8 de octubre 2019
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Ni la Policía Nacional ni el Ejército de Nicaragua han brindado información sobre el asesinato de dos miembros de una familia en la zona conocida como La Pimienta de Río Indio, dentro de la Reserva Indio Maíz. Los comunitarios de San Juan de Nicaragua aseguraron que se trata de una rencilla familiar por invasión de tierra.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, confirmó la muerte de dos personas de una familia de apellido Calderón. El crimen, de acuerdo al activista, es parte del aumento de conflictividad social en la zona del sureste del país debido al tráfico ilegal de tierra, invasiones de colonos a la reserva y la extracción de minerales.
Explicó que se han registrado otros asesinatos en los últimos meses y al igual que ahora, las autoridades no han brindado información sobre estos casos.
https://www.confidencial.digital/continua-invasion-en-territorios-indigenas-y-areas-protegidas/
Un investigador y experto en temas ambientales dijo a Confidencial que Indio Maíz ha perdido alrededor de 30 000 hectáreas —unos 300 kilómetros cuadrados de su cobertura—, a causa del despale provocado por colonos en la última década, principalmente, y los incendios.
El experto calcula que “alrededor del 20 y 30% de la reserva ya ha sido invadida por colonos. Gente que se apodera de, aproximadamente, 50 manzanas por familia, como mínimo, y luego van despalando gradualmente para sembrar y hacer potreros”. La principal razón de la destrucción y desforestación es la creación de tierra para ganadería.
Dicha invasión es promovida por pastores de iglesias, que se asientan en la zona protegida. Señala, específicamente, a la Iglesia de Dios de la Profecía. Al menos cuatro de estas iglesias pueden fácilmente ubicarse en Google Maps, en esa zona del país. En una reunión con los guardabosques de Indio Maíz, el investigador supo que “están justificando la invasión y destrucción con la Biblia, dicen que la tierra es para producirla como Dios manda”.
https://www.confidencial.digital/gobierno-premiara-a-invasores-de-la-reserva-indio-maiz/
A través de comunicados y solicitudes, las comunidades demandan atención y una respuesta. “Todo es ignorar de parte de las instituciones del Estado. Queremos una reunión nacional, las delegaciones de Bluefields o de San Carlos, no toman decisiones, solo viene de arriba. Queremos una reunión con los autores competentes en la protección de la reserva”.
Se trata de un reclamo que ha persistido a lo largo de los años, y que hoy se ve aún más ignorado por la actual crisis sociopolítica que empezó en abril de 2018, cuando el Gobierno reprimió manifestaciones pacíficas, empezando por la de los ciudadanos que clamaban por la salvación de Indio Maíz. Un año después, el régimen Ortega Murillo hizo más por extinguir los clamores y demandas de la población, que por tomar acciones para proteger la reserva.
Otras denuncias
En julio de este año Fundación del Río, que fue despojado de su personería jurídica por la Asamblea Nacional, en una represalia del orteguismo ejecutada por su aplanadora en la Asamblea Nacional, denunció ante los medios de comunicación un nuevo caso de invasión en la Reserva Biológica Indio Maíz.
De acuerdo a la documentación suministradas por los guardaparques de esta organización, Juan Antonio Dumas presentó una escritura, hecha a mano, que lo acredita como el dueño de al menos 176 manzanas de tierras ubicadas en la zona núcleo del área protegida.
https://www.confidencial.digital/incendios-forestales-caribe/
El documento, que no tiene ninguna validez, otorga el derecho de posesión del área que anteriormente estaba a nombre de Sonia López. La venta fue registrada el 3 de febrero de 2015, y el abogado y notario que realizó el documento responde al nombre de Alexis José Cano García, originario del Municipio del Tortuguero, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
“El licenciado Cano García ha violado la ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas. Según esta ordenanza el único documento que legaliza la permanencia de un tercero en un territorio indígena, es que posea un título de Reforma Agraria, entregado antes de 1987. De no tenerlo, cualquier documento que se presente es nulo. No se puede titular a privados en territorios indígenas”, explicaron los miembros de Fundación del Río.
En su denuncia Fundación del Río exigió la suspensión de Cano García como notario público, pues actuó contra “lo dispuesto en el Código Civil y la Ley de Identidad Ciudadana, así como las leyes que protegen las áreas protegidas del sureste de Nicaragua.
