de su parroquia, en la ciudad de Masaya, debido a que el templo, al que el Gobierno cortó el suministro de agua y luz, se encuentra sitiado por la Policía Nacional.
“Estamos de rehenes, yo no puedo ni salir para mi comida, necesito mis medicamentos, yo soy un hombre diabético”, gritó a periodistas el sacerdote, entre las rejas de una de las ventanas de la parroquia.
La policía nicaragüense mantiene un cerco de hasta 300 metros a la redonda del templo católico, donde se encuentra el padre con 10 madres de presos políticos y una opositora en huelga de hambre, dos opositores excarcelados y un empleado del templo.
La policía impidió a una cuadra de la Parroquia San Miguel de Masaya que varios sacerdotes de las distintas Zonas de Managua, pudieran llegar hasta el templo y mostrar su cercanía y fraternidad sacerdotal con el P. @EdwingRoman14. ¡Vergonzoso! pic.twitter.com/cIbd3gMSXw
— Silvio José Báez (@silviojbaez) November 15, 2019
Ataques a periodistas
Un grupo de trece personas que intentó llevar agua a la parroquia fue capturado por la Policía y trasladado a la cárcel “El Chipote”, en Managua, denunciada como centro de torturas del Gobierno que preside Daniel Ortega.
La Policía también bloqueó el paso en la carretera a representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que se dirigían de Managua a Masaya a conocer la situación en la parroquia.
Efectivos policiales también rodearon las sedes de la Radio Corporación y Canal 10, dos de los medios independientes con mayor audiencia en Nicaragua.
Los agentes no impidieron que un civil arrebatara y rompiera el móvil desde el que una periodista del diario La Prensa, también independiente, transmitía las declaraciones del padre Román.
A vista y paciencia de la Policía, un turbero orteguista arrebató y destruyó el celular a la periodista de @laprensa @Lidia_LopezB mientras daba cobertura a lo que se está viviendo en Masaya. @Articulo66Nica pic.twitter.com/sFUYfuOsPU
— Geovanny Shiffman (@geovannyshiffma) November 15, 2019
Cardenal y clero se pronuncian
El cardenal Leopoldo Brenes y el clero arquidiocesano de Managua, que abarca a Masaya, emitieron un comunicado en el condenaron y lamentaron “el asedio e intimidación” que sufre el padre Edwin Román y fieles, por la Policía Nacional.
El clero también llamó a las autoridades policiales “a respetar la libre movilización según el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua y el ejercicio de la libertad religiosa que: ‘es fundamento y garantía de todas las demás libertades de las personas y de los pueblos’”.
En nombre de las madres que estan dentro de la Parroquia y el mio agradecemos a su Eminencia Cardenal Brenes su cercanía y oraciones.Igualmente a su Excelencia Mons Baez y hermanos sacerdotes. pic.twitter.com/MkO9FUUyIL
— Edwing Román (@EdwingRoman14) November 15, 2019
La Arquidiócesis de Managua manifestó “su total respaldo a la labor humanitaria, propia de la Iglesia y que han venido realizando el Padre Edwin Román y demás sacerdotes desde que se generó la crisis social y política en abril del 2018”.
Régimen contra curas
Las acciones humanitarias de la Iglesia Católica han causado molestias en el Gobierno del presidente Ortega, quien sostiene que los sacerdotes nicaragüenses son “golpistas”.
En medio de la crisis, la mayoría de párrocos y obispos de Nicaragua han abierto sus puertas a manifestantes antigubernamentales perseguidos por policías y paramilitares, con lo que han salvado cientos de vidas en casi 19 meses.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó el sitio policial, ha informado de al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, aunque organizaciones locales cuentan hasta 651, mientras el Gobierno admite 200 y alega defenderse de un supuesto intento de “golpe de Estado”.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de la violencia, y lo ha responsabilizado por crímenes “de lesa humanidad”, referencias en las que ha coincidido la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
