29 de agosto 2019
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Un desconocido asesinó a balazos a Francisco Blandón Herrera, en la comunidad San José de Maleconcito, ubicada en Wiwilí, Jinotega. De acuerdo con distintas versiones, el hombre que realizó los disparos escapó del sitio a bordo de una motocicleta negra sin que nadie pudiera reconocer su identidad. Blandón era esposo de Thelma Montenegro, hermana de Oliver y Edgar Montenegro, ejecutados de forma violenta este año.
Los testigos aseguraron a los medios de comunicación locales que Blandón regresaba a su casa, ubicada en San José de Kilambé, a escasos cinco kilómetros donde quedó su cuerpo. A pesar de que la Policía llegó al lugar para recabar información, todavía no han emitido comunicado alguno sobre la situación. Los vecinos no descartan que el crimen sea político.
Blandón es el cuarto integrante de la familia Montenegro que ha sido ejecutado de forma violenta en menos de ocho meses. El primero fue Oliver, caficultor asesinado el 23 de enero de 2019 por un "nutrido grupo" de paramilitares y policías en su finca ubicada en El Cuá, Jinotega.
El 27 de junio, Edgar Montenegro y su hijo adoptivo, Jalmar Zeledón, fueron emboscados y ejecutados en el municipio hondureño de Trojes, fronterizo con Nicaragua.
Edgar, conocido como “cabezón”, fue comandante de la guerrilla de la Contra, y durante la crisis sociopolítica se convirtió en uno de los líderes del tranque montado en el empalme de ‘La Marañosa’. La policía del régimen acusó en septiembre de 2018 a Edgar como “terrorista” y “golpista”, pero además lo responsabilizó de un asesinato.
Hace un mes José Enoc Montenegro, hermano de los ejecutados, denunció que el hostigamiento era amplió para toda la familia. “La persecución a toda mi familia se da a raíz de los hechos de protestas del año pasado en los municipios de Wiwilí, Pantasma, El Cuá, e incluso en la cabecera departamental de Jinotega, adonde nos involucramos en las actividades de protestas”, dijo José Enoc Montenegro.
Ejecuciones selectivas
En los últimos meses, organismos de derechos humanos han denunciado el aumento de “ejecuciones selectivas” en la zona norte del país, incluso en los municipios hondureños fronterizos con Nicaragua. Cruzar el limítrofe Río Coco para los exguerrillera de la Contra que huyen de la violencia política del régimen Ortega-Murillo es fácil, dada cercanía y porque conocen a la perfección la zona. La Contra utilizó esa zona en las ochenta como base de entrenamiento y pertrechamiento.
Las muertes violentas ocurridas durante los últimos dos meses en el norte del país, mayormente en El Cuá y San José de Bocay, en Jinotega, tienen “el patrón de ejecuciones arbitrarias”, considera el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, actualmente exiliado en Costa Rica. En la mayoría de los casos, reclama, la Policía Nacional no ha brindado información sobre las investigaciones preliminares, limitándose a recoger los cuerpos, hacer preguntas, y retirarse del lugar.
Para Carrión, hasta que no existan informes contundentes sobre los asesinatos que han ocurrido, no se puede descartar que lo sucedido desde abril del 2018 hasta la fecha son ejecuciones, que se han multiplicado debido al Estado de terror impuesto por las autoridades del Gobierno.
“Eso tenemos, una multiplicación del Estado de terror. El patrón de esas muertes tiene parecido a ese patrón de ejecución arbitraria mientras no demuestren lo contrario. El ejemplo concreto es el asesinato de padre e hijo, que claramente eran opositores con antecedentes en la resistencia. La forma en que los mataron, independientemente de que haya sido al otro lado, se asemeja a la muerte de Pablo Negro, y de otras muertes en esa zona”, explicó Carrión.
