26 de octubre 2019
La justicia de Nicaragua mantiene un paréntesis en el proceso judicial en contra del nicaragüense Orlando Tercero, señalado por el asesinato de la estadounidense Haley Anderson, en el estado de Nueva York. El juicio que se realiza en Managua -a través de un sistema de videoconferencias- ha sido reprogramado en dos ocasiones y está previsto retomarse el primero de noviembre próximo.
El juicio comenzó el pasado dos de octubre en el Juzgado Primero de Distrito especializado en Violencia de Managua, a cargo de la jueza María Fabiola Betancourt, debido a que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua rechazó, el cinco de agosto, una solicitud de extradición del acusado. Es así que Tercero está siendo juzgado bajo las leyes de Nicaragua a pesar que el crimen ocurrió en otro país.
Tercero residía en Estados Unidos y huyó a Nicaragua al día siguiente del crimen. Según la acusación, el ocho de marzo de 2018, Tercero y Anderson, quienes tenían una relación de pareja, llegaron en estado de ebriedad a su habitación en un apartamento en Nueva York, donde él la asfixió con sus manos. Luego escribió: "Lamento mucho esto, jamás me sentí capaz de hacer esto” y finalmente tomó un avión con rumbo a Nicaragua.
Una de las razones por las que Tercero huyó a Nicaragua es que la Constitución Política de este país prohíbe la extradición de ciudadanos nicaragüenses, “lo que no significa que el crimen queda impune”, aclara el abogado penalista Boanerges Fornos. Sin embargo, las leyes nicaragüenses pudiesen ser más flexibles que las de Estados Unidos.
“No sé si en el estado Nueva York existan penas de cadena perpetua o penas de muerte, pero al venirse a Nicaragua -como lo hizo- la pena máxima es de 30 años. Quizá a partir de ahí él tenga algún beneficio”, enfatiza Fornos.
El abogado señala que en casos como este se aplica el principio de territorialidad establecido en el artículo 14 del Código Penal de Nicaragua; es decir que “las leyes penales nicaragüenses son aplicables a los hechos previstos en ellas como delitos, aunque se hayan cometido fuera del territorio”. Este principio es aplicable a los nicaragüenses y basta con que el hecho sea punible en lugar donde se cometió.
Otra particularidad en el juicio de Tercero es la tipificación del delito. Él fue acusado en Estados Unidos por homicidio y en Nicaragua está siendo juzgado por femicidio, debido a la aplicación de la ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, donde se establece que se comete femicidio “cuando el hombre mata a la mujer en el ejercicio de las relaciones desiguales de poder, en una relación de pareja”, subraya Fornos.
Por otro lado, el especialista valoró que el acusado “pudo haber calculado que sería difícil que la prueba viniera a Nicaragua”, pero en casos como este las autoridades estadounidenses “deben coadyuvar para garantizar que la prueba esté presente”. Es así que los testigos del hecho han acudido a la fiscalía de Binghamton, al norte de Nueva York, para dar su testimonio a través de videoconferencia con traducción simultánea.
El fiscal del condado de Broome, Steve Cornwell, dijo a la agencia AP que el proceso en Nicaragua podría ser la única forma para obtener justicia: “Tenemos el deber y la responsabilidad de solucionar esto a través de cualquier proceso judicial que podamos”, comentó Cornwell.
En la audiencia anterior compareció la oficial de policía Sager Cristi, quien confirmó que encontró el cadáver de Anderson en el apartamento de Tercero el 8 de marzo de 2018. También declaró el oficial Carl Robert Peters, quien investigó el caso a partir de videos de las cámaras de seguridad del edificio, pruebas que también fueron presentadas.