13 de noviembre 2019
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La Organización de Estados de Americanos (OEA) se dividió este martes entre aquellos países, liderados por EE.UU., que piden pasar página en la crisis en Bolivia, y los que reclaman al organismo una condena contundente al “golpe de Estado” que forzó la renuncia de Evo Morales.
La sesión extraordinaria convocada por el organismo se convirtió en un cruce de reproches y declaraciones grandilocuentes, en los que los Estados reiteraron sus posiciones, pero no llegaron a aprobar ningún documento vinculante que exprese la postura mayoritaria del bloque hemisférico.
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Al contrario, la división evitó llegar a acuerdos. Por un lado, 15 de los 34 países que son miembros activos de la OEA pidieron la convocatoria de elecciones en Bolivia “lo más pronto posible”; y, por otro lado, México, Uruguay y Nicaragua alertaron del peligroso precedente que puede suponer un “golpe de Estado” contra Morales.
Entretanto, diez países caribeños — Santa Lucía, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Trinidad y Tobago— reiteraron su respaldo a los principios de “no intervención”, pero no llegaron a hablar de una asonada contra el líder indígena.
Almagro: Evo dio el “golpe de Estado”
La representante de Bolivia, Tania Paz, criticó el papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Paz ocupó el asiento del Consejo destinado a Bolivia después de que presentara su renuncia “irrevocable” el hasta hoy mismo embajador del país andino ante la organización, José Alberto Gonzales, en el cargo desde septiembre de 2018 y que no ha ofrecido detalles sobre las razones de su salida.
Almagro protagonizó uno de los momentos más tensos del Consejo Permanente cuando consideró que quien cometió un “golpe de Estado” en Bolivia fue Morales, al que acusó de haber tratado de “robar” las elecciones del 20 de octubre, en las que fue declarado vencedor en primera vuelta.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, durante al sesión sobre Bolivia. Foto: EFE
“La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral, la OEA no dio un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección declarando un triunfo en primera vuelta”, aseveró Almagro, un fiero crítico del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Estas declaraciones suponen un cambio de postura de Almagro, que hasta ahora había evitado criticar abiertamente a Morales por las elecciones y que había apoyado su derecho a la reelección, a pesar de que el líder indígena perdió en 2016 un referéndum para optar a un cuarto mandato, algo que finalmente logró hacer tras recibir el respaldo del Tribunal Constitucional de Bolivia.
El grupo de los 15
Un grupo de 15 países presentaron una declaración, una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la OEA, con la que hicieron un llamado “para que la definición de la Presidencia provisional se efectúe urgentemente” y para que “se dé inicio al proceso de convocatoria a elecciones lo más pronto posible”.
Las 15 naciones que suscribieron esa iniciativa son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, país este último representado por los delegados del líder opositor Juan Guaidó.
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Todos ellos reconocieron el trabajo “profesional” de los expertos electorales de la OEA, que hicieron una auditoría de los resultados del 20 de octubre y detectaron irregularidades “muy graves”. Entre ellas, una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.
“Rechazamos la declaración ridícula de que la invalidación de unos resultados electorales fraudulentos es de alguna forma un golpe”, expresó el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, en respuesta a quienes responsabilizan al bloque hemisférico de la debacle en Bolivia.
México defiende a Morales
Frente a las críticas a Morales, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, abanderó la posición contraria y expresó su consternación por lo que consideró un “serio quebrantamiento de orden constitucional a través de un golpe de Estado”.
“Deben quedar atrás los días los días dolorosos donde las Fuerzas Armadas sostenían y deponían gobierno”, señaló Baños, cuyo Gobierno ha ofrecido asilo a Morales, que ya está en México.
El embajador de Uruguay, Hugo Cayrus Maurin, respaldó los argumentos de México y consideró que lo ocurrido en Bolivia fue “un golpe de Estado cívico, político y militar”.
Nicaragua y Antigua y Barbuda también se unieron a México y Uruguay al señalar a las Fuerzas Armadas como responsables de una “ruptura” del orden constitucional en Bolivia.
La senadora opositora Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia. Foto: EFE
Senadora, presidenta interina
La senadora opositora Jeanine Áñez es desde este martes la presidenta interina de Bolivia. La política, originaria de la región amazónica de Beni, llega al poder de forma provisional en un país convulso, con los militares en las calles, ocho muertos y cerca de quinientos heridos desde las fallidas elecciones del 20 de octubre, en una de las peores crisis de la historia reciente de Bolivia.
Ni siquiera estaba claro que el Parlamento boliviano pudiera reunirse, máxime teniendo en cuenta la mayoría de dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
Pero esta abogada de 52 años activó el mecanismo sucesorio que dejó roto el oficialismo, puesto que con Morales habían renunciado todos los que constitucionalmente podían sucederle.
De ser segunda vicepresidenta del Senado pasó a presidir la cámara y así acceder a la vía sucesoria. La Constitución que Evo Morales promulgó en 2009 establece que el presidente del Senado es el segundo en la línea de sucesión, tras el vicepresidente del país.
La parlamentaria, que lleva en política desde 2010, pertenece a Unión Demócrata, un partido con solo nueve de los 36 senadores, pero en pocos minutos se presentó en la Asamblea, que aglutina a Senado y Congreso, y sin apenas capacidad de reacción se hizo de forma interina con la jefatura de Estado.
