21 de septiembre 2019
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La crisis política que enluta a Nicaragua y mantiene postrada a su economía, comenzó antes del 18 de abril, y entre sus raíces el presidente de la ilegalizada Fundación del Río, Amaru Ruiz, ubica los problemas de origen ambiental. “Esta situación no inició en abril de 2018, con las violaciones a derechos humanos que todos recordamos. Comenzó antes, con las protestas por Rancho Grande, las movilizaciones campesinas en contra del canal interoceánico”, y las protestas por el manejo inadecuado del incendio en la reserva Indio Maíz, explicó el ambientalista.
Ruiz fue uno de los invitados por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), para participar en el conversatorio ¿Hacia dónde va Nicaragua?, efectuado esta semana en San Salvador.
Junto a él, Madelaine Caracas, estudiante universitaria y feminista, recordó que su generación fue tachada de apática, y de estar lejana de los conflictos que vivía el país, hasta que los hechos demostraron cuán equivocados estaban quienes pensaban de esa forma.
“Nunca pensé que estaría en el escenario político, y estoy segura que muchos jóvenes también dirían lo mismo”, dijo la activista.
Dictadura institucional
También presente en el acto, el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, recordó que, desde el inicio de la administración Ortega, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), advirtió que en el país se estaba instaurando “una dictadura institucional”.
“En esa época, nos reclamaban que mostráramos los muertos para afirmar que se trataba de una dictadura, y sí los había”, dijo en referencia a las bajas que reporta el Ejército de Nicaragua, cuando informa de sus supuestos combates con grupos a los que denomina “bandas delincuenciales”, aunque muchas veces queda la sospecha de que se trata de ciudadanos descontentos que toman las armas para que el Gobierno les escuche.
Ruiz coincide con Carrión al señalar que desde mucho antes de abril de 2018 se reportaba la persecución y muerte de activistas y opositores en las zonas rurales del país, pero no es hasta que esa represión se traslada a las ciudades en que se vuelve visible.
“Las redes sociales amplificaron lo que estaba pasando, y le dieron salida al descontento acumulado”, graficó.
El defensor de la naturaleza recordó cómo desde el gobierno se fomentaron los procesos extractivistas de recursos como la madera, o minerales preciosos como el oro y la plata, o cómo se fomentó que colonos llegados desde el pacífico y centro del país, invadieran las reservas naturales, o las tierras indígenas.
El detonante fue la gestión gubernamental del incendio de la reserva Indio Maíz, en especial cuando el Estado respondió con cuatro días de atraso, a la crisis ambiental que también fuera denunciada por las etnias rama y creol.
Patria libre… para vivir
Caracas defendió que la juventud nunca estuvo apática… o al menos, no toda ella, como lo evidencia la participación de muchos jóvenes en diversos movimientos sociales –feministas, ambientalistas, y hasta Ocupa INSS- desde los que intentaban fiscalizar al poder.
La intención era, y sigue siendo “vivir en un país libre, en el que podamos incidir en las políticas públicas”, explicó Caracas.
En ese sentido, destacó cómo la vieja consigna de ‘patria libre o morir’, que gritó la generación que hizo y defendió la revolución, se convirtió en ‘patria libre para vivir’.
“Nuestros padres estaban dispuestos a poner el pecho, pero nosotros nos preguntamos por qué tenemos que seguir poniendo el cuerpo. ¿Por qué en nuestro país tiene que haber una dictadura a la que no le importe los derechos de las mujeres, los campesinos, los indígenas?”, preguntó.
“El Estado ha ignorado o violentado la vida de las mujeres y las niñas, que también han salido a las calles a protestar. Este es un gobierno machista que culpabiliza a las víctimas”, dijo la joven opositora, quien instó a hablar de lo que sucede, para evitar que caigamos en un orteguismo sin Ortega.
La propuesta no es solo a hablar, sino también a dialogar, y no solo como ahora, cuando la espina dorsal del país está atravesada por la crisis, sino todo el tiempo, porque “el diálogo es indispensable para construir la nueva Nicaragua”, enfatizó.
En su intervención, Gonzalo Carrión, que trabaja desde el exilio en Costa Rica con el colectivo ‘Nicaragua, Nunca Más’, mencionó que “el exilio es evidencia de que Nicaragua está gobernada por una dictadura militar criminal”.
“La familia gobernante no tenía legitimidad para estar en el poder porque se robó las elecciones, y perdió el derecho de gobernar cuando causó el primer muerto”, aseveró, recordando que “el futuro de Nicaragua pasa por el retorno de los exiliados”.
Ramiro Orías, miembro de DPLF, la entidad anfitriona, recordó cómo hace 30 años, la crisis de los años 80 se solucionó “porque hubo una respuesta centroamericana”, que se manifestó en las reuniones de Contadora y el proceso de Esquipulas, que se cerró con el otorgamiento del premio Nobel de la Paz al presidente costarricense Oscar Arias.
En contraste, el liderazgo centroamericano actual luce “más pasivo”, con varios presidentes coqueteando con Ortega, aunque Orías identifica “una actitud esperanzadora”, con el cambio de Gobierno en El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, que no solo cuestionó a Ortega antes de las elecciones salvadoreñas, sino que sumó el voto de su país, al de las naciones que condenan la represión criminal efectuada por la dictadura nicaragüense.
