26 de julio 2019
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La doctora Sonia Castro fue destituida como titular del Ministerio de Salud (MINSA), y nombrada como “ministra asesora” de la presidencia “en temas de salud", a un mes y pocos días de las sanciones impuestas junto a otros funcionarios del régimen orteguista por los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá. La decisión de la dictadura fue expresada en el acuerdo presidencial 108-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta.
Sobre Castro pesan un sinnúmero de señalamientos sobre su negligencia durante las protestas iniciadas en abril de 2018. Castro ejecutó una política en los hospitales públicos de no atender a los heridos causados por la violencia policial y paramilitar. Uno de los casos más claros de ello sucedió en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), en la ciudad de León.
❗️La dictadura Ortega-Murillo destituye como ministra de salud a Sonia Castro después de las sanciones estadounidenses. Castro es señalada de ordenar la NO atención médica a los heridos de las protestas.
La apodan la "doctora Mengele" pic.twitter.com/FEGj2P5uet
— Wilfredo Miranda (@PiruloAr) July 26, 2019
Los médicos del hospital metropolitano denunciaron que la propia doctora Castro ordenó a la directora del HEODRA, Judith Lejarza Vargas, cerrar las puertas a los manifestantes heridos y permitir el ingreso de policías a los quirófanos. Mientras que en Managua, en otro hospital clave, el Antonio Lenin Fonseca, el encargado de llevar a cabo esta “política” fue el doctor y neurocirujano Eduardo Cáceres.
Estados Unidos argumentó que Castro fue sancionada por propiciar en el ministerio de salud “graves violaciones a los derechos humanos”. “El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica”, sostiene el Departamento del Tesoro norteamericano.
Según Estados Undos, el personal de los hospitales recibió órdenes de denunciar a los manifestantes admitidos con los policías y paramilitares, lo que provocó “que los sacaron de los hospitales y desapariciones forzadas”. “El Ministerio de Salud amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos de personal médico que trató a los manifestantes”, agrega.
La dictadura Ortega-Murillo nombró en sustitución de Castro a la doctora Carolina Asunción Dávila Murillo, a quien claramente le atribuyen la representación legal del MINSA “para los asuntos administrativos, financieros y de cooperación externa”. Con las sanciones estadounidenses, Castro quedó imposibilitada de ejercer esas labores.
Dávila Murillo ocupaba el cargo de viceministra del MINSA para asuntos del Sistema Local de Atención Integral de Salud en Managua (SILAIS-Managua).
La doctora Castro asumió la tutela del MINSA en 2010 debido a su lealtad partidaria. En el gremio médico la identificaban como una destacada profesional con experiencia en la práctica médica privada, pero sin ninguna trayectoria en el campo de la salud pública.
Con su destitución, Castro se une a otros operadores del régimen sancionados por Estados Unidos quienes han sido removido de sus cargos de manera formal, pero los mantienen dentro de la estructura política.
