Dictadura criminaliza con fábrica de delitos comunes

Un grupo de civiles a bordo de una camioneta Toyota Hilux interceptó la mañana del pasado dos de junio al joven José Luis Prado Cano. Los hombres armados y encapuchados lo detuvieron sin mediar palabras en el barrio Reparto Shick, en Managua. Lo subieron al vehículo y se lo llevaron. El joven apareció 24 horas después en la Delegación IV de la Policía, adonde los oficiales lo presentaron como autor del delito de “robo con intimidación”.

Tres días antes de ser secuestrado, Prado Cano participó de la misa en homenaje a las víctimas de la masacre del 30 de mayo de 2018. Este joven era asiduo de las actividades azul y blanco. María Auxiliadora Cano describe a su hijo como un autoconvocado en contra del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La madre asegura que el motivo de esta nueva detención “es política”.

Prado Cano ya había sido apresado por la Policía en varias ocasiones. Lo habían detenido cuando participaba en protestas exprés en contra de la dictadura Ortega-Murillo, pero al poco tiempo —y algunos golpes de por medio— lo dejaban en libertad. Sin embargo, esta vez, al ser presentado como un delincuente, su madre supo que la modalidad represiva había cambiado para mal.

“La Policía dice que robó y que tenía una orden por rebeldía desde el año 2017. Fui a los juzgados a preguntar por la rebeldía, pero mi hijo no tenía ningún proceso judicial abierto”, afirma la madre.

Abogados y defensores de derechos humanos sostienen que Prado Cano no fue detenido por cometer robo con intimidación. Más bien sostienen que es “víctima” de la nueva modalidad represiva del Gobierno Ortega-Murillo: la criminalización de autoconvocados y excarcelados políticos a través de delitos comunes.

No son casos aislados

El de Prado Cano no es un hecho aislado. El colectivo de derechos humanos llamado ‘Nicaragua Nunca +’ —cuyos abogados están exiliados en Costa Rica—contabilizan en los últimos tres meses al menos 50 detenciones y secuestros de personas. De esos 50 casos, 30 corresponden a excarcelados que fueron recapturados. Y de esos 30 expresos políticos, el colectivo conoce de seis casos judicializados por, supuestamente, haber cometido diversos delitos comunes.

Uno de los casos más recientes de esta nueva etapa de criminalización, que denuncian los organismos de derechos humanos, es el del excarcelado Jaime Navarrete Blandón. El Ministerio Público lo acusa por “delitos de portación de armas restringidas y tenencia de estupefacientes”. Navarrete Blandón fue recapturado por la Policía el 24 de julio.

“Hay un comportamiento de acusar con delitos comunes a autoconvocados y excarcelados. Aunque a la mayoría de los detenidos los han liberado, sí vemos una tendencia de acusar a todos los que puedan”, asegura Leonardo Abarca, del colectivo de abogados y defensores de derechos humanos. “Vemos la intención en el caso de la periodista Suyen Cortés y el excarcelado Ricardo Baltodano. En algunos episodios es claro que quieren provocar para generar una reacción y luego achacar delitos. La señora Cortés acudió a la Policía a denunciar”, agregó el defensor de derechos humanos.

Los otros cinco excarcelados políticos imputados con delitos comunes que Abarca menciona son: Bryan Alemán, acusado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un presunto paramilitar de nombre Julio César Amador García; Eduardo Espinoza, acusado por desobediencia o desacato a la autoridad; Yamileth Gutiérrez Moncada, detenida pero no acusada; Wilfredo Orozco, por supuesta portación ilegal de armas de fuego, y Kevin López Aróstegui, por presunta posesión de drogas.

“Acusaciones sin sustento”

El abogado Julio Montenegro de la organización de Defensores del Pueblo documenta por su parte siete excarcelados acusados por cometer delitos comunes, entre ellos José Leal Durán, Kevin Potosme y Bryan Silva, a quienes acusan por tenencia ilegal de droga, tentativa de homicidio, y portación ilegal de armas.

A estos expedientes se suma el de Edward Enrique Lacayo, conocido como “la Loba” en la ciudad de Masaya. Las autoridades acusan a este autoconvocado de Monimbó de cometer el delito de narcotráfico.

Montenegro enumera que los delitos más comunes achacados por la Fiscalía hasta ahora son robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

“A uno de mis defendidos le acusan de tener armas restringidas. Y la arma restringida es una bomba de contacto, una “cuajada”, como le dicen en Masaya. Supuestamente la tiró en uno de los pozos de ENACAL, pero la acusación de la Fiscalía no habla de que mi defendido la arrojó, sino que escucharon una detonación”, explica Montenegro. “Hay una serie de inconsistencias y contradicciones en las acusaciones”, denuncia Montenegro.

Según el abogado, los relatos de la Fiscalía “no cuadran”. Otro de los defendidos de Montenegro es Iván Mayorquín, a quien querellan por robo con intimidación en perjuicio de una persona que cambia dólares. Sin embargo, el jurista sostiene que la Fiscalía ubica el delito en una hora y un día en que Mayorquín se encontraba en su trabajo.

“La posición de la Fiscalía es bien cerrada. Aunque son acusaciones sin sustento, los jueces están complacientes”, lamenta Montenegro. “Hay una intención de aceptar acusaciones sin pruebas ni sustento”, agrega el abogado, cuyos defendidos tienen algo en común: se insurreccionaron en 2018 contra el Gobierno de Ortega y Murillo.