9 de octubre 2019
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La retención de papel por parte del régimen de Daniel Ortega acelera el cierre de la versión impresa de los periódicos en Nicaragua, país que está inmerso en una crisis social, política y económica que, además de cientos de muertos y decenas de miles en el exilio, ha dejado una reducción significativa de anunciantes.
El régimen, en cambio, sostiene que el cierre de los periódicos obedece a razones administrativas, económicas y de credibilidad, más que a la retención del papel de prensa.
La tesis del Ejecutivo es que los principales diarios están pagando el precio de cubrir las manifestaciones antigubernamentales de forma sesgada, y por ello han perdido anunciantes, suscriptores y lectores.
Juan Carlos Ortega, uno de los hijos del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, indicó en un tuit, en alusión al cierre de la revista satírica "El Azote", que "Aquellos caricaturistas quedaron presos en las 4 paredes de su propio veneno. El Odio les hizo Ciegos... El Humor se hizo Humo".
Para el editor en jefe del diario La Prensa, Eduardo Enríquez, el régimen está decidido a reducir a los medios independientes al punto "de la irrelevancia".
Enríquez dijo a Efe que la crisis de los periódicos en Nicaragua es mayor debido a los obstáculos que impone el Gobierno y sus ataques a la libertad de expresión e información.
"Se combina con la crisis económica interna y la crisis mundial de los medios. Es la tormenta perfecta", valoró.
El editor en jefe del periódico Hoy, Fabián Medina, dijo a Efe que apagaron su versión digital "básicamente para ahorrar ese dinero", porque el bloqueo aduanero ha hecho que tengan que ajustar "con centavos para sobrevivir".
El bloqueo de materias primas
El bloqueo aduanero que mantiene el Estado nicaragüense desde hace 13 meses del papel, tinta y otras materias al Grupo Editorial La Prensa, que publica el diario La Prensa y Hoy, y a la empresa ND Medios, obligó al cierre de El Nuevo Diario, el segundo periódico de importancia en el país centroamericano.
El Nuevo Diario, el segundo más antiguo de Nicaragua, así como el rotativo Metro y el medio digital Maje, todos propiedad de ND Medios, del grupo financiero nicaragüense Promerica, dejaron de circular hace 11 días a causa de las presiones económicas del régimen de Ortega.
La retención de papel también hizo desaparecer de las calles al periódico popular Q'Hubo, que también pertenecía a ND Medios, desde diciembre pasado.
En tanto, el diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, anunció el domingo el cierre de su edición impresa del suplemento satírico semanal "El Azote", tras casi 25 años de publicaciones dominicales, debido a que el Gobierno sandinista mantiene retenido su papel.
Mientras el periódico Hoy, dirigido a segmentos populares, apagó este lunes su versión digital, para sobrevivir a los problemas económicos derivados del bloqueo aduanero de su materia prima.
Aduana empezó a bloquear las materias primas desde septiembre de 2018, cinco meses después que estallara la crisis, y de acuerdo con los periódicos, "sin ninguna justificación legal o administrativa".
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha criticado la situación que ha llevado al cierre medios de prensa en Nicaragua, y lo ha catalogado como una "violación de la libertad de expresión y de prensa".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE-CIDH) también han expresado su "gran preocupación" por el cierre de los diarios y han recordado al Gobierno de Managua que "la Convención Americana prohíbe a Estados usar medios indirectos para restringir a la prensa".
En tanto, la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al Gobierno de Ortega por la "asfixia económica y continuos ataques a la integridad de los periodistas y medios de comunicación", y demandó liberar los insumos retenidos a los periódicos.
La política gubernamental hacia la prensa independiente también ha hecho desaparecer decenas de programas televisivos y radiales y un canal de televisión cuyas instalaciones permanecen ocupadas por la Policía Nacional desde hace 10 meses.
El asedio policial y grupos oficialistas han llevado al exilio a por lo menos 90 periodistas, según la Fundación Violeta Barrios, que entre abril de 2018 y agosto de 2019 registró al menos 1080 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinato, entre otras transgresiones.
