Análisis | El cerco se cierra sobre Juan Orlando Hernández

En corto: agentes de la fiscalía neoyorquina entienden que el presidente Juan Orlando Hernández fue parte de una conspiración para traficar cocaína desde Honduras en 2013, cuando se desempeñaba como presidente del Congreso por el Partido Nacional. Entonces se disponía a competir por la presidencia de Honduras para convertirse, luego, en el político favorito de Washington en el norte de Centroamérica, por donde pasa entre el 80% y el 90% de la cocaína destinada a los mercados del norte.

A pesar de dar credibilidad a las declaraciones de quienes acusan al presidente Hernández, los fiscales estadounidenses aún no lo acusan de haber cometido crímenes. Las revelaciones judiciales pueden significar, no obstante, un golpe político sin precedentes para Hernández, conocido en Hounduras como JOH.

De acuerdo con un documento desclasificado por la corte neoyorquina en el caso contra Antonio “Tony” Hernández por narcotráfico, su hermano Juan Orlando y el expresidente hondureño Porfirio Lobo, también del Partido Nacional, fueron parte de una conspiración “para permitir el tráfico de droga y mantener y aumentar su poder político”, según la cadena televisiva Univisión, la primera en revelar el informe del fiscal neoyorquino.

A Tony Hernández, quien fue arrestado en noviembre de 2018, los fiscales estadounidenses lo acusan de ser “un traficante violento de múltiples toneladas de drogas”, quien entre otras cosas “ayudó a planificar los asesinatos de narcotraficantes rivales”.

En una conferencia de prensa transmitida por televisión el domingo 4 de agosto, y con un comunicado publicado en redes sociales el sábado, el presidente Hernández negó su implicación con Ardón o el cártel de Los Valle. Hernández atribuyó las declaraciones del primero a un deseo de venganza de los narcotraficantes porque su gobierno ayudó a la extradición de varios de ellos.

Sin embargo, un exoficial militar antinarcotráfico y un fiscal anticorrupció, consultados en Tegucigalpa la semana pasada, dijeron que las capturas de líderes narcotraficantes, así como su posterior entrega a autoridades estadounidenses, fue posible solo por presión de la embajada de Estados Unidos en Honduras.

Las recientes revelaciones de la fiscalía neoyorquina sobre los supuestos sobornos de Ardón a Hernández y al expresidente Lobo son las primeras que relacionan directamente el nombre del actual mandatario con dinero del narcotráfico. La presidencia de Juan Orlando Hernández, sin embargo, es acechada por sospechas de su relación con el narcotráfico desde a hace al menos tres años, cuando Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de la banda Los Cachiros, quien también fue juzgado y sentenciado en Estados Unidos, empezó a desvelar todas las relaciones del narcotráfico con el poder político del Partido Nacional, que gobierno el país desde 2010. Rivera Maradiaga y Los Cachiros dominaron el corredor del Atlántico hondureño, un área de selvas y costas desoladas a la que llegaban la mayoría de los vuelos clandestinos provenientes de Venezuela y Colombia que recalaron en Centroamérica entre 2008 y 2016.

Después del líder Cachiro cayó Tony Hernández, el hermano del presidente, y el cerco empezó a estrecharse. Hoy, el nombre del mandatario aparece, sin intermediarios, en los documentos judiciales estadounidenses.

Un aliado con mala reputación

En noviembre de 2014, Juan Orlando Hernández parecía muy lejos de las diatribas que hoy han sumido a su presidencia en crisis. Entonces, flanqueado por el exvicepresidente estadounidense Joseph Biden y por sus homólogos de Guatemala y El Salvador, Hernández aparecía como el rostro más visible en la presentación del acuerdo bautizado como Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, la apuesta diplomática de la administración Obama de cooperación para la región del mundo desde la que llegaba la mayoría de migrantes indocumentados a su frontera sur.

En los meses posteriores, durante 2015, Hernández se paseaba por oficinas del Congreso y prestigiosos tanques de pensamiento de Washington hablando de cómo Honduras se recuperaba del aislamiento internacional y de la crisis política generada por el golpe de estado de 2009.

Hoy, las investigaciones emprendidas por fiscales estadounidense y las más discretas que aún no despegan en Honduras, arrojan indicios de que, desde su primera llegada a la presidencia hondureña en 2013, Juan Orlando Hernández hacía tratos con entidades criminales como Ardón y Los Valle.

“Juan Orlando empezó a preparar su presidencia desde 2010, cuando era el presidente del Congreso… El gobierno de Honduras no tenía dinero después del golpe… No se podían financiar campañas desde el Estado, el dinero empezaron a buscarlo adentro”, explica un investigador del Ministerio Público familiarizado con expedientes que involucran al círculo cercano de Hernández, y quien habló desde el anonimato por razones de seguridad personal.

Alexander Ardón, ex alcalde de la fronteriza ciudad de El Paraíso, también acusado en Estados Unidos de narcotráfico, ha sido señalado en investigaciones locales y en Nueva York como uno de los principales nexos del Partido Nacional, del presidente, y la banda de Los Valle, un histórico grupo de narcotráfico que controló durante décadas las regiones montañosas del occidente hondureño, por donde la droga procedente del Atlántico pasaba hacia Guatemala.

Fue a través de Ardón, de acuerdo con el investigador del Ministerio Público y el militar que formó parte de un grupo de tarea antidrogas apoyado por Estados Unidos, que Tony Hernández, el hermano del presidente, inició sus contactos con los grupos de narcotráfico que a principios de la década controlaban el trasiego de cocaína en el país.

De acuerdo con los documentos desclasificados en Nueva York, Los Valle, a través de Ardón y de Tony Hernández, ofrecieron dinero a Juan Orlando para financiar la campaña que lo llevó al poder en 2013. Y, según otros testimonios obtenidos por los fiscales estadounidenses en otros juicios a hondureños, la relación del Partido Nacional se extendió también a Los Cachiros y Los Amador, las dos familias que controlaban el Atlántico.

A las sospechas de connivencia con el narcotráfico, la presidencia Hernández ha tenido que sumar también denuncias e investigaciones por corrupción en su círculo cercano. Su hermana Hilda fue investigada por alegatos de que desvió fondos de la presidencia para financiar al Partido Nacional a través de fundaciones de cartón; falleció en un supuesto accidente aéreo en circunstancias aún no esclarecidas. Su esposa Ana Rosalía Carías acaba de ser señalada por la Fiscalía como cómplice en otro esquema de defraudación al erario conocido como Caso Pandora.

A partir de 2015, Hernández se embarcó en una política de mano dura contra el crimen y la inseguridad que tuvo como foco principal a las pandillas callejeras, sobre todo la MS-13 y el Barrio 18, y, a regañadientes, terminó por aceptar la extradición y capturas de narcotraficantes, pero no logró despejar las dudas sobre su administración.

En 2017, tras una maniobra jurídica en el Congreso y en unas elecciones plagadas por acusaciones de fraude, Hernández se reeligió para un segundo periodo que culmina en 2022. Washington fue clave para que Hernández pasara sobre todas las denuncias de fraude que llegaban desde la oposición y cuestionamientos sobre la validez de los comicios que llegaban desde el extranjero.

Poco después de las cuestionadas elecciones, utilizando uno de los mecanismos de supervisión que el Senado había aprobado en 2015 en la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte como supuesto candado para no otorgar cooperación a los gobiernos de la región señalados por corrupción, el Departamento de Estado de Barack Obama certificó al país, al gobierno de Hernández y le dio el espaldarazo político que requería.

El futuro de Juan Orlando Hernández no parece tan claro ahora que la fiscalía neoyorquina ha dado por válidas las revelaciones de Alexander Ardón y otros narcotraficantes. El principal aliado del presidente hondureño no parece ya tan entusiasmado en defenderlo.

Este artículo se publicó en Revista Factum