20 de octubre 2019
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Mientras mantiene su pronóstico de que en 2019 la caída del producto interno bruto (PIB), será de -8.7%, el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades de Nicaragua), describe los devastadores efectos de una potencial expulsión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), aunque duda que tal evento esté pronto a suceder.
Entrevistado en el programa Esta Semana, que se transmite en línea, el experto ratificó su pronóstico de -8.7%, presentado en junio pasado, y lo comparó con el del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Mundial (BM), quienes calculan que este año, la economía nicaragüense decrecerá alrededor de -5.0%.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) alega que la variación del PIB será de -3.5%, mientras la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) la hace oscilar entre -5.6% y -6.8%.
Avendaño explica que su pronóstico se basa en varias premisas, comenzando por el hecho que el país lleva ya “dos ciclos agrícolas consecutivos tremendamente afectados. El anterior: por la crisis que explotó el 18 de abril (de 2018), y el actual, por la reforma tributaria del 28 de febrero”.
“Ese elemento crucial en la producción es lo más relevante para acercarnos a saber hasta dónde ha caído el producto interno bruto”, tomando en cuenta que “comercio, hoteles y restaurantes siguen postrados, mientras que el sistema financiero, la banca comercial, también está desplomada”, añadió.
Otro elemento negativo es el de las inversiones, de las que depende cómo evolucionará la construcción, que cae alrededor de 48% este año —si se suman la privada y la pública— redondeando así el desplome de la demanda interna.
El resultado es que se ha deteriorado el poder de compra de las familias, especialmente debido a que los salarios están congelados desde septiembre 2018, lo que se suma “al desempleo, a la destrucción de puestos de trabajo formal, y a una tasa de inflación acumulada entre septiembre 2018 y agosto 2019, de 5%”, detalló.
El panorama no es muy distinto para los empresarios y las empresas, que han disminuido sus inversiones, no solo por falta de dinero, sino también —y especialmente— por la incertidumbre.
Explicó que los inversionistas financieros comenzaron a reactivarse un poco hasta el mes pasado, pero es “porque los bonos del Ministerio de Hacienda ofrecen una tasa de rendimiento del 11.5% anual para plazos de cinco a seis años”.
Vuelven a sacrificar a alcaldías
El proyecto de Presupuesto 2020, presentado la semana pasada a la Asamblea Nacional, vuelve a ensañarse con los municipios, a los que recorta por segundo año consecutivo el 60% de las transferencias que por ley debía entregarles. El resultado es que las alcaldías del país perderán 8262.5 millones al sumar 2019 y 2020.
“Esa es la perversidad más grande que pueden hacer, porque recortan a los municipios, que es donde campea la pobreza. De hecho, el Gobierno ya cercenó a las alcaldías liberales”, dijo la diputada Azucena Castillo, miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Esa decisión “es contraria a los discursos del Gobierno sobre seguridad alimentaria, porque pone en peligro a ancianos, madres, lactantes y embarazadas. ¿Por qué no le quitan al gasto corriente, a la Presidencia, o a lo que destinan para seguridad ciudadana, que en realidad es para perseguir a quienes protestan? ¿Para qué queremos ese tipo de seguridad?”, cuestionó.
Consultada, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), dijo que “el Gobierno necesita gastar para dinamizar la economía que se está desacelerando. Estamos en inercia, y para salir de esa inercia se necesita un empujón inicial, que tendría que venir de varias fuentes. Una de ellas es el gasto público, y la distribución de ese gasto en los municipios es fundamental, para que el efecto sea nacional, y no regional”.
Avendaño prefirió recordar que “los platos rotos los paga especialmente la población más pobre”, que es la que pierde la protección que le brinda el Presupuesto General de la República, y en el que “alrededor de 60% es gasto en reducción de pobreza”.
“Al congelarse el presupuesto en precios corrientes... al congelarse el gasto total, prácticamente lo que hay es una reducción… en el volumen de servicios públicos a la población. Es de esperar que el próximo año no habrá incremento en la mejoría de los nicaragüenses. Hay un retroceso para los más pobres, en términos presupuestarios nacionales”, aseguró.
No hay inversión ni financiamiento externo
Para que el Presupuesto de Ingresos 2020 crezca —aunque sea solo 0.4%— la Administración de Daniel Ortega necesitará seguir encontrando quien les crea, tanto dentro como fuera del país, lo que será cada vez más difícil, en la medida en que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), puedan aplicarle o renovar sanciones.
Para cumplir las previsiones señaladas en el Presupuesto del próximo año, Ortega necesitará conseguir 9242.8 millones en desembolsos provenientes del exterior, así como los recursos suficientes para amortizar 9027.4 millones de la deuda interna, para lo que requiere encontrar quien compre 4870.6 millones de córdobas en Bonos de la República y Letras de Tesorería.
“El gasto congelado crece 0.1%, lo que está en línea con lo que le pasa al financiamiento: el externo está cayendo 26.6% y las donaciones caen 24.9%, lo que es un golpe duro que impide expandir el gasto. El financiamiento externo y las donaciones crecerían si lográramos un acuerdo político”, dijo Funides.
La diputada Azucena Castillo opina que “resulta carísimo financiarse con préstamos comerciales”, lo que también es válido para los recursos que se obtienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Están endeudando al país a muchos años de plazo. Podríamos volver a la incapacidad de pago que teníamos a inicios de los 90, y no sabemos si después la comunidad internacional querrá volver a tendernos la mano”, como lo hizo en el pasado, cuestionó.
Al referirse a la tríada de organismos multilaterales que aportan más recursos al país, el economista Néstor Avendaño, presidente de Copades, admitió que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sigue desembolsando lo que ya estaba aprobado, pero “muy lentamente”.
La razón es que, como país, “estábamos prontos a elaborar un nuevo programa quinquenal con ellos, por lo cual prácticamente está feneciendo el programa anterior, así que ahí ya no hay grandes expectativas”.
La fuente del BCIE (que es el segundo proveedor de recursos por orden de importancia) puede ‘secarse’, en dependencia de la decisión que tome la OEA después de escuchar a inicios de noviembre, el informe que prepara la Comisión de Alto Nivel de ese organismo, la misma que Ortega no dejó entrar a Nicaragua.
El experto avizora que los países latinoamericanos pueden ordenar a sus delegados en el BCIE, cesar la colaboración con Nicaragua, misma que “ha sido la tabla de salvación de la inversión pública”, que es la que beneficia a los más pobres.
Avendaño recuerda que el tercero en la lista —el Banco Mundial— limitó sus aportes al país a partir de 2009, luego de las múltiples acusaciones de fraude en las elecciones municipales de 2008.
“Desde esa vez, el Banco Mundial, que es el organismo que evalúa la gobernabilidad, prácticamente suspendió su cooperación de libre disponibilidad, y redujo el financiamiento a la ejecución de inversiones. Ese es el grave problema de Nicaragua: a veces, las sanciones políticas afectan grandemente a los que menos tienen”, reflexionó.
Gobierno presupuesta C$79 199 millones en ingresos de PGR 2020
Más allá de los anuncios triunfalistas que los funcionarios del Gobierno hacen en los medios de comunicación afines al régimen, el proyecto de Presupuesto General de la República 2020 prevé una variación del producto interno bruto (PIB), de -3.5% para 2019, y una ligera recuperación de 0.5% para 2020.
La conjugación de ambos pronósticos —entre muchas otras variables— les llevó a presupuestar que el Estado obtendrá ingresos totales por 79 199 millones de córdobas, monto que solo supera en 0.4%, al presupuesto reformado con el que aún se está trabajando en 2019.
Si bien el presupuesto para 2020 contempla un crecimiento de 311.9 millones de córdobas en ingresos totales, la realidad es que esa suma, expresada en córdobas corrientes, representa una variación de -0.5% si se mide como porcentaje del PIB, y de -5.1% si se calcula en dólares.
Ese virtual estancamiento de 0.4%, contrasta notablemente con el 14.3% en que crecieron los ingresos en 2016, o el 10.3% adicional captado en 2017, aunque es mejor que el presupuesto 2018, que muestra una variación de -6.6%; muy similar al proyecto de presupuesto 2019 que incluía un descenso de -0.99%.
Las reducciones y los aumentos
Entre las instituciones a las que se reduce sus asignaciones de forma drástica destaca el Fondo de Inversión Social de Emergencia que recibirá 25.7% menos recursos que en 2019; el Ministerio de Transporte e Infraestructura (-21.9%); el de Hacienda (-17.5%, incluyendo un recorte de -20.8% a Aduanas); el de Energía y Minas (-10.8%); a Gobernación (-10.5%, aunque la Policía Nacional recibe 4.8% más que en 2019).
La lista corta de instituciones que en 2020 recibirían una mayor asignación de recursos, incluyen al Ministerio de Salud, al de Educación, la Alcaldía de Managua, los municipios (porque en la práctica, en 2019 también se les recortaron las asignaciones); el INSS, la Policía Nacional, y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
