27 de junio 2019
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Washington, D.C., 26 de junio de 2019
Canciller Carlos Holmes Trujillo
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia
Bogotá – COLOMBIA
Estimado Canciller Holmes Trujillo,
Tengo el honor de dirigirme a V.E., en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tendrá lugar en Medellín esta semana, con el propósito de transmitir las conclusiones del reciente informe de Human Rights Watch sobre la represión en Nicaragua. Quisiera, a su vez, instarlo respetuosamente a que, como presidente de la Asamblea General, impulse la adopción de una resolución que redoble la presión sobre el gobierno nicaragüense para que ponga fin a sus abusos a través de las medidas concretas incluidas en esta carta[1].
La OEA ha realizado un atento seguimiento de la situación en Nicaragua desde la creación, en agosto de 2018, del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA. Hasta el momento, ha celebrado seis reuniones y elaborado 21 comunicados de prensa y cuatro informes. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país. Más recientemente, el 21 de mayo de 2019, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución que allana el camino para evaluar el cumplimiento de Nicaragua con la Carta Democrática Interamericana[2].
Esta presión sostenida ha enviado un mensaje claro al gobierno de Nicaragua de que las violaciones aberrantes de derechos humanos que comete no serán toleradas en la región. Es hora de intensificar la presión internacional a través de medidas adicionales que incluyen sanciones individuales contra funcionarios nicaragüenses, la suspensión total de la asistencia financiera y todo tipo de apoyo a la Policía Nacional de Nicaragua, y esfuerzos para que las víctimas obtengan justicia en el exterior. Estos pasos son necesarios para terminar con las gravísimas violaciones de derechos fundamentales, permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, poner fin a la censura y restablecer la independencia judicial en Nicaragua.
Nuestro informe de junio de 2019 documentó la brutal represión de manifestantes por agentes de la Policía Nacional y bandas de hampones fuertemente armados partidarios del gobierno, que dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. En las semanas y los meses siguientes, cientos de personas fueron detenidas al intensificarse la arremetida contra opositores. Muchas de las personas detenidas fueron sometidas a graves abusos que en algunos casos constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual. A muchos detenidos y heridos se les habría negado atención médica en centros de salud pública, y diversos médicos que sí brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias por su trabajo. También se ha procesado penalmente a personas detenidas por presuntos delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno. Estos procesos penales estuvieron plagados de graves violaciones a las garantías de debido proceso y a otros derechos fundamentales.
El gobierno también ha actuado contra quienes han dado visibilidad a la represión en las calles y los posteriores abusos. Ha allanado las oficinas de medios de comunicación independientes, presentado denuncias penales contra dos periodistas, cancelado la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil y expulsado del país a periodistas extranjeros y monitores internacionales de derechos humanos.
La resolución emitida en mayo de 2019 por el Consejo Permanente invocó los artículos 18 a 20 de la Carta Democrática Interamericana, que permite a los Estados Miembros de la OEA realizar “gestiones diplomáticas” cuando haya circunstancias que puedan “afect[ar] gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. Instó al gobierno de Nicaragua a adoptar una serie de medidas, incluida la liberación incondicional, antes del 18 de junio, de todas las personas detenidas acusadas de haber cometido delitos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno[3]. También resolvió que el Consejo Permanente continuara con la “apreciación colectiva sobre la situación en Nicaragua” y la planteara durante la Asamblea General en Medellín.
El gobierno nicaragüense no ha cumplido con la liberación incondicional de todos los detenidos. Según el Ministerio de Gobernación, entre el 15 de marzo y el 10 de junio de 2019, el gobierno nicaragüense excarceló a 392 personas que estaban detenidas por “cometer delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”. No obstante, al 19 de junio, muchas de ellas permanecían en arresto domiciliario o bajo otras medidas cautelares y seguían sujetas a procesos penales. En marzo, otras 100 personas fueron detenidas y liberadas en el contexto de nuevas manifestaciones[4]. El 17 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que decenas de personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas continuaban encarceladas[5].
Asimismo, estas excarcelaciones no deberían ocultar que, según surge de nuestras investigaciones, ningún policía está siendo investigado penalmente por las atrocidades documentadas por Human Rights Watch. En vez de asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia, el Presidente Daniel Ortega ha ascendido a agentes implicados en violaciones de derechos humanos.
No cabe ninguna duda de que es indispensable aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Ortega. Exhortamos respetuosamente a V.E. a que inste a los Estados Miembros de la OEA, en la próxima Asamblea General, a adoptar una resolución a través de la cual sus gobiernos se comprometan a cumplir con las recomendaciones mencionadas a continuación y a evaluar la efectividad de estas y otras iniciativas a la luz del proceso de la Carta Democrática Interamericana que se encuentra en curso.
Recomendaciones
Con el propósito de asegurar que los responsables rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos documentadas en el informe de Human Rights Watch y generar incentivos para que este tipo de abusos no vuelvan a ocurrir, es crucial redoblar la presión internacional sobre el gobierno de Nicaragua. Concretamente, los Estados Miembros de la OEA deberían:
- Imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidos pero no únicamente los siguientes:
- El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;
- La General retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, que encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz;
- El General Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual. (Díaz ya ha sido sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá);
- El General Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron brutalmente a manifestantes;
- El General Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por policías y de sancionar a los responsables;
- El General Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que es el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU; y
- El General Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
- Suspender todo tipo de cooperación con las fuerzas de seguridad nicaragüenses mediante fondos, armas, municiones o equipos que podrían ser usados para cometer abusos violentos contra opositores al igual que entrenamiento, cursos o programas de intercambio con ella;
- Exhortar a Nicaragua a crear una unidad especial que —junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— supervise la investigación de los delitos más graves ocurridos en el contexto de las protestas; y
- Ejercer la jurisdicción penal aplicando el principio de jurisdicción universal, en la medida en que lo permita el derecho interno, respecto de funcionarios nicaragüenses responsables de torturas, según lo estipulado en el artículo 5 de la Convención contra la Tortura de la ONU y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Quisiera agradecer anticipadamente la atención dispensada a esta carta. Estamos a total disposición para brindar cualquier información adicional que fuera necesaria para contribuir a sus esfuerzos para apoyar al pueblo de Nicaragua.
Aprovecho la ocasión para expresarles los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
Atentamente,
Dr. José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
CC:
-- Luis Almagro, Secretario General de la OEA
-- S. E. Jennifer M.A. Loten, Representante Permanente de Canadá ante la OEA y Presidenta del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA
-- S. E. Hernán Salinas Burgos, Representante Permanente de Chile ante la OEA y Vicepresidente del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA
