7 de septiembre 2019
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La dictadura Ortega-Murillo rechazó el informe final presentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH), en el que Michelle Bachelet asegura que la represión en Nicaragua ha continuado desde 2018, pese al amago de diálogo político entre el oficialismo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El informe de la OACNUDH no solo recaba las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre abril y septiembre de 2018, cuando las protestas ciudadanas fueron prohibidas por la Policía, sino que el ente de Naciones Unidas detalla las nuevas fases represivas impuestas por el estado de sitio de facto, que incluye arrestos y detenciones arbitrarias, cortapisas al derecho de movilización, así como la utilización del sistema judicial como método represivo en contra de opositores.
“El período del informe (del 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019) debe considerar la realidad actual y no retrotraerse a hechos de períodos anteriores al 19 de agosto de 2018”, asegura el reclamo del Gobierno, que implícitamente en esa afirmación acepta que masacró las manifestaciones ciudadanas. “OACNUDH incumple este mandato del Consejo de Derechos Humanos, al insistir en incluir información sobre hechos ocurridos con anterioridad”, reclama la dictadura.
Expulsado
El régimen Ortega-Murillo expulsó del país a la misión de la OACNUDH en agosto de 2018. Sin embargo, la oficina dirigida por Bachelet continuó un monitoreo constante sobre los episodios represivos en Nicaragua.
“Los arrestos y detenciones arbitrarias continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, pese a que se reinstaló el diálogo nacional. Persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, resalta el ente de Naciones Unidas.
El reclamo de la dictadura —acusada de cometer crímenes de lesa humanidad— refuta el informe actualizado de la oficina, encabezada por Bachelet, argumentando que “la metodología citada para la recopilación de la información, OACNUDH no adjunta la evidencia de cómo actuó con la debida diligencia. De manera que la identificación de fuentes y la recopilación de la información se realizó a partir de criterios parcializados y arbitrarios, lo que no se corresponde con un informe metodológicamente serio”.
El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, actualmente exiliado en Costa Rica, aseguró que el informe de la OACNUDH reafirma las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen.
“Este informe también reitera la nula voluntad del régimen de no investigar los graves crímenes ocurridos. El informe ratifica que el Gobierno de Daniel Ortega es un violador de derechos humanos a nivel universal”, afirma Carrión.
“Era necesario un informe como este, con contundencia, de la alta comisionada (de la ONU), que se añade también a informes que ha hecho la CIDH, sobre todas las cosas que ha recomendado, también el cese de la represión y el estado policial que impera en las ciudades y, que se ha introducido en los colegios y también en las universidades. Obviamente, mentir y a la vez evadir las evidencias, lo que solicitan los organismos internacionales, es la técnica de Ortega que lo hunde más, y le genera mayor presión”, comentó el estudiante universitario Lesther Alemán de la Alianza Cívica .
“Justicia” para criminalizar
El equipo de Bachelet advierte que se ha utilizado el sistema de justicia (leal y obediente al orteguismo) para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
“El monitoreo de algunos procesos penales contra personas detenidas en el contexto de las protestas también ha puesto de manifiesto deficiencias e incompatibilidades notorias en la aplicación de la legislación penal nacional con las normas y estándares internacionales sobre el debido proceso”, afirman.
Carlos Herrera | Confidencial
Durante el periodo analizado, la OACNUDH afirma que los principales grupos civiles creados tras el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua fueron objeto de ataques, lo que se suma a las medidas que el régimen tomó contra reconocidas organizaciones no gubernamentales que operaban desde antes.
La ONU recaba que a nueve organizaciones no gubernamentales críticas se les canceló la personería jurídica. Entre las cerca de 200 entrevistas que el organismo de Bachelet realizó para sustentar su informe figura la del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien admitió que “los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas y que los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno”.
Mientras que el régimen contravino, asegurando que “nueve Asociaciones perdieron su personalidad jurídica, por desnaturalizar sus fines y objetivos e hicieron uso de su esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos ilícitos en el contexto del intento de golpe de Estado, violando sus propios estatutos”.
Estado policial “incompatible”
El informe califica de “incompatible con las normas y estándares internacionales aplicables” el estado policiaco impuesto por el régimen.
“Es desproporcionado para controlar reuniones pacíficas que no superan las 100 personas. El derecho de reunión pacífica no debería estar sujeto a autorización previa y solo puede restringirse de conformidad con el principio de proporcionalidad para mantener y proteger la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, el orden público, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás”, remarca el informe, en referencia a las prohibiciones policiales para impedir protestas ciudadanas.
Agentes de la Policía Nacional apostados frente a la iglesia San Antonio, en Jinotepe, Carazo. Foto: Carlos Herrera / Confidencial
De acuerdo al análisis de la alto comisionada, con frecuencia se observó “un gran despliegue de policías en las zonas urbanas, en particular en los centros comerciales, los juzgados y las iglesias católicas, y en sus inmediaciones”.
“Este inusual despliegue masivo generó un efecto intimidatorio en las personas que deseaban manifestarse pacíficamente. La represión de las manifestaciones por parte de la Policía, junto con los ataques de elementos armados progubernamentales, tuvo un efecto disuasorio que dio lugar a la cancelación de muchas protestas o a la decisión de los manifestantes de disgregarlas en concentraciones menos numerosas”, se lee en el informe.
El informe final de la alta comisionada de derechos humanos alerta además que, la fase más reciente de la represión contra los sectores críticos con el régimen, se ha caracterizado “por la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación, y reunión pacífica”.
“Los funcionarios del Gobierno han recurrido a la retórica para desacreditar y atacar a los defensores de derechos humanos, los periodistas y las personas críticas con el Gobierno. Esta situación ha conducido a una reducción continua y notable del espacio cívico”, documenta el informe.
La dictadura Ortega-Murillo alega que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima “a un golpe de Estado fallido”, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos.
Al final de su reclamo, el Gobierno sostiene que el informe “no es aceptable (…) por cuanto pretenden realizar transformaciones profundas en la superestructura del Estado y su funcionamiento jurídico, que son propios de su independencia, soberanía y autodeterminación”. Y agrega: “El informe manifiesta una tendencia de injerencia directa en los asuntos internos del país al intentar subordinar la institucionalidad nacional a la tutela de organismos internacionales”.
Sin embargo, el documento de la OACNUDH sostiene que la actitud del régimen “refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado”.
Catorce recomendaciones
La ONU recomienda al Estado de Nicaragua que anule de la Ley de Amnistía del régimen, y que se lleve a cabo una investigación para que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones sumarias y torturas, sean sometidos ante la justicia, y que los crímenes no sigan en la impunidad.
Bachelet recomienda que se proceda al desarme y desarticulación de los grupos armados progubernamentales, o sea los paramilitares, cuya existencia aún sigue negando el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés.
Y además, recomienda que se restablezcan de inmediato todas las libertades democráticas, que se encuentran conculcadas.
