30 de septiembre 2019
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Aunque los métodos de control político del gobierno buscan mantener un nivel de subordinación de la población, hay dos realidades importantes, primero, que esa subordinación está basada en el miedo y sus políticas demuestran la falta de transparencia y el uso de prebendas. Segundo, el deseo por el cambio político es más fuerte cada día. El régimen oculta estas realidades, pero tarde o temprano, por presión popular e internacional tendrá que tragarse el orgullo del absolutismo de Estado y negociar su poder político en un ambiente competitivo. Y si realmente “no las debe, no las teme”, en vez de crear la fachada de reformas unilaterales cosméticas, la presión lo llevará a negociar las reformas de una vez.
El estado policial en Nicaragua
Como parte de una diplomacia defensiva, ante Naciones Unidas, el vicecanciller Valdrack Jaentschke rechazó las pruebas que demuestran que en Nicaragua hay una grave situación de violación de derechos humanos. El embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell, de igual forma sostiene la narrativa del gobierno que en el país hay respeto al derecho a la protesta, la libertad de expresión, y que uno puede andar con tranquilidad en las calles.
La realidad es que la normalidad en Nicaragua es vivir bajo un estado policial en el que las fuerzas de seguridad pública se han dado a la función de controlar la vida cotidiana de la gente para intimidarles e impedir su derecho a la protesta cívica. Además, el rol del estado policial se extiende más allá de las fuerzas del Estado e incluye los motorizados paramilitares, pandillas, y miembros de los Consejo del Poder Ciudadano (CPC). En una encuesta realizada en septiembre 2019 por Borge y Asociados, entrevistando a 1000 nicaragüenses en el país, el 73% dijo conocer que en su comunidad o zona había un CPC, y el 16% -uno de cada quince nicaragüenses- dijo que habían sido “visitados” por un CPC en los últimos 30 días. Las consecuencias de esa presencia son sustanciales: Revela la forma cómo el gobierno gasta sus recursos para mantener el control de la población, lo cual se refleja en las diferencias que la misma encuesta reseña entre la aprobación que la gente le otorga al gobierno de Ortega y su intención de votar por él en una elección.
Por ejemplo, en esa encuesta cerca del 55% de los encuestados dijeron que la gestión del gobierno actual era muy buena (16%) o buena (38%). Esas respuestas sorprenderán al público nacional como contrarias al sentido común, y con razón. ¡Detrás de esa respuesta hay como fuente la presencia del estado policial y su política del miedo, acompañada del clientelismo político— así quien no es popular! En el primer caso, quienes le dan esa favorabilidad al régimen son en su mayoría personas que han sido “visitadas” por un CPC. El efecto intimidación influye sobre la calificación de muy buena de la gestión del régimen: 37% de quienes calificaron de esta forma al régimen fueron visitados personalmente a sus casas por un miembro del CPC. Estas visitas no son para aprender sobre las necesidades de la gente, sino para recordarles quién está a cargo del país.
El recuento de la represión es extenso con denuncias y evidencias sobre la forma en que los líderes opositores son asediados. Sin embargo, la presión se extiende también al ciudadano ordinario, la persona que todos los días tiene que respirar los rótulos en las calles del presidente cristiano y solidario acompañado con el recordatorio personal del miembro del CPC con sus visitas cotidianas. ¿Estado totalitario? ¿modelo cubano? Definitivamente, intimidación en lo fino.
Clientelismo político del orteguismo
Además del estado del miedo y la intimidación está la prebenda, el método clientelista de comprar votos y popularidad. Esto no es accidental, el método de gobernar del régimen es mediante la política de subsidios para mantener apoyo popular en vez de identificar las necesidades del país en función de los retos del desarrollo económico.
El clientelismo de Daniel Ortega es un método primitivo de su estrategia transaccional, con US$20 anuales con frijoles, azúcar, zinc, y otras cosas, intenta comprar el voto de un hogar. Este subsidio no ofrece herramientas que transformen las condiciones sociales de las personas para generar más riqueza. Por ejemplo, en la encuesta realizada en Septiembre de este año por la firma Borge y Asociados, 35% dijeron recibir algún tipo de subsidio del gobierno. De hecho todo transeúnte que usa el sistema de transporte público goza de un subsidio millonario, que Ortega vende como un favor personal, además de otros tipos de ayuda del gobierno.
Sin embargo, estamos ante un ejercicio estrictamente transaccional y no de política pública. Por ejemplo, aunque hay una masa crítica de nicaragüenses que aún simpatiza con el FSLN (40%), de ese grupo sólo menos de la mitad, 40% votaría por Daniel Ortega (en la encuesta 29% de las personas dijo que votaría por él en una próxima elección). ¡Más de la mitad de los mismos simpatizantes del FSLN no quieren votar por el presidente actual! Pero, por otro lado, existe una probabilidad estadística que oscila entre 300% y 700% que quienes fueron visitados por un CPC y recibieron subsidios votarían por el señor Ortega. En términos prácticos, el clientelismo y el miedo combinados explican el 65% del voto por Daniel Ortega, y en realidad, el voto leal a Ortega se resume en uno de tres votantes (11% del electorado nacional). Sin miedo y sin clientelismo Ortega no es más que un personaje popular, altamente conocido, pero no es presidenciable.
La lucha por la democracia y el apoyo a la oposición
Esto no es accidental, Nicaragua está gobernada por un régimen autocrático, que mantiene el monopolio del poder político a nivel institucional, y la fuerza pública y represiva. Sin embargo, los nicaragüenses están claros y rechazan este sistema, y por eso expresan sistemáticamente su deseo de que el país cambie. Más allá de creer que Nicaragua no es una democracia, en otro estudio en una encuesta nacional de Borge en mayo 2019 la mayoría de los nicaragüenses atribuyen la crisis al gobierno.
Más importante aún es que tienen una creencia firme de que, primero, el 85% piensa que el conflicto se resuelva mediante el diálogo y la negociación (la mitad de estos prefiriendo elecciones adelantadas).
Segundo, consideran que, de haber elecciones en este momento, bajo el actual sistema electoral, cerca del 60% de los nicaragüenses no confiarían en los resultados electorales, y 40% considera que habría fraude. Es por ello que, más del 70% consideran que es importante reformar la ley electoral y la composición del Consejo Supremo Electoral, respectivamente.
Tercero, los nicas están conscientes que existe un movimiento de resistencia política por el cambio no violento. En mayo 2019, 47% y 56% de los nicaragüenses decían conocer de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), respectivamente. De ellos, 25% apoyaba la labor política que están realizando. En la encuesta nacional de septiembre 2019, 33% dijo que votarían por una coalición política compuesta por UNAB y ACJD. Es decir, más gente votaría por la coalición que por Ortega.
Sin embargo, lo más interesante es que al preguntarles que si de darse una elección, por quién votarían en este momento, la simpatía por una coalición opositora es fuerte, e incluso superior al presidente actual, pero incluso un porcentaje importante de los partidarios de Ortega no votarían por él, si está presente la coalición. Por ejemplo, quienes dicen no saber por quien votar, si la opción de la coalición se les presentara, casi la mitad de ellos (13% del 32%), y quienes ahora escogerían a otro candidato, 12% escogerían a la coalición.
El espíritu y deseo democrático en Nicaragua es nacional, no tiene ideología, partido, o clase. Además de la resistencia en la calle, el desgaste económico causado por la represión del régimen y su crisis, así como el miedo, tienen límites. La “normalidad” de la que habla el gobierno, es el resultado de la manipulación, intimidación y limitación económica, que los nicaragüenses van enfrentando día a día y con menor lealtad al régimen.
A Daniel Ortega y Rosario Murillo les conviene negociar su salida del poder, dejar que la democracia vuelva a Nicaragua con libertad, inclusión y justicia, y ajustarse a esas reglas de juego. Los nicaragüenses quieren algo mejor que esto, la mitad lo quiere antes de Noviembre 2021, la economía no irá en favor del régimen y 80% de sus electores miran mal que lo económico es lo más complicado en este momento.
De igual forma las presiones internacionales tampoco están del lado del régimen. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos, con pocas excepciones como Bolivia, creen en la mediación y el cambio por la vía electoral. Además, mas del 50% de los nicaragüenses consideran que las gestiones de la misión de la OEA ayudarían al país a salir de la crisis.
El ejercicio de la fuerza, la violencia, y la soberbia política no estarán más del lado del gobierno para garantizarle su continuidad. Una negociación seria y justa, es la única salida que puede crear una transición democrática para Nicaragua ante la presión nacional e internacional.
