7 de noviembre 2019
El discurso de odio de Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, además de ser discriminatorio, divisorio y antiderechos, también incita a la violencia y provoca la continuidad de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. “Invita a otras personas a atacar, estigmatizar (y) criminalizar a (los ciudadanos) que valientemente se han manifestado en las calles”, afirma Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta semana, CONFIDENCIAL publicó un especial que analizó el discurso de odio de la principal vocera del régimen Ortega Murillo, que ha recurrido a la descalificación de los opositores nombrándolos de distintas maneras en sus intervenciones en medios oficialistas.
La lista de insultos nació el 18 de abril de 2018, el día que iniciaron las protestas contra el Gobierno que fueron reprimidas con violencia por miembros de la Juventud Sandinista. Murillo, con voz ofuscada, exclamó a través de una llamada telefónica a uno de sus medios de propaganda: “¡Esa es una manipulación perversa! Esos grupos minúsculos, esas almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, no representan el sentimiento, la necesidad de paz, de trabajo y de cariño del pueblo nicaragüense que tanto ha sufrido”.
https://www.confidencial.digital/rosario-murillo-la-heredera/
En una entrevista en el programa Esta Noche, transmitido a través del canal de YouTube Confidencial Nica, Guevara Rosas expresó que la estigmatización que realiza Murillo se convierten en actos de violencia específicos, por ejemplo, la persecución que los excarcelados políticos sufren estando en sus casas o sus trabajos.
“Siguen sufriendo el acoso constante, no solo de las autoridades a través de los cuerpos policiales o de los cuerpos paramilitares, no solo la responsabilidad de protección, pero también la responsabilidad de investigar y de garantizar verdad y justicia para las víctimas”, manifestó la directora de Amnistía Internacional.
Actualmente en el mundo es posible ver varios ejemplos de retóricas hostiles desde el poder, es decir, desde los gobernantes. ¿Cree que existe un repunte del discurso de odio en las sociedades?
Lo que hemos visto en los últimos años y la documentación que hemos hecho en situaciones críticas de derechos humanos a lo largo del mundo, nos ha demostrado que, precisamente este discurso de odio que viene encabezado por muchos líderes políticos está poniendo en un contexto de graves retrocesos en materia de derechos humanos a muchas sociedades.
Vemos como estos líderes políticos, a través de sus discursos discriminatorios, divisorios, de odio, antiderechos, pues también incitan a la violencia, incitan a que se cometan violaciones a los derechos humanos. Particularmente en la región de las Américas lo vemos, de norte a sur, de sur a norte, con líderes como Trump, que ha utilizado una retórica xenófoba, racista; hasta Bolsonaro; y pasando por líderes que ya se han mantenido en el poder a base de estos discursos, como el caso de Ortega en Nicaragua o de Maduro en Venezuela, o de Juan Orlando Hernández en Honduras.
¿A qué le podemos llamar discurso de odio y cuáles son sus consecuencias? Este es un término que a veces se usa de una manera bastante frecuente en redes. ¿Exactamente, qué es el discurso de odio?
Siempre hay una confusión entre lo que es un discurso de odio y lo que sería el respeto a la libertad de expresión. Es decir, la gente, por supuesto, las sociedades tienen su derecho fundamental a la libertad de expresión, a poder expresar sus ideas sobre determinados temas, y ese derecho tiene que ser respetado, sobre todo es responsabilidad, los Estados, proteger la libertad de expresión.
Pero, existen también estos discursos de odio, divisorios, que nada tienen que ver con la libertad de expresión, y sobre todo cuando provienen de los propios Estados. Estas son narrativas que se construyen en contra de grupos de población, ya sea específica, en el caso de los discursos racistas y discriminatorios; o son narrativas dirigidas precisamente para incitar la violencia y la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como lo hemos visto en Nicaragua, con un discurso de odio en contra de la población civil por parte de las propias autoridades y, particularmente de quienes ocupan los puestos al más alto nivel, como el caso del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo.
En el caso del discurso de la vicepresidenta de Nicaragua, quien es la principal vocera del Gobierno y quien persiste en volver a descalificar y amenazar, este lunes nos volvió a brindar un ejemplo de insultos y amenazas hacia la población opositora. ¿Cómo describe usted el discurso de Murillo?
Hicimos un análisis muy minucioso del discurso de las altas autoridades, y sobre todo bajo la vocería de la vicepresidenta Murillo, que no solo mantuvo un discurso de negación en los primeros días de la crisis cuando ya había, lamentablemente, muertos que contar, que negaba la existencia de los muertos, o que acusaba a las personas que valientemente se manifestaban en la calle con conceptos como minúsculos y vampiros, y este tipo de cuestiones, claramente no solo eran mensajes dirigidos a las personas para insultarlas, sino que además eran mensajes criminalizadores que incitaban a, tanto a la Policía como a los paramilitares, a ejecutar estos actos y ataques en contra de la población.
¿Califica el discurso de Murillo como un discurso de odio?
Por supuesto, calificamos el discurso, como un discurso de odio, un discurso antiderechos, un discurso divisorio, sobre todo viniendo de un Gobierno, cuya responsabilidad es la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía, de toda la población, sin importar su posición política, su ideología, o si se trata de personas que están ejerciendo libremente su derecho a la asamblea pacífica, de mostrarse en contra de las políticas de gobierno.
¿Cómo impacta en la población este tipo de discursos? ¿Qué efectos tiene el discurso de odio? Sobre todo, en una sociedad, usted ya lo decía, como la nicaragüense, en donde existen más de 300 muertes en la impunidad producto de esta represión estatal, e indicios de crímenes de lesa humanidad.
Repercute, sin duda alguna, en todas las esferas de la sociedad. Son discursos que incitan al odio. Lo hemos visto en Nicaragua, cómo este discurso invita a otras personas, no solo a atacar, a estigmatizar, a criminalizar a aquellas personas que valientemente se habían manifestado en las calles y que ahora representan a un grupo importante de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y lo lamentable es que esta estigmatización, esta criminalización rebasa el discurso, rebasa las narrativas. Las rebasa en el sentido que se traducen en actos de violencia específico; lo hemos visto en Nicaragua donde personas que habían sido detenidas arbitrariamente y después liberadas, siguen sufriendo el acoso constante, no solo de las autoridades a través de los cuerpos policiales o de los cuerpos paramilitares, no solo la responsabilidad de protección, pero también la responsabilidad de investigar y de garantizar verdad y justicia para las víctimas.
¿Qué recomendación le haría usted a las personas de la oposición, que responden al discurso de Murillo con descalificaciones para quienes son leales al régimen, pero que también son ciudadanos y que conviven en un mismo país?
Amnistía internacional no es una organización que le dé recomendaciones ni a la sociedad ni a los grupos de oposición, pero nos parece que es sentido común que se busque un diálogo social, que se tiene que replantear en términos del acercamiento entre ciudadanos y ciudadanas en Nicaragua, pero que, sin duda alguna, no podemos olvidar que quien tiene la principal responsabilidad frente a las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua, es del Estado.
Entonces el sentido común es que no nos olvidemos de quién es responsable de estas violaciones, y sobre todo, a la sociedad en general y a todos los sectores que conforman esa sociedad, pues siempre, la principal, digamos, premisa en donde tenemos que trabajar de manera conjunta para que estas violaciones, por un lado paren, pero que también pueda haber justicia y reparación para las víctimas, es precisamente buscar un diálogo social, intentar reconstruir ese tejido social que ha sido roto por el Gobierno.