25 de junio 2019
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Medellín, Colombia-. En una de las tantas curvas que hay en la carretera que conecta el municipio de Rionegro con la ciudad de Medellín, se alza una gigantografía que poco tiene que ver con Colombia. “En Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad”, anuncia el rótulo enclavado en una montaña. El mensaje ocupa un lugar estratégico en este paraje antioqueño: la mayoría de personas y funcionarios que asisten a la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) transitan por esta vía provenientes del aeropuerto.
La gigantografía es sintomática de lo que será esta Asamblea General de la OEA, que se celebrará este 26, 27 y 28 de junio en Medellín. La crisis nicaragüense será abordada en la agenda oficial del evento, así como de las actividades paralelas que se realizan previo a la reunión de cancilleres: discusión sobre ejecuciones extrajudiciales, prevención de crímenes de lesa humanidad, libertad de expresión, y conversatorios exclusivos sobre Nicaragua.
A Medellín han llegado presos políticos liberados, como el líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Crithian Fajardo, y la periodista Lucia Pineda Ubau, así como defensores de derechos humanos, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Pese a las expectativas, “la situación de Nicaragua” ocupa el último lugar en el temario propuesto en la Asamblea General (esto no quiere decir que no será prioridad). Desde antes de iniciado el evento en Medellín, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó la inclusión de la crisis nacional en la agenda.
El régimen “considera que es un acto injerencista en los asuntos internos de Nicaragua, desconociendo los avances del GRUN (Gobierno), en el fortalecimiento de la paz y la armonía entre los nicaragüenses, asimismo interfiere el desarrollo de la mesa de negociación por el entendimiento y la paz”.
El alto interés sobre Nicaragua en Medellín es parecido al que se vivió en las dos últimas asambleas generales realizadas en Cancún y Washington con la crisis de Venezuela. Pero la pregunta que se repite es que si este interés se materializará de forma contundente en la reunión de cancilleres, la máxima instancia de la OEA.
Canadá presenta proyecto de resolución
Hasta ahora, lo único concreto, es un proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo para Nicaragua, conformado por doce países y encabezado por Canadá, cuyo gobierno impuso la semana pasada sanciones al círculo íntimo de la dictadura Ortega-Murillo.
La propuesta de resolución del Grupo de Trabajo propone a la OEA la creación de una comisión “en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, para que “realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua, y que rinda un informe en un plazo de tres meses”.
Esta propuesta es interpretada en Medellín como una oportunidad más para el régimen Ortega-Murillo de negociar una salida a la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018. Es decir, que pese a que está dentro del cauce de activación de la Carta Democrática, todavía no resulta fatal para Managua como una suspensión de la OEA. Además, se dice que en el seno de la OEA hay los votos para aprobar esta resolución no así para otra acción, como por ejemplo, declarar que en Nicaragua hubo ruptura del orden constitucional, una de las varias tesis barajadas en la OEA.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, brindó una entrevista al diario colombiano La Opinión, y sus declaraciones refuerzan la idea de que todavía hay oportunidad para la dictadura Ortega-Murillo de negociar una salida a la crisis, y no así para la de Nicolás Maduro en Venezuela.
“No hay una comparación directa entre Nicaragua y Venezuela. Ortega no es Maduro. La reciente liberación de prácticamente la totalidad de los presos políticos en Nicaragua demuestra niveles de compromiso del sandinismo para lograr una solución negociada”, expresó Almagro, sin mencionar la autoamnistía impuesta por el régimen. “Falta mucho (en Nicaragua): el restablecimiento de libertades públicas, del Estado de Derecho, de los derechos civiles y políticos, etcétera, pero en cuatro procesos de diálogo en Venezuela no pudo lograrse un paso como este”.
Grupo de Trabajo pide liberar a presos políticos restantes
Aunque Almagro atribuye estos logros a la negociación, en Managua la oposición sostiene que la excarcelación de los presos políticos han sido medidas unilaterales del gobierno, como ha sido el cambio de régimen penitenciario y la liberación con amnistía, y no a través de los acuerdos de la mesa de negociación. La Alianza Cívica insiste en que todavía quedan más de 80 presos políticos y a los excarcelados no les han cerrado sus casos penales y judiciales.
En la propuesta de resolución, el Grupo de Trabajo también reconoce que se ha liberado a un número importante de presos políticos en el contexto de la crisis social y política como un paso relevante en el marco de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, pero “lamenta que, una vez agotado el plazo, existe información creíble sobre presos políticos aún detenidos y que muchas de las personas liberadas no tienen claridad sobre su situación jurídica”.
Otra de las grandes presiones que esta Asamblea General meterá al régimen será el retorno a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), cuya instalación cumplió un año este 24 de junio.
“Insistir en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”, se lee en la propuesta de resolución que será presentada este miércoles para la aprobación de su discusión.
