8 de octubre 2019
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Al menos 139 presos políticos permanecen en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a casi cuatro meses de la aprobación de la autoamnistía orteguista, el pasado ocho de junio, y la última liberación masiva de manifestantes y líderes de la protesta, tres días después.
El 11 de junio, bajo esta ley, fue excarcelado el último grupo de reos políticos, que incluyó a los principales líderes de la protesta cívica y rostros de la resistencia contra la dictadura, entre ellos campesinos, estudiantes, periodistas y miembros de las expresiones de la sociedad civil que se organizaron para demandar justicia, democracia y libertad, en respuesta a la masacre contra la Rebelión de Abril.
Sin embargo, casi 80 presos políticos no fueron excarcelados con este grupo. A ellos la dictadura los acusa de ser delincuentes comunes, vinculándolos principalmente a supuestos robos y narcotráfico, que según sus familiares y organizaciones de derechos humanos se trata delitos fabricados para mantenerlos en prisión.
Desde entonces, menos de una docena fueron liberados en los meses posteriores, pero la lista aumentó a 139 porque el régimen no ha parado las detenciones ilegales ni cacería contra los manifestantes. Incluso, al menos nueve excarcelados han sido arrestados nuevamente, entre junio y septiembre de este año, acusados por nuevos delitos.
Se trata de Bryan Cruz Calderón y Kevin López Aróstegui, de Estelí; José Gómez Vanegas y Róger Gutiérrez Díaz, de Masaya; Jorge Luis López Mendoza, de León; y Francisco Hernández Morales, Fernando Ortega Alonso, Richard Saavedra Cedeño y Jaime Navarrete Blandón, de Managua. Además, Navarrete, recapturado el 24 de julio, ya ha sido condenado por la justicia orteguista, y sus familiares han denunciado su estado crítico de salud, por fracturas en las costillas y nariz tras palizas durante su detención y estadía en prisión, donde ha sido objeto de torturas físicas y sicológicas.
Los últimos presos políticos
9 de los reos políticos que aún están en prisión fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía, que fueron recapturados entre junio y septiembre de 2019. De ellos, seis tienen causa abierta por nuevos delitos, dos permanecen detenidos sin un proceso judicial y uno de ellos, Jaime Navarrete, ya ha sido condenado.
1 de los 139 presos políticos es una mujer. Se trata de María Guadalupe Ruiz Briceño, estudiante universitaria originaria del municipio de Belén, en Rivas. Ella fue capturada durante un plantón en Catedral de Managua, el 13 de junio de 2019.
64 presos políticos ya han sido condenados por supuestos delitos comunes; otros 48 tienen una causa judicial abierta, que en la mayoría de los casos han tenido juicios o audiencias reprogramadas o pospuestas sin ninguna justificación.
19 reos políticos permanecen detenidos en cárceles de la dictadura, aunque no hay una acusación formal en contra de ellos o no hay ninguna causa judicial abierta.
El listado de la Alianza Cívica
A finales de septiembre, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó un listado preliminar de los reos políticos que permanecen en prisión, según datos confirmados hasta el pasado 23 de ese mes.
La Alianza detalló que la información fue sistematizada por un grupo interdisciplinario que se basó en datos de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, redes territoriales, activistas en redes sociales, organizaciones de familiares de presas y presos políticos, excarcelados, abogados, defensores de derechos humanos y denuncias ciudadanas.
En la lista se incluyen: excarcelados que han sido capturados nuevamente “como parte de la persecución política y acusados de nuevos delitos”. Además, presos políticos que permanecen en prisión tras la última excarcelación masiva, personas reportadas como desaparecidas y nicaragüenses que han sido reportados como víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, pero cuya información o ubicación está pendiente de ser confirmada o verificada.
“Resaltamos el alarmante aumento de personas reencarceladas como consecuencia de la persecución política”, denunció la Alianza Cívica, tras detallar los nueve de los casos que corresponden a excarcelados que volvieron a prisión, entre los cuales hay seis que ya enfrentan un nuevo proceso judicial.
La Alianza Cívica también condenó la persecución política con “detenciones arbitrarias e ilegales de la que siguen siendo víctima las y los presos políticos y sus familiares”.
78 nuevos presos políticos
El presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua y miembro de la Comisión de Verificación y Seguridad de la Alianza Cívica, Álvaro Vargas, aseguró en entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Semana, que los presos políticos continúan como una carta de negociación del régimen, que intentaría usarlos como moneda de cambio en caso de que se reanuden las negociaciones suspendidas a mediados del año.
Diferentes sectores de la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional continúan abogando por la reanudación de un diálogo nacional, para garantizar una salida pacífica a la crisis social, política y económica de Nicaragua, a la que la dictadura se opone, mientras se agota el plazo de 75 días establecido por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para definir el futuro del Gobierno de Ortega dentro de esta instancia internacional. “Ellos necesitan una carta de negociación para cuando esto suceda, cuando sea que pase”, estima Vargas.
Entre abril de 2018 y junio de 2019, la dictadura de Ortega y Murillo acumuló en las cárceles más de 800 presos políticos. Desde la prisión y tras su liberación, los presos políticos han detallado las condiciones inhumanas de la prisión: aislamiento en celdas de castigo o máxima seguridad, negación de atención médica, el servicio de alimentos podridos, brutales palizas, abuso sexual y variedad de torturas físicas y sicológicas.
Vargas sostiene que la Alianza Cívica ha continuado el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y el estado de los presos políticos.
Así, detalló que al menos “59 de los 139 detenidos fueron capturados en 2018; y 78, tenemos registrado, han sido capturados durante el 2019”, de los otros dos restantes no se ha identificado la fecha de detención.
Miembros de la Alianza Cívica, la UNAB, excarcelados políticos y ciudadanos participan en una protesta en la Catedral de Managua este 15 de septiembre. Carlos Herrera | Confidencial
Según Vargas, la Comisión de Verificación y Seguridad está revisando expediente por expediente, pues recordó que “la nueva modalidad de detención del Gobierno, con estos presos, es acusarlos de delitos comunes”. “Nosotros nos dedicamos a agarrar expediente por expediente e identificar, para poder demostrar, en el momento que se necesite, que su detención ha sido por fines políticos, por protestar, y por todo lo que sucede; para que tengamos nosotros la fortaleza de que los expedientes tengan un dictamen jurídico, donde demuestren que son presos políticos, y defenderlos como tales”, dijo.
A Vargas no le cabe duda que la motivación tras estas detenciones son fines políticos. “Por protestar, como ya se ha visto en varias ocasiones, por querer marchar, por participar en piquetes, por salir con una bandera azul y blanco”, enumeró.
La lista conciliada
Entre los reos políticos aún en prisión, también están siete nicaragüenses que eran parte de la lista conciliada hasta el pasado 16 de marzo, entre la dictadura y la Alianza Cívica, cuando se firmaron los compromisos de la negociación, que el Gobierno de Ortega no cumplió.
Estos siete reos de conciencia no fueron liberados ni siquiera con la aprobación de la autoamnistía orteguista.
“El Gobierno no cumplió con la liberación de esa lista, que si lo había hecho públicamente y oficialmente, por escrito, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, denunció Vargas.
Además, hay otros 25 nicaragüenses detenidos antes del 30 de marzo de 2019, que fueron incluidos en la lista que la Alianza Cívica actualizó a finales de ese mes, cuando la dictadura reactivó las detenciones aún en medio de las negociaciones, por una protesta cívica el día 16. La Alianza especificó que estos eran presos políticos, pero tampoco ellos fueron liberados en junio.
Persisten torturas y maltratos
La dictadura también continúa violando los derechos humanos de los presos políticos. Abogados y defensores han documentado las denuncias de los familiares. Además de condiciones de aislamiento y negación de atención médica y acceso a medicamentos, también se han denunciado palizas y torturas físicas y sicológicas.
Vargas reconoció que la Comisión Internacional de la Cruz Roja continúa las visitas a todos los presos, y al menos una vez al mes logran el ingreso de un médico para atender a los reos.
“Lo que sí está demostrado, es que el Gobierno, no cumple con esos requisitos o esas obligaciones, a que tienen derecho los privados de libertad, en estos estándares internacionales para esta materia”, reclamó Vargas.
El miembro de la Comisión de Verificación y Seguridad indicó que, además de monitorear los casos de los presos políticos y revisar uno a uno sus expedientes, la Alianza Cívica también está distribuyendo las listas dentro y fuera del país para informar, verificar y ampliar cada caso, a fin de que cada uno sea puesto en libertad.
