Cinthya Tórrez García | Revista Factum
17 de julio 2019
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El 8 de septiembre es el día número 100 del gobierno del presidente Nayib Bukele. Para esa fecha el expresidente Mauricio Funes, asilado político en Nicaragua y acusado en El Salvador de actos de corrupción por más de 350 millones de dólares, tendría que estar en suelo salvadoreño enfrentando las acusaciones de peculado y otros delitos que le imputa la Fiscalía. A eso se comprometió Bukele, una apuesta que se mantiene viva en los hilos y debates en Twitter, pero que desde la perspectiva legal parece una promesa muerta.
Dos figuras blindan a Funes ante las intenciones públicas de Bukele: el asilo político y el gobierno de Daniel Ortega.
El otorgamiento del asilo está contemplado en la Constitución Política de Nicaragua. El artículo 42 “reconoce y garantiza el derecho de refugio y asilo”, aplicable a las personas perseguidas por luchar en sus países de origen en favor de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos.
Si se sigue al pie de la letra lo que establece la carta magna nicaragüense referente al asilo, el caso del expresidente Funes no calificaría. El gobierno de Ortega no ha justificado bajo qué condiciones le otorgó la protección del Estado y tampoco ha explicado los alcances o limitaciones que el beneficiario pueda tener.
El semanario Confidencial reveló el 13 de mayo de 2019 que Funes cobra un salario de unos 2,739 dólares en la cancillería de Nicaragua. Antes, el mismo Bukele había publicado en Twitter una colilla de la boleta de cotización a la seguridad social nicaragüense que mostraba que uno de los hijos del expresidente, Diego Funes Cañas, ganaba 47,250 córdobas (1,561 dólares al cambio oficial) en la misma cartera institucional.
El mismo Funes se autodenomina “perseguido político” y mantiene su defensa desde la trinchera de Twitter, espacio en el cuestiona la gestión del gobierno de Bukele y en el que también recibe críticas e insultos por refugiarse en Nicaragua y no encarar la justicia en su país.
Mauricio Díaz, exdiplomático nicaragüense y abogado, explica que el asilo está consagrado en la Constitución como un principio general y que no conoce que haya legislación secundaria que desarrolle cómo se procede. De ahí que la concesión del asilo responda más bien a consideraciones políticas, de relaciones personales y de amistad, y no hay ninguna obligación de explicar a la ciudadanía las razones para otorgarlo.
La otra protección del expresidente salvadoreño es el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido liderado por Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 y que es aliado del FMLN, fuerza política con la que Funes llegó a la presidencia salvadoreña en 2009 y que, en 2016, cuando el exgobernante viajó a Nicaragua, le recomendó que no retornara a El Salvador y que procurara quedarse en el país vecino.
El gobierno de Ortega otorgó asilo político a Funes; a su pareja, Ada Mitchell Guzmán, y a sus hijos Carlos Funes Velasco, Diego Funes Cañas y el menor Mauricio Funes Guzmán, según la resolución 073-2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el 6 de septiembre de 2016.
El expresidente y su hijo Diego fueron ya encontrados culpables de enriquecimiento ilícito por más de 400 mil dólares.
Si Bukele no cumple su promesa de traer a Funes a enfrentar la justicia salvadoreña, dos días antes que se venza el plazo de los primeros cien días de su gobierno, Funes cumpliría tres años como asilado político en Nicaragua.
El compromiso de Bukele ha sido claro desde cuando ganó la presidencia el 3 de febrero. En Virginia, Estados Unidos aseguró la noche del 14 de marzo que “le guste o no le guste, Mauricio Funes va a enfrentar la justicia salvadoreña”.
La promesa se convirtió en tapa de un diario salvadoreño el 16 de marzo: “Bukele promete traer a Funes ante la justicia”.
Funes aceptó el desafío y respondió en Twitter: “Otra de tantas promesas que Nayib no va a poder cumplir”.
Antes de que Bukele pusiera un plazo para traer a Funes a El Salvador, en los primeros cien días, el también prófugo de la justicia se mostró muy seguro de la protección otorgada por el Estado nicaragüense frente a una solicitud de extradición.
El 4 de febrero del 2019 twitteó: “(…) Es de ignorantes creer que una extradición la decide el Estado que la pide. Esa es una decisión soberana del gobierno que concede el asilo. Es Ortega y no Nayib el que debe decidir”.
Nicaragua alega asilo político
El 21 de marzo la Corte Suprema de Justicia salvadoreña aprobó el trámite de petición de la extradición de Mauricio Funes y su núcleo familiar (esposa y dos de sus hijos). La respuesta que obtuvo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua fue que a todas las personas reclamadas se les había amparado con asilo político.
La justicia salvadoreña ha abierto contra Funes cinco procesos en diferentes juzgados por varios delitos, entre estos: anomalías administrativas en la construcción de la presa El Chaparral, entrega de dádivas al exfiscal general, Luis Martínez, y divulgación de un reporte de operación sospechosa (ROS). En 2017, Funes fue procesado y condenado por enriquecimiento ilícito. Él y su hijo, Diego Funes Cañas, deben regresar al Estado salvadoreño 419,145 dólares, de los cuales 206,661 dólares corresponden al primero y 212,484 dólares al hijo.
La petición de extradición enviada a Nicaragua además de tener como base los requisitos constitucionales salvadoreños también considera instrumentos internacionales la Convención de Extradición Centroamericana de 1923, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
En la solicitud se cumplió con lo establecido en el artículo VIII de la Convención de 1923, que manda a que se remita la prueba o principio de prueba del ordenamiento jurídico del Estado solicitante que justifique la detención, el procesamiento de los reclamados y la normativa aplicable a los extraditables.
No obstante, en la misma Convención, en el artículo II se establece que no se concederá la extradición “cuando el delito imputado sea de carácter político o siendo común, fuere conexo con este”. Dicha disposición deja a criterio, de forma discrecional del Estado que otorga asilo la calificación del delito político.
Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Corte Suprema salvadoreña, explicó que en los casos de extradición, la decisión del Estado debe estar sobre la base de los convenios, y si esta se apartara del instrumento internacional, “eso sí sería una conducta caprichosa”, y podría, inclusive motivar que el Estado requirente cuestione al otro Estado. Ese no fue el caso de Nicaragua, que argumentó el asilo político.
Pese a que ya se realizó una solicitud de extradición del expresidente Funes y Nicaragua la rechazó, la Fiscalía salvadoreña puede solicitar el proceso cuantas veces considere, pero será la Corte la que evaluará el caso, explicó el magistrado Murcia.
El exdiplomático nicaragüense Mauricio Díaz asegura que para que proceda una solicitud de extradición se requiere del consentimiento del Estado que lo protege, y en este caso, no cree que el gobierno de Ortega lo entregue. “No veo yo al gobierno de Ortega permitiendo que se lo lleven (a Funes) para que lo juzguen en El Salvador”, señaló.
Con Díaz concuerda el exprocurador general de la República de Nicaragua, Alberto Novoa. El asilo es constitucional y el gobierno se reserva el derecho de calificar quién es perseguido político y quién no, explicó. “Mientras él (Funes) esté cubierto por el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua, no hay posibilidad de que Nicaragua lo envíe a El Salvador, desde el punto de vista de la ley nicaragüense”, sentenció.
Esa protección podría ser un armazón con algunos agujeros debido a la crisis de institucionalidad que enfrenta Ortega.
El gobierno de Ortega ha sido señalado por organismos de derechos humanos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad. En un intento de sofocar protestas ciudadanas, que estallaron en abril de 2018 como una expresión de descontento social contra el Ejecutivo, fuerzas policiales y paramilitares reprimieron con plomo a la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contó 325 víctimas mortales durante meses de violencia, pero otros organismos elevan la cantidad a más de 500.
Ortega se defiende bajo el argumento de que fueron víctimas de un golpe de Estado. Sin embargo, los organismos de derechos humanos y una misión del Parlamento Europeo, que visitaron el país, descartan esa versión. En este contexto, el asilo político del que goza Funes estaría sujeto a un contexto político incierto, bajo presiones de sanciones internacionales y bajo la presión interna de adelantar las elecciones programadas para 2021.
Eliseo Núñez, exdiputado y abogado nicaragüense, ve posible que Nicaragua entregue a Funes solo si Ortega deja el poder o si cede ante la presión internacional debido a posibles sanciones.
Numan Salgado, diputado por Gana, el partido con el que Bukele llegó a la presidencia, también valoró que la voluntad de Nicaragua de extraditar a Funes podría estar sujeta a que llegue otro gobierno al poder.
Relax the 🍩, Nayib... pic.twitter.com/vbOxHSWe65
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) April 10, 2019
No hay estrategia diplomática definida
Salgado, presidente de la comisión legislativa de Relaciones Exteriores, dice que no ven un horizonte claro sobre cómo cumplir la promesa de Bukele para repatriar a Funes, y aclara que tampoco se han reunido con Cancillería para discutir escenarios.
“En este momento no nos han dado una línea a seguir en este tema porque aún no nos hemos reunido con Cancillería, pero si es promesa del presidente Bukele, la población está viendo que el presidente está haciendo todas las cosas de una forma no convencional, como se ha hecho todo este tiempo…”, añade.
Revista Factum también consultó a Salgado cuál sería la base legal que respaldaría la promesa de Bukele, pero dijo que carece de esa información.aún no tienen información. “Esperaría yo que el presidente Bukele use los canales idóneos para poder llevar y cumplir que en los primeros cien días, pues tengamos al señor Funes acá”, afirmó Salgado.
Dueño de la institucionalidad
Cuando se afirma que Daniel Ortega es el que tiene la última palabra sobre el asilo de Funes es porque en la práctica así procede. Ortega controla los cuatro poderes fundamentales del Estado nicaragüense: tiene una mayoría de 71 diputados sandinistas de un total de 92 en la Asamblea Nacional; una Corte Suprema de Justicia que responde a sus intereses, lo que quedó demostrado en los procesos judiciales contra ciudadanos que se manifestaron y que fueron reprimidos. Según abogados independientes, se les violaron principios de legalidad, derecho a la defensa, proporcionalidad, entre otros. Además, el Consejo Supremo Electoral también está bajo su poder. Su expresidente, Roberto Rivas, fue sancionado en diciembre de 2017 por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el marco de la Ley Magnitsky, que amonesta a funcionarios extranjeros ligados con violaciones de derechos humanos y corrupción. Sus leyes, decretos y resoluciones ministeriales no se enfrentan a ningún tipo de fiscalización, que en teoría debería de ejercer la Asamblea o la Corte.
No se sabe hasta dónde Ortega está dispuesto a proteger a Funes. Al excanciller Francisco Aguirre Sacasa no le extrañaría que el expresidente salvadoreño optara por la ciudadanía nicaragüense, pues esto lo protegería de una extradición, ya que en el artículo 43 de la Constitución establece que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
La última vez que Bukele se refirió a la promesa de traer a Funes a El Salvador fue el 12 de mayo. “Por cierto, le quedan 118 días en Nicaragua”, le advirtió.
Funes respondió con sarcasmo en Twitter: “Como dicen los cipotes: con la(s) ganas te vas a quedar Nayib…”
* Con reportes de Vanessa Téllez, Karen Díaz y Franklin Villavicencio. Los cuatro son periodistas nicaragüenses beneficiarios del programa de residencias para periodistas emergentes de Centroamérica Incubadora de Periodistas, que dirige Ricardo Vaquerano y que se desarrolla en alianza con la Revista Factum, de El Salvador. Lee el artículo original en este enlace.
