9 de noviembre 2019
AA
Share
El lunes 10 de junio, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua publicó la lista de los primeros 50 presos políticos que serían liberados con la Ley de Amnistía aprobada por el parlamento dos días antes. De algún modo, en este grupo, como queriendo pasar desapercibido, y aprovechando el momento político, la red de influencias del sandinismo coló entre los manifestantes beneficiados a tres delincuentes comunes que no habían pasado ni tres años de condena.
Los liberados eran Santos Julián Morales Calero, quien el 5 de octubre de 2018, había sido detenido junto con otro hombre, cerca de la frontera con Honduras, transportando US$378 040 ocultos en compartimentos secretos de una camioneta; Helder Rafael Calero Palma, fue apenas capturado el 15 de marzo de este año en una comunidad de San Juan del Sur, con otros tres cómplices que llevaban US$57 600 que contenían residuos de cocaína; mientras a Álvaro Ernesto Hernández, la Policía le allanó su vivienda en el barrio Bello Aurora de Managua, donde incautaron 38 tacos de marihuana, en febrero de 2017.
Sin embargo, hay pocas posibilidades que alegaciones de corrupción contra funcionarios del Poder Judicial lleguen a ser investigadas o terminen en un enjuiciamiento, los casos contra funcionarios son raros, según el reporte Freedom in the World 2019 de la organización Freedom House.
El sistema de justicia como otras instituciones públicas están generalmente subyugadas al presidente Daniel Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, determina el estudio.
Por otra parte, el Business Anticorruption Portal cita algunos puntos que resumen los principales hallazgos de las más recientes encuestas y estudios sobre la degradación judicial en Nicaragua:
Los dudosos vínculos de los magistrados
Los escándalos del Poder Judicial son amplios e involucran incluso a los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde el caso de Róger Camilo Argüello, implicado en el robo de US$600 000 de una cuenta del Poder Judicial, incautados al narco colombiano Luis González Largo, hasta el arresto del año pasado de un hijo del judicial de la Suprema Francisco Rosales Argüello, en Costa Rica, mientras comía en un restaurante con Juan Pereira Ramos, requerido por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes. Aunque David Salomón Rosales fue liberado sin cargos en menos de 24 horas, el nexo da lugar a todo tipo de especulaciones.
Como un paréntesis, en el caso de González Largo, la actual jueza suplente del tribunal de Distrito de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Matagalpa, Lenina Cerna González, sobrina del exjefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna, gestionó su libertad en septiembre de 2005.
El magistrado Marvin Aguilar García también está empañado por su sobrino José Antonio García Aguilar, encontrado in fraganti con un cargamento de cocaína en la frontera sur en 2014, fue vinculado a una red dirigida por el excandidato a alcalde y exconcejal liberal de Cárdenas, departamento de Rivas, Nelson Santos Espinoza Guido, y condenado a prisión por los delitos de crimen organizado, transporte internacional de drogas, y tenencia y uso de armas restringidas, también fueron enjuiciados con él otros siete hombres.
Un dato llamativo es que la jueza suplente de Audiencias de Rivas que admitió la acusación contra la banda de Cárdenas era Lucía Flores Centeno, hija de la magistrada de la CSJ, Yadira Centeno.
García recibió casa por cárcel en 2015 por resolución del Tribunal de Apelaciones de Granada, siendo la segunda vez que esta corte actuaba a favor de él, pues en 2011 había mandado a Ponciano Tiberino como juez ejecutor al Distrito Penal de Audiencias de Rivas, a cargo de Diógenes Dávila, donde el sobrino del magistrado era acusado como parte de una red de robo y tráfico ilegal de vehículos. El enviado descubrió “un error” en el proceso: faltaba la acusación certificada de la Fiscalía en el expediente, por lo cual el implicado tuvo que ser liberado.
La protección de la pareja presidencial
El jurista y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, sostiene que escándalos que podrían causar despidos, renuncia o investigaciones en otros países, en Nicaragua “se revierten con el escudo de protección de la pareja presidencial (Daniel Ortega y Rosario Murillo), “si sos fiel tenés garantizada la protección, (y esto es) algo que opera en todos los niveles”.
Ese sentimiento de impunidad es propio de un sistema totalitario”, sostiene, particularmente porque no se paga un costo político, el cual se cobraría en los siguientes comicios, “pero si controlás las elecciones, qué temor vas a tener al costo político, si vos vas a asignar los votos.
Por su parte, el exprocurador General de la República de 2004 a 2007, Alberto Novoa, cree que “los escándalos en Nicaragua son mayúsculos porque involucran a las principales figuras nacionales, (por tanto) algo pequeño de un magistrado (de la CSJ) o de apelaciones no causa estragos”.
Novoa explica que a pesar del marco jurídico que permite que el Poder Judicial trabaje formalmente, con regulaciones y controles, el funcionamiento y el cumplimiento de sus postulados de imparcialidad, objetividad, apego a la ley, interpretación de la ley y su rubricación, no son posibles porque no es una institución autónoma, por eso, “no tiene razón de ser porque para poder cumplir la ley requiere independencia”.
El mismo exmagistrado Rafael Solís, al hacer pública su carta de renuncia en enero de 2019, señala que Nicaragua vive “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial, al que yo pertenezco, reducido a su más mínima expresión”.
La captura de la Corte
La Constitución marcadamente presidencialista de 1987, le permite negociar más puestos en las instituciones estatales a Violeta Barrios cuando llega al poder en 1990. Sin embargo, el exprocurador Novoa, advierte que en este pacto de transición les otorgaron cargos a aliados de la presidenta, incluso en el sistema judicial donde ella nombra algunos magistrados en la Corte, tribunales de apelaciones y jueces, pero bajo la condición de Humberto Ortega de sostener las estructuras del ejército y la policía.
La primera de seis reformas a la carta magna fue en 1995, esta amplió las atribuciones de la CSJ y establecía que cualquier diputado podía hacer ternas para las magistraturas, lo que anteriormente era una decisión exclusiva del presidente. Estas reformas entraron en vigencia en el periodo de Arnoldo Alemán.
Los diputados sandinistas renovadores y una parte de parlamentarios electos con la Unión Nacional Opositora, habían dejado en las reformas de 1995 un supuesto candado para evitar que la Corte y otras instituciones, así como la misma carta magna, perdiera independencia o cambiaran con un nuevo Gobierno, así que incrementaron la mayoría calificada a 60%, al final, lo que dejaron fue a la minoría sandinista con amplio poder de veto y Alemán se vio tentado a pactar con Ortega para repartirse las instituciones desde la Asamblea Nacional.
Cuando Arnoldo Alemán asume la Presidencia de la República en 1997 la Corte tiene 8 magistrados no sandinista y 4 sandinistas. Sin embargo, solo uno era del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), su organización política, Guillermo Vargas Sandino, quien a pesar de todo trataba de mostrarse independiente y crítico de la corrupción judicial, como manifestó el embajador estadounidense Paul Trivelli al Departamento de Estado en 2006, según los cables diplomáticos revelados por Wikileaks entre 2010 y 2011.
Parte del pacto de 1998 entre Alemán y Ortega fue el pastel de la CSJ, primero ocuparon cuatro cargos nuevos, que se convirtieron dos o tres años después, a medida que se van venciendo los nombramientos, en ocho magistrados por cada partido, desde esa división los sandinistas trabajan para crear su mayoría llegando a acaparar las cortes de apelación y juzgados, así como el personal administrativo.
Pallais advierte que el FSLN mantuvo una sistemática captación de opositores ofreciendo protección y estabilidad, las deserciones se dieron para preservar el cargo.
Se van cooptando a funcionarios de diferentes niveles, de su cuota de 50%, los sandinistas van ampliando su influencia mediante la inclusión partidaria, llegando a ser actualmente el 90% del Poder Judicial cuadros del FSLN, con comisarios que resuelven los juicios en base a decisiones políticas, sostiene el jurista.
El caso del expresidente Arnoldo Alemán
Un momento crucial para la captura del Poder Judicial se da cuando Alemán es acusado por corrupción. Daniel Ortega ya tiene ocupados puestos claves y se aprovecha la debilidad de los liberales para sacarles favores. El PLC cedió poder para salvar al caudillo, de tal forma que llegando a las elecciones en 2006 y perdiendo, las cuotas fueron disminuyendo.
Durante su condena, el expresidente liberal pasó seis meses en la Sala J del Hospital Militar y cuando el sistema penitenciario, administrado por el entonces presidente Enrique Bolaños, mandó a quitarle el celular, la jueza Juana Méndez llegó personalmente a entregárselo, recuerda Novoa. Méndez es ahora magistrada de la Corte Suprema.
Por otra parte, la CSJ se convirtió en la punta de lanza para atacar al Parlamento donde por cuatro periodos los sandinistas no tuvieron oportunidad de hacer mayoría.
“Me tocó pelearme varias veces, (el magistrado Francisco) Rosales me amenazó con echarme preso, la Sala Constitucional mandó a apresarnos en un conflicto entre Judicial y Legislativo por el control preventivo de las leyes y detener el proceso de formación de la ley porque teníamos una mayoría oscilante que se perdió con la bancadita del Partido Liberal Independiente que se plegó al Gobierno”, revela Pallais.
Finalmente, el 9 de enero de 2009 el parlamento elige al sandinista René Núñez como presidente del Legislativo y el 15 de enero la Sala Penal de la CSJ, sobresee definitivamente a Alemán por las condenas de malversación de fondos que le concedían 20 años de cárcel. Entre los magistrados firmantes estaban los liberales Sergio Cuarezma, Gabriel Rivera y Guillermo Selva, agregado en sustitución de Antonio Alemán Lacayo, hermano del procesado, además, otro liberal, Iván Escobar Fornos, sustituyó a la magistrada sandinista Ligia Molina (suplente de Juana Méndez), quien estaba fuera de Nicaragua. Los magistrados sandinistas Armengol Cuadra y Rafael Solís votaron en contra. Rafael Solís era el principal operador político de El Carmen, casa de la familia Ortega Murillo convertida en Casa Presidencial y Secretaría General del FSLN.
Con la reforma constitucional de 2014 el FSLN tiene un nuevo aliado con el cual pactar, la denominada alianza público-privado deja al gran capital nicaragüense interactuar en la función estatal, incluso da algunos cargos al empresariado en la misma Corte, así aparecen como magistrados Virgilio Gurdián Castellón, José Adán Guerra y Carlos Aguerri Hurtado, como gesto de buena voluntad.
Es la renovación del viejo pacto, que no involucra a los liberales, sino, a la burguesía, reitera Novoa.
A pesar de eso, en el aspecto económico se sabe que quien vaya a pelearse con los intereses sandinistas desde que entró en el juicio sabe que está perdido. Hay un aparato para controlar a la sociedad y proteger el capital del FSLN, dice el exprocurador.
Los amigos de Daniel Ortega
Los comisarios responsables de cada departamento transmiten la línea política, consultan los fallos antes de llegar a la Suprema, pero hay al menos dos magistrados que mantienen la relación con la pareja presidencial.
Solís fue indiscutiblemente el principal operador político en la Corte, era el enlace directo con Ortega en El Carmen, y la orden todopoderosa para tomar cualquier decisión judicial, “la mayor parte de los jueces obedecían, la romería era a su oficina, abogados y miembros del Poder Judicial. Llegó a concentrar tanto poder que elaboró la sentencia para desconocer el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección”, sostiene Novoa.
Un exfiscal señala, en cambio, que había una disputa con Alba Luz Ramos Vanegas, cuya autoridad es la que ahora pesa en una CSJ, donde los otros magistrados tienen un rol prácticamente decorativo.
Pero Solís es el padrino de bodas de Ortega y Murillo, el exguerrillero, exfundador del Ejército Popular Sandinista, el artífice de la sentencia que le da a Ortega la reelección indefinida.
Con la salida de Solís, la relación directa de la Corte con El Carmen la tiene Ramos Vanegas, citan diversas fuentes, pero se manifiesta como negociador político Rosales, quien participó como delegado del Gobierno en la segunda fase del diálogo en el año 2019.
Ramos ha presidido la Corte en algunos periodos y su autoridad le permite colocar a familiares en diversos puestos, como es usual en el Poder Judicial. Abelardo Antonio Alvir Ramos es juez Séptimo del Distrito Penal de Audiencia de Managua; Adda Benicia Vanegas Ramos es magistrada presidente de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua; Néstor Castillo Vanegas es magistrado de la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua; Ángela Mercedes Ramos Rosales es jueza del Distrito Penal de Juicio de Diriamba; Margarita Vanegas Arteaga es jueza de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria de Rivas; Carolina Vanegas Fajardo es médico forense del Instituto de Medicina Legal; y además, uno de los jueces encargado de encarcelar a los protestantes opositores, Melvin Vargas, es uno de los protegidos de la magistrada, a tal punto que algunos creen que es también uno de sus sobrinos.
Por otra parte, Alejandra Ramos, hija de la también presidenta de la Corta Suprema, es su asistente ejecutiva.
En un momento llegó a actuar como “coordinador del Poder Judicial”, Lenín Cerna, exjefe de la seguridad del Estado en la década de los ochenta, excompañero de prisión y amigo personal de Ortega.
La salida de Cerna del ejército en 1999 y su reintegración al FSLN donde institucionaliza los “comandos electorales”, coincide con el pacto Alemán-Ortega, algunos consideran que su trabajo organizativo fue vital para las victorias electorales en la Alcaldía de Managua de Herty Lewites y Dionisio Marenco, así como para el retorno de Ortega al poder en 2007.
Hasta 2013 participaba públicamente aún en reuniones con jueces y trabajadores judiciales, sin embargo, la estrella de Cerna se viene apagando desde 2011, cuando fue apartado como secretario de organización del FSLN, cediendo espacio a la influencia de la primera dama Murillo.
La gran familia del Poder Judicial
El FSLN que se formó de una guerrilla mantiene una estructura vertical, funciona bajo un sistema “perruno” de obediencia al partido, donde la “disciplina” se premia con ascensos en el organigrama y el criterio propio se castiga incluso con el despido, relató un exfiscal.
Alberto Novoa explica que para acceder a cargos de importancia los sandinistas pasan por pruebas de lealtad, es decir, fidelidad al partido que da la autorización final para el puesto, también “da la casualidad que los magistrados de apelaciones en el país son los secretarios políticos del partido”.
Sin embargo, el FSLN tiene una estructura militar, donde a pesar de la existencia de grupos, tienen una cabeza visible, la de Ortega. Es común aún desde la década de los ochenta seguir “orientaciones” de ese lugar indefinido que todos sospechan, esa orden que viene “de arriba”. Y no, no es Dios.
La lealtad se mide en rangos inferiores por la asistencia a marchas, manifestaciones, el pago de la cotización al partido, donde incluso, el secretario de finanzas pasa de oficina en oficina recogiendo la contribución.
Toda filtración, desavenencia, crítica es transmitida por el secretario político a los de “arriba”.
También hay nepotismo en los cuadros intermedios, sobre todo en cargos administrativos, aunque en los cargos de dirigencia son más cuidadosos, precisa Novoa, quien fue juez durante la revolución.
Un ejemplo de este sistema basado en lealtades es Juana Méndez, viuda del jefe policial Walter Ferreti, excolaboradora histórica del Frente Norte y exfuncionara del Ministerio del Interior (MINT), quien con la pérdida del poder en 1990 se preparó como abogada en la Universidad Centroamericana (UCA), de donde salió para ocupar un cargo como jueza, ella misma afirma que la entonces magistrada María Haydee Flores, fue quien la recomendó.
El hijo de la magistrada Juana Méndez, Walter Lenín Ferreti Méndez, es actualmente juez de Distrito Especializado de Familia en Diriamba.
Ella recibió el caso de Daniel Ortega, acusado de abuso sexual por su hijastra Zoilamérica Narváez, y el de Arnoldo Alemán por malversación de fondos públicos, uno fue desestimado por prescribir, bajo posterior sentencia de Ileana Pérez, quien ahora también es magistrada de la CSJ, y el otro terminó cumpliendo condena en su casa, antes de ser sobreseído.
En una entrevista publicada el 9 de marzo de este año por el oficialista portal de Barricada, Méndez declaró: “Yo siempre he sido animal político, si se trata del sandinismo. Si el sandinismo no existiera, yo no fuera política. Pero mientras exista el sandinismo, yo voy a ser política, porque soy sandinista en las buenas y en las malas”.
No está de más señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 9 del capítulo 3, y la Ley de Carrera Judicial en los artículos 42 y 43 prohíben a los judiciales la participación partidaria y en mítines, pero después que el magistrado Francisco Rosales Arguello, participara en marzo de 2017 en un encuentro de la Internacional Socialista, en Cartagena de Indias, Colombia, como representante del FSLN, la Corte se limitó a decir que “no es pecado ni la ley prohíbe” que un funcionario represente al partido de Gobierno.
De este modo los judiciales son escogidos para hacer una labor partidaria, constata Novoa, “todo el Poder Judicial ha perdido desde hace años el recato, ya no les da pena exhibirse como cuadros del partido, es un orgullo, lo hacen, lo proclaman, porque eso les da certeza de su permanencia en el cargo. Antes lo escondían, pero ahora todas las asambleas son políticas, los mensajes, las tareas a lo interno y fuera son políticas, de activismo”.
Así, en toda la estructura judicial no solo hay feudos, sino, todo tipo de fincas familiares, como ejemplo, bajo la influencia casi absoluta del magistrado de Apelaciones de Matagalpa, Mario Esquivel Altamirano, quien tiene 26 años en funciones, la circunscripción del norte es regida por él y su familia.
Dentro del sistema judicial de Matagalpa y Jinotega están en nómina José Ángel González (hermano de crianza de Esquivel) como oficial de Gestión Administrativa; Silvia Osegueda Montalván, jueza de Pantasma (esposa de José Ángel); Rita Kerstin González Osegueda, en la oficina de Archivo (hija de José Ángel); José Ángel González Osegueda, oficina de informática en Managua (hijo de José Ángel); Julieth Cubas Esquivel, asistente de coordinación (sobrina de Esquivel); Francisco González Membreño, defensor público (esposo de Xóchitl Esquivel, sobrina de Mario Esquivel, quien a su vez trabaja en el complejo judicial de Matagalpa); y Juan Francisco Chavarría, defensor público en Tipitapa (yerno de Esquivel).
Incluso, la titular del Juzgado Local Único del Cuá-Bocay, Yamileth González, tiene a su hijo Tyrone López González conectado como defensor público y a su hermana Lisseth Veranay González como secretaria tramitadora; su esposo Larry Thomas, fue secretario en el tribunal del municipio de Yalí.
Una lista suministrada por abogados enumera otros 24 puestos judiciales en la región, ocupados por personas que tienen entre ellas algún grado de afinidad o consanguinidad.
La primera instancia
Tras perder el poder en 1990, el sandinismo se preparó para “gobernar desde abajo”, por lo que uno de los mayores errores de los liberales fue desestimar los cargos judiciales inferiores y administrativos por pretender los grandes puestos, pensando que solo desde arriba se toman decisiones, recuerda un exfiscal.
El control sobre el sistema judicial no se basa solo en las magistraturas, baja hacia los tribunales de apelación, a los juzgados de distrito y locales, mantiene presión desde el sindicato judicial afiliado al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), de modo que está invadido de personal administrativo partidario y vigilado por los jefes políticos del FSLN en municipios y departamentos.
“El sistema es controlado administrativamente, en teoría funciona un sistema aleatorio, pero es operado a favor de ellos. Tienen mecanismos que garantizan eso”, dice Pallais.
Las sanciones, ascensos, traslados y despidos de jueces están centralizados en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ, que lo constituyen cuatro magistrados, que no forman ninguna sala, sino que trabajan por la administración del sistema.
El Consejo está integrado por Ramos Vanegas, presidenta de la CSJ; Marvin Aguilar García, vicepresidente; Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón. Los tres primeros son de tendencia sandinista y el último no fue reconocido por el Partido Liberal Independiente (PLI), fracción de Eduardo Montealegre, banquero, excanciller, exministro de Hacienda, exsecretario de la Presidencia, exdiputado, excandidato a la Alcaldía de Managua y la Presidencia.
Por otra parte, el expolicía Carlos López Tinoco miembro de los sindicatos de trabajadores (UNE – FNT) es el secretario general de la Federación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua.
En enero de 2011, el magistrado liberal Manuel Martínez, dijo sobre los dirigentes sindicales “no trabajan y son supernumerarios. Aquí Tinoco anda de arriba para abajo en camionetas que le asignan. Un poco de vagos es lo que son. Eso es paternalismo a la vagancia que consiente el Poder Judicial, porque el sindicato es un brazo político del Frente Sandinista”.
López Tinoco aseguró que el sindicato defiende los derechos de los trabajadores, no importando quién sea, y que Martínez hablaba porque engavetó el convenio colectivo por ocho meses.
Con la crisis de abril de 2018, el Poder Judicial finalmente mostró sin rubor la sumisión al Poder Ejecutivo, funcionando como una estructura más del aparato represivo y demostrando ser una maquinaria bien aceitada.
En una entrevista a la revista rusa Sputnik, Ramos Vanegas admitió a inicios de diciembre del año pasado que había 546 personas acusadas en el marco de las protestas, de ellas 261 estaban presas. Sin embargo, omitió decir que ninguno de los acusados era policía o paramilitar, o estaba relacionado con el asesinato de manifestantes o civiles.
Así, no es casualidad que los casos de los manifestantes de las protestas iniciadas en abril de 2018 lleguen a determinados juzgados de Managua.
La jueza Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, Indiana Gallardo, fue despedida el 18 de julio de 2018, apenas horas después de permitir que los familiares de tres manifestantes matagalpinos pudieran verlos en la sala de audiencia y emplazara al Sistema Penitenciario Nacional (SPN) por haber sacado de la sala de audiencias a los reos políticos, sin su autorización.
El 22 octubre del año pasado se destituyeron a dos jueces de Bluefields, una era la titular del Distrito Penal de Juicios, Carmen del Socorro Merlo Narváez, abuela del preso político, Brandon Lovo, condenado entonces a 23 años de cárcel por el asesinato del periodista Ángel Gahona.
En cambio, Ernesto Rodríguez Mejía, el judicial que condenó a Lovo y Glen Slate por el crimen del reportero, fue nombrado después magistrado de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Rodríguez llevó también los juicios contra Edwin Carcache y a un grupo de manifestantes opositores del municipio Sébaco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua.
Un mes antes de iniciar la crisis sociopolítica, Rodríguez condenó a la madre de un migrante camerunés que reclamaba el cadáver de su hijo en Medicina Legal y denunciaba al Ejército por acribillarlo en el auto en el que los coyotes lo transportaban desde la frontera sur; también llevó el juicio por injurias contra el empresario Milton Arcia, en 2015.
Julio César Arias Roque, quien llevó el juicio de Elsa Valle y otros cinco manifestantes, el caso de Olesia Muñoz, así como el de cuatro autoconvocados de Ciudad Darío, llegó en abril de 1999 al sistema judicial como suplente del Juzgado Cuarto de Distrito del Crimen de Managua y desde septiembre de 2006 ocupa el cargo titular del Quinto Distrito Penal de Audiencia.
Arias fue sindicalista, abogado laborista y penalista, defensor de oficio, tuvo los casos de narcotráfico de Henry Fariñas que involucró al magistrado electoral suplente de los liberales Julio César Osuna en 2004, hermano de la diputada y presidenta nacional del PLC, Marìa Haydee Osuna.
Arias también llevó el caso de los certificados de inversión (Cenis) en 2008, siendo la espada en la nuca para uno de los implicados en estas operaciones, el banquero, excanciller y exdiputado, Eduardo Montealegre, contra quien llegó a pedir su desaforación, también llevó el caso del “talcazo”, donde en concordancia con la Policía y Fiscalia liberó en 2014 al hermano del boxeador Román González, por un cambio en los resultados de laa prueba de un paquete de cocaína.
Henry Morales, Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, inició los juicios contra los periodistas de 100% Noticias, los líderes campesinos, los bluefileños acusados por la muerte del periodista Ángel Gahona, también tuvo el caso de fraude de Álvaro Montealegre, hermano de Eduardo Montealegre, a quien reabrió en 2016 un juicio por el caso de los Cenis.
A Edgard Altamirano López se le conocen por sus excesivas condenas a líderes relevantes de la oposición, a los campesinos Pedro Mena y Medardo Mairena otorgó más de dos siglos de cárcel y a Luis Pineda Icabalceta,159 años, también llevó el caso de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, el de Irlanda Jerez, comerciante del mercado Oriental, y el caso de Cristian Mendoza, alias “Viper”, a quien el Gobierno obligó a declarar como testigo bajo amenazas, según él mismo testificó al salir de la cárcel a mediados de junio de este año, sentenció también a los líderes de las protestas de Masaya Cristian y Santiago Fajardo, así como a Adilia Peralta.
Altamirano cumplió el Servicio Militar, fue miembro de la Juventud Sandinista y reconoce que durante sus estudios en la Universidad Centroamericana participó en las protestas del 6% durante el gobierno de Barrios.
Este juez llevó el caso de la masacre del 19 de julio de 2014, cuando una caravana sandinista que regresaba de las celebraciones de la Revolución en Managua fue atacada por un grupo desconocido con saldo de cinco muertos y 24 heridos, Altamirano condenó al conductor del bus que llevaba a las víctimas y once personas más con penas que superaron en algunos casos los cien años, también tuvo a su cargo en 2013 al grupo de mexicanos que se hacía pasar por un equipo de Televisa para trasladar droga por Centroamérica.
Melvin Vargas García, muy protegido por Alba Luz Ramos, pasó del juzgado de ejecución de sentencia a ser juez Séptimo Distrito Penal de Juicio, en sustitución de Octavio Rothschuh que pasa a ser magistrado de las Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el 27 de febrero de 2018.
Llevó el juicio a líderes universitarios de León, entre ellos Nahiroby Olivas, dio 17 años de cárcel a tres manifestantes de Nindirí, condenó a cuatro estudiantes a penas de 20 a 25 años de cárcel y a 8 y 12 años a manifestantes de Ciudad Darío, también lleva el juicio contra doce manifestantes de Estelí y Matagalpa, uno de ellos, Eddy Montes, asesinado por un custodio del sistema penitenciario, y a quien ya muerto mandó a citar a una audiencia.
El judicial también tuvo los casos de los oficiales en retiro que participaron en los tranques de Carazo, Carlos Brenes y Tomás Maldonado.
En cuanto a Abelardo Antonio Alvir Ramos, sobrino de Alba Luz Ramos, este llevó el caso de Pierson Gutiérrez Solís, el paramilitar que mató a una estudiante brasileña, y liberado el 23 de julio bajo la polémica Ley de Amnistía.
Adela Cardoza Bravo, exmilitar y titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio, fue quien condenó a cinco años y nueves meses de prisión más el pago de una multa de C$4,679.25, a Luis Enrique Cuevas Poveda, quien se ganaba la vida vendiendo banderas de Nicaragua en las marchas opositoras de León.
Sentenció a 30 años de cárcel al abogado Chéster Membreño el día que murió su madre, condenó a 25 años a un joven paralítico de Jinotega porque lo confundió con su padre, también mandó a prisión a los autoconvocados de Tipitapa y Diriamba.
Ella dictó sentencia en el juicio de Fariñas-Osuna, vinculadas a la red narco de El Palidejo, en 2012.
Fátima Rosales, Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio, mantuvo el caso de la quema del Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de León, y la acusación por terrorismo contra Amaya Coppens, entre otros líderes estudiantiles, condenó a 90 años a Carlos Alberto Bonilla López, por la muerte del antimotín Hilton Rafael Manzanares y el asesinato frustrado contra otros cuatro policías.
En palabras del jurista Pallais: Es difícil escoger un caso paradigmático que refleje lo que es el sistema judicial en Nicaragua. “Hay tantas cosas. Ahí donde toqués sale pus”.
*Este es un reporte original de Expediente Público.
