7 de noviembre 2019
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Costa Rica se beneficiaría de múltiples formas si implementara un plan para regularizar la situación migratoria de la colonia nicaragüense que se refugió en su territorio para escapar de la represión lanzada por el régimen de Daniel Ortega en contra de los ciudadanos que repudiaban su Gobierno, opina Andrew Seele, presidente del Instituto de Políticas Migratorias, con sede en Washington DC.
Ese plan debería incluir algún tipo de estatus migratorio para los nicaragüenses, así como acceso a salud, educación y empleo, además de convalidar los títulos profesionales de quienes ya ejercían en Nicaragua antes de irse al exilio.
“Si Costa Rica es ambiciosa en tratar de regularizar y atender a los migrantes y refugiados llegados de Nicaragua, va a llamar la atención de la comunidad internacional”, aseguró Seele, en entrevista con el programa Esta Noche, que se transmite en línea.
Esa decisión le sería de utilidad al ejecutivo tico para acceder a recursos que le permitiera enfrentar el costo de atender a unos 80 000 nicaragüenses más, que llegaron a su territorio a partir del estallido de la Rebelión de Abril.
Seele reconoce que “el gobierno costarricense ha sido muy abierto a recibir a los vecinos. Han dado acceso al sistema de asilo, pero no hay otras vías de regularización”, lo que es especialmente importante, cuando el flujo de solicitudes de asilo es tan grande, como en este caso, que hace colapsar al sistema.
Si bien “hay una oportunidad nueva para un número pequeño pero importante de nicaragüenses que trabajan en agricultura, incluyendo a algunos exiliados, no hay medidas de regularización más amplias”. Crear otras vías legales “ayudaría a quitar presión al sistema de asilo”, recalcó.
El experto recomienda ofrecer “algún permiso de permanencia temporal”, como ya han hecho Colombia y Perú, citando otros casos en que los permisos de estadía se ofrecen a quienes ya tienen trabajo, o a aquellos que están estudiando y a sus familias.
“Hay varias formas de hacerlo. Lo más ágil es una regularización generalizada, pero si no lo soporta la situación política del país… hay que ser creativos, y buscar otras maneras”, insistió.
De forma general, Seele cree que sería apropiado que las autoridades costarricenses agilizaran la entrega de cédula temporales que también sirvan como permisos de trabajo, lo que “está en el interés de Costa Rica igual que en el de los refugiados mismos”.
“Sería de mucha utilidad que se diera de forma rápida, o simplemente que se abriera otro canal que no sea el asilo para regularizar el estatus, ya sea de todos los nicaragüenses o de los que cumplan ciertos requisitos”, amplió.
Con todo, advierte a observar el panorama completo, pues el hecho que esta crisis afecte fundamentalmente a otros países de América Latina, y no tanto a Europa o a Estados Unidos, condiciona la respuesta de la comunidad internacional, que no llega a los niveles de movilización y respuesta observados en otras crisis migratorias internacionales.
Ganar – ganar
El presidente del Instituto de Políticas Migratorias explica de qué manera, la regularización migratoria termina siendo un proceso que beneficia no solo a quien obtiene un documento para legalizar su situación, sino también al Estado y la sociedad que los acoge, incluyendo en esta categoría, a la economía en general, y hasta al sistema de seguridad social.
“Hay que tomar en consideración que los nicaragüenses que están llegando, en general tienen un capital humano bastante alto. Muchos son profesionistas, estudiantes… este es un grupo que puede insertarse muy bien en la economía costarricense, porque no solo llegan trabajadores”.
“Es gente que consume, que paga impuestos, que tiene capacidad para crear empresas y puestos de trabajo”, aclaró.
Insertarlos -sobre todo a los que tienen una profesión o estudios universitarios- es una ganancia para Costa Rica, de tal forma que “sería muy útil buscar cómo darles un estatus legal rápido” y darles un lugar en la economía formal.
De lo contrario, se estaría prolongando una situación que obliga a muchos profesionales nicaragüenses a trabajar en la economía informal tica, porque no tienen acceso al crédito para instalar un negocio. “No poder ejercer su profesión en Costa Rica, perjudica no solo al migrante, sino también a la sociedad donde llega”, aseveró Seele.
El entrevistado hizo notar la importancia de lograr que se convaliden los títulos y los estudios de los recién llegados, en este caso, a Costa Rica, aunque admite que siempre hay resistencia de parte de los gremios locales.
“Esto pasa en todos los países, que resisten la entrada de extranjeros y tratan de poner barreras, pero a Costa Rica le beneficia mucho tener médicos, periodistas, ingenieros, maestros, llegando desde Nicaragua, que puedan ejercer en su profesión”, para lo que es importante que haya “procesos claros y expeditos”, destacó.
Admite que, en el caso de los médicos “es muy difícil que se convalide sin cierta práctica del país de acogida, pero pueden entrar en otros servicios médicos, mientras tanto. Puede ser una convalidación parcial, para que puedan ejercer, y que luego puedan entrar plenamente en función como médicos, después de haber pasado ciertas pruebas”.
Explica que, en cuestiones de salud, “la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), está buscando cómo integrar a los migrantes que no tienen documentos, pero en este momento, si no estás en la economía formal, es muy difícil afiliarse, y eso es una pérdida para todos”.
Al final, eso redunda en un costo para el migrante cuando tiene que buscar atención médica privada, pero también para la sociedad, porque “los migrantes que no tienen estatus migratorio, no se tratan hasta que su enfermedad está bien avanzada, y eso también genera un costo para la sociedad receptora”.
Seele dijo saber que la administración de la CCSS estudia la posibilidad de crear un plan de seguro para los migrantes, lo que “nos parece una idea muy buena y necesaria, para que la gente en situación de irregularidad tenga acceso a los servicios de salud”.
Migración “va para largo”
La mayoría de los que han salido de Nicaragua a partir de abril de 2018, (entre 80 000 a 100 000 personas) son exiliados. “Hay quienes salieron por razones económicas, pero la gran mayoría parece ser gente que tiene razones políticas, de persecución, para salir”, explicó Andrew Seele, presidente del Instituto de Políticas Migratorias.
El entrevistado estima que la evolución de los flujos migratorios nicaragüenses dependerá de lo que pase en el país. “La gente seguirá saliendo, si bien, no por persecución directa, sí más bien indirecta, porque hay una serie de males en la economía nicaragüense, y hay otros tantos que siguen saliendo por la presión oficial”, reconoce.
“Creo que esto va a seguir, y no sabemos qué otras crisis políticas van a suceder en 2020 y 2021. Esto no se ha acabado”, dice basado en que “no hay condiciones para que los exiliados regresen a Nicaragua, ni los que se fueron por presión política, ni tampoco para los que salieron por motivos económicos. No se ve una solución política a corto plazo que sea aceptada por todas las partes, ni mejoras a la economía, así que por esto creo que va para largo”, concluyó.
