7 de noviembre 2019
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció que había añadido a tres funcionarios más del régimen de Daniel Ortega, a sus listas de sancionados por su implicación en "abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción". Los sancionados son: el comisionado general Ramón Avellán, Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
"Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso y la corrupción de los derechos humanos", dijo el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich.
Además, aclaran que la acción se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, dirigida "a los funcionarios del Gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales; quien manipula las elecciones; y quienes abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción".
Campbell se convierte así en el segundo presidente del CSE en ser sancionado por Estados Unidos, después que en diciembre de 2017, Roberto Rivas se estrenara como el primer nicaragüense en esa lista.
Sobre la sanción a Lumerto Campbell
Campbell es también el tercer titular (o vicetitular) de un poder del Estado nicaragüense, en recibir una sanción de ese tipo, luego que hace casi un año, en noviembre de 2018, se sancionara a Rosario Murillo, vicepresidenta del Gobierno de Nicaragua, y siete meses después a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
Treasury sanctions Nicaraguan government officials involved in human rights abuse and social security corruption. https://t.co/GekqKchmVb
— Treasury Department (@USTreasury) November 7, 2019
Campbell ha sido presidente interino del CSE desde 2018, y antes de eso, fue vicepresidente del CSE desde 2014. Al respecto, el Departamento del Tesoro indica que "el CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del Gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN".
La "medalla" para Avellán
Avellán, subdirector de la Policía Nacional, se une de esa manera a su jefe, el primer comisionado Francisco Díaz, sancionado en julio de 2018.
Según la OFAC, la sanción a Avellán se da porque es parte de "una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, actos significativos de violencia o derechos humanos. abuso contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018".
"Avellan llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales. Avellan dirigió la "Operación Limpieza" en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas levantadas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbo", indican.
Además, agregan que lo sancionan porque los ataques de la Policía Nacional y los parapolicías "bajo su mandato provocaron 107 muertes y cientos de heridos".
La sanción para López
El presidente ejecutivo del INSS es sancionado por dirigir "una entidad que ha realizado o cuyos miembros han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de, o relacionado con el Gobierno de Nicaragua, o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno".
López, de acuerdo al Departamento del Tesoro, dirige "uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del Gobierno".
"El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al Gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma", agregan.
También señalan que el INSS "otorga préstamos significativamente por encima del costo, luego permite a los prestatarios incumplir el préstamo, pero borra la deuda al permitirles entregar activos con un valor mucho menor que el valor del préstamo".
Ser incluido en esas listas, sea bajo el marco legal de la Ley Global Magnitsky, o la NICA Act, implica que estas personas pierden el control de los bienes y propiedades que pudieran tener en Estados Unidos.
A la vez, se prohíbe a empresas estadounidenses, o que tengan conexión con ese país, a hacer negocios con los sancionados, lo que incluye a la banca mundial, con lo que en la práctica, se convierten en parias financieros.
Para evitar que los aludidos traten de evadir el peso de las sanciones, la lista también incluye a sus cónyuges e hijos dependientes que pudieran prestarse a servir como testaferros. Normalmente, los nombres de los parientes no se hacen públicos.
