10 de agosto 2019
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El Gobierno de Estados Unidos, por orden de la Nica Act, ha solicitado detallar y ampliar los informes sobre la participación de altos funcionarios orteguistas, incluidos miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial en violaciones de derechos humanos, actos de “corrupción significativa” y lavado de dinero, al tiempo que sostuvo las sanciones contra los funcionarios de la dictadura, entre ellos la esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo; el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega, y el jefe de la Policía Nacional y consuegro de estos, Francisco Díaz.
En un informe del Secretario de Estado, que activa la Nica Act, la Administración de Donald Trump también requiere informes sobre las personas que transfieran o faciliten la transferencia de bienes o tecnologías para uso de la dictadura en violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, tal como ordena la Ley, que establece duras sanciones políticas y económicas contra el régimen.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. // Foto: EFE
A través del asistente del Secretario de Estado para Inteligencia e Investigación, junto con el Secretario de Hacienda y el director de Inteligencia Nacional, el Secretario de Estado envió su informe al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en un documento desclasificado de poco más de una página de extensión, que contiene información válida hasta el pasado 17 de junio.
El informe ratifica la aplicación de la Nica Act, aprobada a finales de 2018, que ha sido aplicada contra once funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega, diez de ellos en el contexto de la brutal represión contra las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril, que a la fecha suma al menos 327 muertos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de miles de heridos, decenas de desaparecidos y alrededor de 70 000 exiliados por la persecución política.
Sostiene acusaciones contra sancionados
El documento, titulado “Informe al Congreso sobre violaciones de derechos humanos y corrupción en Nicaragua”, también sostiene las acusaciones por violaciones de derechos humanos, corrupción y lavado de dinero contra los funcionarios orteguistas y ratifica sus sanciones por la Nica Act.
“Todas las personas o entidades enumeradas a continuación han sido designadas bajo la Orden Ejecutiva 13818 (Bloqueo de la propiedad de las personas involucradas en graves abusos o corrupción de los derechos humanos) o Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, cita al informe, antes de enumerar los casos específicos de Rosario Murillo, el asesor en seguridad e inteligencia de la pareja dictatorial, Néstor Moncada Lau; Laureano Ortega Murillo, el primer comisionado Francisco Díaz, y el desaparecido brazo financiero de la dictadura o Banco Corporativo (BanCorp), tal como se recoge a continuación.
- Rosario Murillo: “Ha estado involucrada en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, incluida la violencia cometida por la Policía Nacional de Nicaragua contra manifestantes pacíficos”.
- Bancorp: “Un banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar dinero de Albanisa, fue designado por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica, o bienes o servicios en apoyo de Murillo”.
- Néstor Moncada Lau: “El Asesor de Seguridad Nacional ha asumido un papel destacado como asistente del presidente Ortega y enlace de la vicepresidenta Murillo y operador de la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que controla múltiples entidades gubernamentales nicaragüenses. Moncada supuestamente lava dinero en nombre de Ortega y Murillo y a través de sus diversos roles de inteligencia, se ha involucrado en una variedad de actividades ilícitas para reprimir cualquier oposición al Gobierno de Ortega”.
- Laureano Ortega Murillo: “Según los informes, el asesor de promoción de inversiones de la agencia gubernamental ProNicaragua participó en negocios fraudulentos con inversores extranjeros en Nicaragua. Además, Laureano coordinó la tarea ejecutiva para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo involucrado en su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, figuras del régimen de Ortega, incluido Laureano, utilizaron la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero”.
- Francisco Díaz Madriz: "Ha estado involucrado en violaciones de los derechos humanos que involucran a la Policía, incluidas ejecuciones extrajudiciales y violencia contra manifestantes pacíficos”.
Finalmente, el documento advierte que el Departamento de Estado "monitorea cuidadosamente los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua" y que de conformidad con las leyes y regulaciones de Estados Unidos, esta instancia "continuará revisando y complementando la información contenida en este informe según corresponda".
