23 de junio 2019
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La mañana de junio en que la aplanadora del FSLN, en la Asamblea Nacional, aprobó la autoamnistía con la que pretende eximir a los perpetradores de la matanza contra la Rebelión de Abril, también acabó con una racha de 19 años sin amnistías en Nicaragua, un país proclive a esa figura, que en 200 años de historia acumula 53 de estas leyes. Hasta ese ocho de junio, Nicaragua había tenido el período más largo de su historia sin una amnistía. Y lo terminó de la peor manera, según historiadores y analistas que la califican como un “engendro” jurídico, que persigue objetivos más allá del “olvido”.
Para el jurista y experto en temas de derechos humanos, Uriel Pineda, la autoamnistía orteguista demuestra la “falta de voluntad” del régimen para encontrar alguna alternativa a la crisis. “Simplemente no está dispuesto a ceder nada y (trata de) mantenerse en el poder a cualquier costo”, advierte.
53 amnistías se han aprobado en los últimos 200 años en Nicaragua; ocho de estas fueron aprobadas por el Gobierno del FSLN en los ochenta.
El especialista sostiene que “la única posibilidad de que exista justicia en el país, por estas graves violaciones a derechos humanos, es con una transición democrática”, porque “sin democracia, no habrá justicia”.
“Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua por violar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos y el régimen haría caso omiso. Hasta hoy, la ruta de acceso a la justicia pasa por la salida del régimen Ortega-Murillo”, afirma.
Un indulto escondido
Desde su independencia de España, en Nicaragua se han aprobado 53 amnistías, incluyendo la reciente, según un registro del expresidente nicaragüense, Enrique Bolaños Geyer. La primera fue en 1829, ocho años después de la emancipación centroamericana.
“A menudo los caudillos llegaban a arreglos políticos que de momento aplacaban los ánimos, como una pausa reparadora, para que, una vez recuperadas sus fuerzas y energías, reanudaran la lucha por la conquista del poder”. Estos pactos eran proseguidos por una “amnistía”, explica Bolaños.
El exmandatario estima que esta amnistía orteguista es un híbrido entre un indulto y una amnistía, porque incluye un artículo que no está establecido en ninguna de las anteriores.
Se refiere al artículo número tres, que establece: “Las personas beneficiadas por la presente ey deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley”.
Bolaños explicó a CONFIDENCIAL que una amnistía es un “alzhéimer jurídico”, que le pide a la población olvidar el delito; mientras que el indulto “perdona” el castigo para las personas, pero continúan siendo “culpables”.
“(Ortega) hizo un indulto, que lo define bien en el artículo tercero, que dice que no lo volvás a cometer, que te irá peor”, subraya.
Engendro jurídico
Julio Icaza Gallard, historiador y exembajador alterno de Nicaragua ante las Naciones Unidas (ONU), coincide con el expresidente sobre la contradicción. Además, resalta que el artículo dos tampoco está contemplado en anteriores amnistías.
Los familiares de las víctimas de la masacre de abril rechazan la Amnistía decretada por Ortega al considerar que genera impunidad. Carlos Herrera | Confidencial
Este artículo indica que la amnistía “cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con estos que son tipificados por el ordenamiento jurídico penal vigente en Nicaragua”.
Este artículo también ha llamado la atención de la relatora especial de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, quien en una reciente entrevista en Esta Noche, indicó que la amnistía es “ambigua”, porque no aclara los delitos políticos y comunes a los que se refiere. “Nos preocupa cuál va a ser el alcance de esa ley”, alertó.
El exdiplomático considera que “la mezquindad y crueldad” del régimen se evidencia en esta ley, que “deja en suspenso” las sentencias y juicios, y condiciona el olvido a la no repetición de la protesta. “Estamos —afirma— ante un engendro jurídico más de la dictadura”.
Autoperdón sandinista
Icaza estima que las amnistías del pasado “acertada o erróneamente”, buscaron contribuir a la paz y reconciliación del país. “La amnistía presente, en cambio, es un instrumento táctico con el fin de evitar sanciones internacionales y que de manera expresa deja abierta la continuación de las violaciones masivas a los derechos humanos de los nicaragüenses”.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, al llegar al acto en homenaje al militante sandinista Biscmarck Martínez, el 6 de junio, en el Palacio de la Cultura. // Foto: Presidencia
La historiadora y comandante guerrillera, Dora María Téllez, agrega que “esta es la única autoamnistía que ha habido en la historia de Nicaragua”, porque todas las anteriores tocaron a los dos bandos enfrentados, pero en esta Ortega se recetó este perdón, sin contar con consenso social o acuerdo con nadie.
“Ya no estamos hablando de una guerra civil, sino que esta es la primera vez en la cual la protesta cívica es el instrumento que los nicaragüenses utilizamos para demandar el restablecimiento de nuestros derechos y libertades, y demandar democracia”, manifestó la excombatiente y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
“Constituye una confesión de los crímenes contra manifestantes, que protestaban cívicamente y a los cuales se les disparó, lesionó, reprimió, encarceló”, denuncia.
La represión orteguista ha dejado más de 325 muertos, miles de heridos, centenares de desaparecidos y unos 80 000 nicaragüenses en el exilio. Así como decenas de perseguidos políticos y cientos de presos políticos, de los cuales más de 80 permanecen en las cárceles del país.
Segunda vez en la historia
Esta es la segunda vez que los sandinistas rompen una larga racha sin amnistía. La primera fue en 1983, cuando en diciembre de ese año, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) aprobó una amnistía por la llamada “Navidad Roja” contra la comunidad misquita de la Costa Caribe Norte. Para entonces, la última amnistía había sido en 1967: 16 años atrás.
Además, el primer Gobierno sandinista, en los años 80, otorgó ocho amnistías, la última en marzo de 1990, tras perder las elecciones ante Violeta Barrios de Chamorro. Aquella amnistía protegió a los funcionarios sandinistas que se adueñaron de propiedades y bienes del Estado, en la llamada “Piñata”.
Manifestantes en contra del gobierno de Daniel Ortega en la Catedral de Managua. Carlos Herrera | Confidencial
Téllez considera que esta vez Ortega se concedió la autoamnistía porque “no ha encontrado eco en la sociedad nicaragüense, ni en la Alianza Cívica, para un arreglo que implique que no haya justicia”.
“Una de las grandes demandas de estas protestas cívicas es la justicia, y esto es totalmente nuevo. Nunca en la conflictividad política de Nicaragua, la demanda de justicia había tenido un lugar tan preeminente”, resaltó.
Icaza recuerda que en los noventa no se habló de justicia, ni el establecimiento de una Comisión de la Verdad porque hubo “un consenso tácito de que esa justicia transicional podía más bien perjudicar el proceso de paz y reconciliación”, y la amnistía fue aceptada por ambos bandos, dejando en la impunidad numerosos crímenes de guerra.
El exembajador puntualizó que actualmente existe la conciencia de que la impunidad es un obstáculo para la paz y la verdadera reconciliación.
Para Pineda, pese a la anulación de la institucionalidad democrática y la instrumentalización del Poder Judicial, la experiencia regional demuestra que las autoamnistías son revertidas con el paso del tiempo por ser incompatibles con los derechos humanos. “Tarde o temprano —sentencia— el régimen deberá enfrentar las consecuencias de sus crímenes”.
