23 de agosto 2019
La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), con sede en Nicaragua, afirmó este jueves que realiza esfuerzos para que Estados Unidos otorgue asilo político a unos 200 solicitantes nicaragüenses víctimas de la crisis sociopolítica de su país.
Los esfuerzos se deben a que, según la CPDH, en los últimos meses Estados Unidos ha realizado deportaciones "masivas" de nicaragüenses que habían salido de su país al considerar que sus vidas corrían peligro tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
"Hemos hablado con algunos congresistas y senadores (de Estados Unidos) para tratar de que a nuestros compatriotas se les pueda apoyar con los TPS (Estatus de Protección Temporal), tenemos documentadas 200 denuncias en Miami y más de 60 en Georgia", dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, a periodistas.
Aunque los TPS son válidos para los nicaragüenses hasta 2020, su beneficio no es una garantía para todos los que huyen de la crisis de Nicaragua.
Hasta ahora el número de nicaragüenses que han elegido a Estados Unidos como destino para su exilio es desconocido, pero los organismos humanitarios nicaragüenses los cifran en miles.
La CPDH confirmó que en los últimos ocho meses las autoridades estadounidenses han deportado a más de 600 nicaragüenses, incluyendo varias expulsiones "masivas", de más de un centenar en un solo día.
Al volver a Nicaragua, la vida de los que participaron en protestas contra Ortega corre peligro, asegura el activista.
Carmona dijo además que los nicaragüenses que se encuentran en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia (EE.UU.), a la espera de solución a sus casos, sufren malas condiciones, por lo que han coordinado estrategias de apoyo con abogados y centros católicos dedicados al tema.
Más de 70 000 nicaragüenses han salido del país desde abril de 2018, según organismos humanitarios locales e internacionales, porque temen ser capturados por la Policía o paramilitares tras haber participado en protestas antigubernamentales. Cientos de ellos son excarcelados que han denunciado haber sido torturados en prisión.
La mayoría de los exiliados han encontrado refugio en Costa Rica, y, según la oposición, viven en condiciones económicas extremas.