25 de septiembre 2019
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La Fiscalía General de la República, que encabeza la exguerrillera y también comisionada general en retiro, Ana Julia Guido, ha desestimado, archivado, o simplemente obviado, todos los casos en los que paramilitares y policías han sido señalados como sospechosos de crímenes contra aquellos nicaragüenses que han reclamado sus derechos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la rebelión ciudadana que estalló el 18 de abril de 2018.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que investigó los crímenes de la represión ocurridos entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018, por un mandado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptado por la dictadura, reveló en su informe final que durante ese periodo ocurrieron 109 muertes violentas, de las cuales al menos “100 no han sido siquiera judicializadas”, es decir, que “se encuentran en impunidad”.
De los nueve casos que sí han sido judicializados, seis corresponden a víctimas vinculadas con el gobernante Frente Sandinista. Acción que para el GIEI indica que el régimen “pretendió con estos casos dar una muestra a sectores afines, de su compromiso con el castigo de los crímenes perpetrados en contra de personas vinculadas al Gobierno”.
Los cuatro expertos del GIEI tuvieron también conocimiento de casos en los que la Policía lavó la escena del crimen, como el de los jóvenes Franco Alexander Valdivia Machado y Francisco Orlando Pérez Corrales, asesinados a tiros el 20 de abril de 2018, frente a la Alcaldía de Estelí. En la madrugada inmediata, los mismos empleados de la comuna, con mangueras y escobas, lavaron la sangre derramada por los jóvenes.
Diez días después, la Policía apareció en la escena, para supuestamente realizar las investigaciones del caso, según relata el mismo informe final. “La familia nunca fue notificada de la realización de esta acción y se enteraron por los vecinos que vieron a los peritos trabajar en el lugar”, indicaron los expertos.
En el caso de Franco Valdivia, el Ministerio Público fue más allá: archivó la denuncia y se ha negado en reiteradas ocasiones atender a la familia de la víctima. “La última vez que fuimos a la Fiscalía, tuvimos que ingresar a la fuerza y enviaron a los de seguridad para sacarnos”, afirma Francys Valdivia, hermana del asesinado y presidenta de la Asociación Madres de Abril, que reúne a familiares de los asesinados durante la represión orteguista.
Valdivia, abogada de profesión, explica que la Fiscalía de Estelí les informó que el caso fue trasladado a la sede central en Managua, hasta donde han acudido, pero la respuesta ha sido “no atendernos y no recepcionar nuestras solicitudes por escrito conforme al derecho que nos asiste como ofendidos”, denuncia.
Callar ante los hechos
La Fiscalía también ha obviado los hechos para encubrir los crímenes de paramilitares orteguistas o funcionarios de las fuerzas de seguridad. Esa es la modalidad en el caso del asesinato del preso político Eddy Montes Praslin, ocurrido en la cárcel La Modelo, de Tipitapa.
Este 16 de septiembre, Montes cumplió cuatro meses de haber sido asesinado de un tiro por un custodio del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), en Tipitapa. Hasta el momento, la Fiscalía ha obviado todas las solicitudes de investigación que ha hecho Leyla Prado, representante de Montes y abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Prado presentó a principios de septiembre, un tercer escrito ante el Ministerio Público para que investigue y determine al culpable. Desde el pasado 31 de mayo, Eddy Jafet Montes Montenegro, hija de preso político asesinado, interpuso en la Fiscalía una denuncia contra los altos mandos de La Modelo: Julio Guillermo Orozco, director general del SPN; Darling Morales Duarte, directora del penal, y Donald Pérez Garay, director del área de máxima seguridad.
El Ministerio Público ha guardado silencio sobre este caso. Sin embargo, el régimen envío a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), un documento con su versión de los hechos: Montes —alegan— se amotinó e intentó fugarse junto a otros reos políticos. En esa acción, atacó con un “arma cortopunzante metálica de 19 centímetros de longitud y 3 centímetros de ancho” a un custodio, quien afirman que no tuvo más opción que disparar. Además, justifican que no le brindaron atención médica porque los compañeros de celda no lo permitieron.
Presos políticos excarcelados han declarado en varias ocasiones que Montes Praslin no participó de la protesta que originó el altercado con los custodios, aquel 16 de mayo, sino que estuvo todo el tiempo alejado.
Exfiscales consultados por CONFIDENCIAL consideran que una posible resolución fiscal del caso de Montes irá en el sentido de “convertir a la víctima en agresor, y al victimario en agredido”.
Esa narrativa del régimen es la misma utilizada, con sus matices, en el caso del joven Javier Munguía, el único caso sobre la muerte de un autoconvocado que la Fiscalía ha desestimado oficialmente, mientras los demás crímenes de la dictadura han sido archivados u obviados por el Ministerio Público.
Las violaciones al debido proceso
La orden de El Carmen culmina en una negociación entre un fiscal y el defensor público de la CSJ
El Complejo Judicial de Managua con presencia excesiva de policías y antimotines cuando se realizan juicios de líderes y denuncias, en febrero de 2019. Carlos Herrera | Confidencial
Una fuente de la Fiscalía indicó a CONFIDENCIAL que previo al levantamiento cívico de abril, los procesos penales en Nicaragua se resolvían “por la vía de la admisión de hechos”. Esto ha permitido que ante la opinión pública existan más condenas y procesos terminados, mientras para el sistema de justicia aparente que se han “esclarecido” los delitos, y los gráficos de seguridad muestran un “país con muchos presos por delitos graves”.
Sin embargo, esta situación ha implicado:
- Violar los derechos a un juicio justo y con garantías para víctimas y acusados.
- Que la Fiscalía evite mostrar todas las pruebas que obtiene en una investigación, permitiendo ocultar todas las irregularidades y trámites ilegales cometidos por la Policía.
- Perpetuar la cadena de violaciones al debido proceso y cadena de custodia. Asimismo, se han obtenido condenas de personas que fueron ilegalmente detenidas violentando sus derechos constitucionales.
Tal sistema, según la fuente, funcionaba bajo la coordinación con los defensores públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque en la mayoría de los casos “es con ellos con quienes los fiscales negocian la admisión”.
