Voto masivo como en 1990 y vigilancia “dura”

Nicaragua sabe cómo derrotar electoralmente a un Daniel Ortega enrocado en el gobierno, y gozando de todas las ventajas de administrar ilegítimamente un poder omnímodo. La nación ya lo hizo en 1990, y tendrá que volver a hacerlo pronto. Sea en el 2019, en el 2020, o en el 2021.

Uno de los pasos para llegar a ese momento implica que los representantes de la ciudadanía enfrascada en una lucha cívica para derrocar a la dictadura, deberían estar conversando con todo el espectro político –diferenciando entre partidos colaboracionistas, y los que no- para construir los consensos que serán necesarios cuando haya que tomar las grandes decisiones.

“Si al formar un partido político tenés que ir a hablar con los demás, probablemente deberías empezar a hablar con ellos desde antes, incluso para lograr la reforma electoral a través de un esfuerzo conjunto, que probablemente sea la única manera de lograrla”, aseguró Roberto Courtney, director ejecutivo del grupo de observación electoral Ética y Transparencia.

Él es parte de un grupo de expertos que tuvo a su cargo la elaboración de una propuesta de reforma electoral que fue presentada a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, misma que ahora está presentando a diversas organizaciones de todo el país, para buscar ese consenso.

Al hablar con todos los sectores, “tenés avanzado también el camino a la unidad”, pensando en repetir el triunfo electoral de 1990, que requirió de una alianza en la que estaba representado todo el espectro político, recordó al ser entrevistado para el programa Esta Semana, que se transmite en línea.

El experto opina que hay que hablar con todos acerca de las reformas electorales; sobre la conveniencia de elegir un partido político de cara al proceso electoral, (o conformar uno nuevo), o para construir alianzas de cara a esas votaciones, sean adelantadas o no.

Eligiendo vehículo electoral

En todo caso, es evidente que muchos elementos de la lección de 1990 siguen estando vigentes.

Uno de ellos es lograr una participación masiva de la población, para lo que se requiere una serie de mínimos, como en 1990, entre los que mencionó pluralidad en el aparato electoral; observación amplia “pura y dura”, y definir el tema del financiamiento.

Si bien el aparato electoral estaba “absolutamente controlado por el sandinismo… bastó con pluralizarlo de los magistrados para abajo; garantizar la observación electoral, y tener condiciones de financiamiento, que permitían que, aunque el Gobierno tuviera toda la plata del Estado, podía entrar financiamiento privado, e incluso del extranjero”, detalló.

Todo eso fue suficiente “para envalentonar a la ciudadanía a salir a votar, pero también para generar condiciones competitivas mínimas”, dijo considerando que en las circunstancias actuales, “ese podría ser un punto de partida, una especie de línea roja”.

Ese escenario tiene riesgos, como que “Ortega trate, en nombre del pluralismo, de buscar cómo atomizar a la oposición con incentivos fiscales, financieros, y de otra índole”, como ya ocurrió en 1996, cuando “por financiamiento previo; por premio de consolación a los candidatos presidenciales, o por facilidades de personería jurídica, la boleta terminó en casi 30 partidos”, rememoró.

Una posibilidad es que “Ortega trate de sesgar la ley: en nombre de la transparencia y el combate al narcotráfico, puede cerrar mucho la llave al financiamiento privado, sin el cual probablemente la oposición perdería su posibilidad de hacer una buena campaña”, explicó.

Otro elemento a considerar es que si no hay una reforma electoral que facilite la formación de partidos políticos, “parecería que la posición de la Unidad Nacional Azul y Blanco, así como cualquier otra entidad que no tenga avanzada su gestación como partido político, sería utilizar los vehículos electorales disponibles”.

Por vehículo electoral, se refiere a los partidos políticos que, ante la falta de apertura política para la participación, hospedar a la Alianza, pero eso es asunto de otro tipo de negociaciones”, admitió.

Una advertencia adicional es que “vale la pena recordarle a la ciudadanía que el país ya no tiene balotaje, (segunda vuelta) así que, el partido que saque más votos gana”, aunque solo sea con un 25%.

Primero que sean elecciones justas, después que se puedan anticipar

Si bien el país está enfrascado en su reclamo de llamar a elecciones generales de forma anticipada, Courtney hace notar que “eso es siempre secundario, porque el tema principal es que sean justas”, ya que “hay un escenario en el cual la anticipación de las elecciones incluso podría ocurrir porque le conviene a Ortega”, advirtió.

En 1989, el entonces presidente de la República permitió la realización de elecciones libres “porque el país estaba más quebrado que ahora; lo venía persiguiendo la Contra, y porque él creía que iba a ganar”, enumeró Courtney.

Lo malo es que en este momento, no está ocurriendo ninguna de esas tres cosas.

El experto electoral opina que Ortega podría sentirse alentado a negociar “porque cree que ha negociado bien”, pero también porque “a cambio de elecciones libres, él pediría que se le levanten las sanciones”, que sí parecen afectarlo.

En todo caso, reconoce que “el punto medular es lograr suficientes condiciones para lograr elecciones libres y transparentes, lo que requiere una negociación política que puede ser un poco complicada, así que también hemos tratado de ilustrar a los diferentes sectores sobre cómo lograr una postura adecuada para que el país tenga esas elecciones limpias”, explicó.

Lo otro es no creer que la elección ya está ganada, y saber que Ortega puede aceptar cambios “porque le ha ido bien en la mesa de negociaciones: recordemos que en la reforma electoral con Arnoldo Alemán, en menos de dos años pasó de ser el partido del segundo lugar, a tener preso al exmandatario”, así que “puede querer negociar para ver si te quita lo que has ganado del 18 de abril para acá”, alertó de nuevo.