13 de octubre 2019
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La represión dirigida por la dictadura de Daniel Ortega desde abril de 2018 hasta la fecha afectó de forma directa a 119 mujeres, de acuerdo a un informe presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de Nicaragua, de la Artículación de Movimientos Sociales (AMS). El documento revela que este es el país donde la violencia se impone con un saldo de 44 femicidios, hasta agosto de 2019, y denuncias por violencia machista contra 27 mujeres en los últimos 60 días del año.
“En los últimos ochenta días de 2019 se han conocido 69 episodios de represión política en 13 de los 17 departamentos del país. La represión se ha centrado en la capital, Managua, con el 55% de casos violentos. En esas 69 acciones represivas de connotación política, han sido afectadas de manera directa 119 mujeres. Se han producido 136 agresiones diferentes. El 39.5% de ellas (47) fueron privadas de libertad, ya sea por secuestro o detención sin orden judicial y sin cumplir algún procedimiento legal”, revela el informe.
De acuerdo con el documento, la represión contra la participación política de las mujeres y la pérdida de las libertades ciudadanas, viene imponiéndose desde hace varios años. Las organizaciones de mujeres han sido excluidas de toda relación con el Estado, las comisiones interinstitucionales que alguna vez existieron, perdieron todo funcionamiento y las líderes locales han sido expulsadas por las autoridades orteguistas, tanto a nivel local como nacional.
El informe del Observatorio de la Articulación de Movimientos Sociales detalla que la mayoría de mujeres agredidas son activistas de organizaciones nacionales que promueven la resistencia cívica y pacífica. Otras son familiares de quienes han sufrido represión como abogadas, periodistas o médicas.
“Del total de mujeres a las que se privó de su libertad, 35 fueron secuestradas, por policías o por individuos encapuchados y fuertemente armados, identificados como fuerzas paramilitares partidarias. Solo algunas fueron detenidas por autoridades policiales debidamente identificadas, que procedieron contra 12 de ellas. 51 mujeres relataron haber sido asediadas o agredidas en sus domicilios por grupos parapoliciales o policías. En ocho casos los asedios fueron de tal gravedad que sus viviendas fueron atacadas con piedras, golpes en las puertas o les impidieron salir de la misma, al igual que a sus familiares”, menciona el documento.
También hubo denuncias de amenaza y hostigamiento contra mujeres en Jinotega, Masaya, Estelí, Matiguás y Diriá. Dos de ellas denunciaron haber sido detenidas por la Policía por portar la bandera nacional durante las fiestas patronales en Jinotepe, Carazo. Seis fueron detenidas por policías y paramilitares en Managua por colocar mantas reclamando la liberación de las presas y presos políticos.
Abuso e impunidad contra mujeres agredidas
El último año las organizaciones de mujeres fueron eliminadas de los Consejos Municipales y Departamentales y sus marchas fueron impedidas por policías antimotines y grupos violentos. Nueve sedes de organizaciones civiles y de mujeres fueron asaltadas, intervenidas, confiscadas o robadas por las autoridades y “líderes feministas se vieron obligadas a salir al exilio, otras fueron asediadas, secuestradas, detenidas, torturadas, violadas o acusadas penalmente”.
“El falso discurso de amor, paz y reconciliación de la pareja dictatorial, contrasta con la realidad que sufren jóvenes mujeres que han denunciado violaciones múltiples y toda clase de abusos sexuales cuyos dramáticos casos no pueden ser llevados ante la justicia, dada la complicidad de todo el sistema judicial”, dice el documento.
El informe señala que desde 2008 muchas mujeres denunciaron amenazas, manoseos, insultos, golpes y violaciones sexuales, que ocurren desde el momento en que son privadas de libertad. Un testimonio que detalla el documento es el de una joven que fue violada en la carretera de Matagalpa hacia Managua, por seis hombres que se identificaron como de la Juventud Sandinista.
“Una mujer adulta fue violada por personeros del partido de Gobierno, y que denunció la agresión ante las autoridades policiales en Rivas, no logró que le entregaran la documentación para proceder con evidencias ante la justicia”, menciona el dossier.
Sistema judicial viciado
También de acuerdo con el informe, el sistema judicial actúa en complicidad con la Policía y la Fiscalía. Cuando se trata de acusaciones, en los juzgados los procesos pasan con mucha celeridad. Algunas mujeres agredidas han sido acusadas penalmente por diversos y graves delitos y esperan resolución de los procesos.
“En dos situaciones la Policía invadió sus domicilios con acusaciones de secuestro o tenencia de drogas, sin que las mismas llegaran a los juzgados. Los abusos del sistema judicial incluyen la “amnistía” de una mujer exiliada en Costa Rica que había sido enjuiciada por dos graves delitos de los que nunca fue notificada. O el asedio de su domicilio en Ocotal, a pesar de estar en el exilio desde el 2018. Otras tres exiliadas en Costa Rica fueron notificadas que sus causas fueron archivadas, pero no pueden regresar a Nicaragua por falta total de garantías”, afirma el Observatorio.
La represión, según el documento, alcanza a las defensoras de presas y presos políticos. Una abogada de la CPDH, fue detenida y agredida en las instalaciones de la Policía en Masaya al acompañar a un excarcelado y afronta una acusación penal por “obstrucción de procedimiento y amenazas” por haber rechazado el abuso físico de un policía. En este mismo caso, la Corte Suprema tiene pendiente resolver si le impedirán continuar ejerciendo su profesión.
“Tres abogadas de Managua, Masaya y Estelí han sido hostigadas y procesadas por manifestarse cívicamente y enfrentan acusaciones por múltiples y graves delitos. Otra abogada de presas y presos políticos, en Managua fue secuestrada por la Policía durante varias horas y llevada en su vehículo a un depósito municipal, debiendo pagar una fuerte suma de dinero para poder retirarlo; posteriormente fue amenazada por un sujeto que pretendía, -con un arma en la mano-, detener su vehículo en Matiguás”, sostiene el informe.
