“Sanciones es el único lenguaje que entienden Ortega y Murillo”

Horas después de que Human Rights Watch (HRW) presentó en Washington un informe sobre la represión y la tortura contra la  libertad de manifestación en Nicaragua este miércoles, en Managua y Masaya la Policía reprimió y detuvo a ciudadanos por protestar.

Este Estado policíaco implacable con la protesta cívica y los intentos del régimen Ortega-Murillo para despistar a la opinión nacional e internacional sobre el cumplimiento de los acuerdos en la mesa de diálogo, son algunas de las razones que impulsan a José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW a demandar con vigor a Estados Unidos, Canadá y las democracias de América Latina “redoblar las sanciones” contra Managua.

El informe de HRW propone aplicar sanciones individuales contra los integrantes de la cadena de mando de la Policía Nacional: su Jefe Supremo, el presidente Daniel Ortega; la exdirectora Aminta Granera; el director Francisco Díaz; y los generales Ramón Avellán, subdirector;  Jaime Vanegas, Inspector General; Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote; y Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Foto: Flickr | Johanna Zárate P.

Vivanco asegura que estas sanciones “que congelan bolsillos” les preocupan a los regímenes autoritarios, pero también resalta que “es el único lenguaje que entienden”.

“Si la comunidad internacional cesa, o se deja confundir con la reciente liberación de presos, que jamás debieron haber estado en prisión, no hay probabilidades que se produzcan mejoría respecto a los derechos humanos y libertades públicas, ni mucho menos una transición a la democracia”, advierte Vivanco.

En esta amplia entrevista brindada al programa Esta Noche, analiza los principales hallazgos del informe titulado “Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua”.

Este informe analiza el patrón de los métodos represivos y se basa en más de 70 entrevistas, y un estudio exhaustivo de 13 presos políticos que fueron torturados y algunos de los médicos que los atendieron. ¿Cuál es su principal conclusión sobre la situación de Nicaragua?

Este es un estudio hecho en Nicaragua. Hemos podido entrar a Nicaragua. Recorrer el país y recoger testimonios directos de víctimas, de familiares, de médicos, y de expertos de sociedad civil. Sobre la base de esta información y testimonios, hemos llegado a la conclusión que el régimen de Daniel Ortega y Murillo son directamente responsables por la comisión de graves y masivas violaciones a los derechos fundamentales. Esas violaciones las han cometido agentes de la policía y delincuentes fuertemente armados que cuentan con licencia para disparar y matar.

Las personas que han sobrevivido a los asesinatos o los que han quedado gravemente heridos han sido detenidos arbitrariamente por el régimen. No han tenido la posibilidad de defenderse ante un tribunal independiente, ejercer su derecho básico. Muchos de ellos han sido objeto de brutales y aberrantes torturas.

Las torturas que hemos podido documentar son de una crueldad extrema. Incluyen violación sexual, removerle las uñas a los detenidos, choques eléctricos, golpizas brutales, asfixias a punto de matar a los detenidos… realmente son prácticas propias de las dictaduras de los setenta que gobernaron el cono sur de América Latina. Propias de Pinochet.

¿Hay pruebas sobre esas torturas que has señalado?

Sí, las hay. Las recogimos en el informe. Tenemos la suerte de contar con testimonios de médicos, y no solo de víctimas y testigos que nos han apoyado en la elaboración de este informe. Médicos a quienes en algunos casos hemos tenido que proteger su identidad y en otros casos han tenido que salir del país. Varios médicos nos indicaron, y fue información consistente de varias localidades, que hubo una orden dictada por el régimen al mas alto nivel prohibiendo a los médicos en hospitales públicos especialmente, pero también en privados, el asistir y atender a las víctimas de la represión. Algo realmente insólito que demuestra la crueldad a la que está dispuesto a llegar el régimen.

El alegato del régimen es que reaccionaron ante una tentativa de golpe de Estado ,y que por el otro lado también se cometieron abusos de parte de los manifestantes en contra de policías y partidarios del Gobierno. ¿Qué criterio tiene el informe sobre estas alegaciones?

No hay evidencia que nosotros hayamos podido recoger, evidencia creíble, que pase un mínimo de razonabilidad y seriedad que demuestre que aquí estaba en juego una iniciativa de golpe de Estado. En ninguna circunstancia uno puede justificar el tipo de atrocidades de las que son responsables Murillo y Ortega. Al igual que los jerarcas del partido de gobierno, y en particular las autoridades máximas de la policía de Nicaragua. No hay posibilidad de justificar ante ningún tipo de instancia seria, imparcial, de tipo internacional de que un Estado llegue a cometer este tipo de atrocidades para protegerse de un inminente golpe de Estado. Pero no hay evidencia de que haya ocurrido en Nicaragua.

Los argumentos del régimen son propagandísticos. Típicos de una tiranía. Que se cometieron abusos también contra la policía, de eso no cabe duda. Tenemos información seria que da cuenta de la muerte de policías durante algunos enfrentamientos.

Urgen sanciones internacionales

Ustedes proponen que se convoque a la comunidad internacional a aplicar sanciones, principalmente individuales contra los responsables de la represión. ¿Por qué? ¿Hay evidencia que las sanciones en casos individuales como el de Nicaragua produzcan los resultados que se buscan, de establecer justicia, verdad y cesar la represión?

Un régimen totalitario como el que sufre Nicaragua hoy día es, usualmente, muy sensible a las sanciones que van dirigidas a congelar los bolsillos. Porque de lo que se trata es castigar a los corruptos que han robado del erario nacional. Y como estos que gobiernan Nicaragua lo han hecho durante ya largos años, sin rendirle cuentas a nadie, en un sistema de gobierno con concentración total, donde no hay una fiscalización independiente del uso de los dineros públicos, el que los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algunas democracias más importantes de la región les congelen bienes a los jerarcas del régimen y sus familiares y testaferros, y al mismo tiempo les cancelen las visas, sabemos que les preocupa.

Creemos que es hora de redoblar y duplicar las sanciones. Por eso mismo ofrecemos un listado encabezado por Daniel Ortega como jefe supremo de la Policía, una entidad que se ha ensañado con una crueldad grotesca contra civiles desarmados; gente vulnerable en las distintas localidades de Nicaragua. Esa es la Policía que dirige Daniel Ortega. Y, por lo tanto, él junto a otras autoridades de la policía debe ser objeto de estas sanciones. Que sean replicadas por la Unión Europea y democracias de América Latina.

El gobierno de Estados Unidos en sanciones anteriores ya las aplicó a la esposa de Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murill, a uno de sus hijos, Laureano Ortega, y también al jefe actual de la policía, al tesorero del partido y administrador de los fondos de Albanisa, Francisco López,  ahora HRW propone sancionar al presidente Ortega. ¿Qué consecuencias tiene que un Estado con el que Nicaragua tiene relaciones diplomáticas sancione a Ortega?

Jurídicamente es posible que un Estado democrático y soberano, por razones vinculadas a corrupción y violación de derechos fundamentales, lo pueda hacer. Es admisible que en este listado se incluya a alguien como Daniel Ortega. En nuestra opinión, este es el único lenguaje que entienden Ortega y Murillo. Es hora de redoblar la presión. Si la comunidad internacional cesa, o se distrae, o se deja confundir con la reciente liberación de presos, que jamás debieron haber estado en prisión, y se deja manipular por la propaganda del régimen, no hay probabilidades que se produzcan mejoría respecto a los derechos humanos y libertades públicas, ni mucho menos una transición a la democracia.

Esa transición debe estar acompañada en cualquier negociación por sanciones fuertes e inequívocas de la comunidad mundial.

¿Cómo evalúa lo que pasó ayer en Managua, cuando se venció el plazo que el propio Ortega había aceptado de manera definitiva para liberar a todos los presos políticos? El gobierno dice que ya cumplió porque liberó a unos presos de una lista consensuada con la OEA, El Vaticano y la Alianza Cívica. Pero la Alianza Cívica dice que no ha cumplido porque quedan 86 presos y predomina el estado policial ¿Qué se puede esperar de la comunidad internacional?

De la comunidad internacional se puede esperar mucho más. Aquí hay responsabilidades jurídicas completas que deben ser ejercidas por la comunidad internacional. Tanto a nivel multilateral como bilateral. En ese sentido la OEA tiene un papel que cumplir, y de hecho hay una Asamblea General en Medellín en la que esperamos que el tema de Nicaragua esté en la agenda,  y no solo eso, sino la aplicación de la Carta Democrática con sanciones directas al régimen.

Me preguntas qué se puede esperar del gobierno en estas negociaciones. Yo diría que muy poco. Es un régimen tramposo, que manipula a la opinión nacional e internacional. Además es un régimen que reprime en las calles y las iglesias a aquellos que con valentía lo desafían. Muchos de los que han sido liberados siguen vinculados procesalmente a un procedimiento fraudulento. Muchos están liberados pero detenidos en sus propias casas.

La propuesta para dejar de financiar a la policía

Hay otras dos propuestas en el informe de Human Rights Watch. Una es sobre la propuesta que la Unión Europea y el Banco de Integración Centroamericano cesen la relación financiera que tienen con la Policía. Y la otra es la invocación a la convención contra la tortura de la cual es signataria Nicaragua. Con todos estos casos, ¿pueden abrirse procesos e investigaciones y procesos penales frente a esos crímenes?

En el derecho internacional existen principios y precedentes sólidos que permiten ejercer la jurisdicción universal si algunos de los responsables de la represión en Nicaragua se encuentra bajo la jurisdicción de un Estado que es respetuoso y que ha firmado compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esa vía existe y hacemos un llamado a los estados miembros de la Unión Europea, de la OEA, Estados Unidos y Canadá para aprovechar cualquier oportunidad para iniciar un proceso de tipo penal por las atrocidades cometidas. Algunas de estas autoridades citadas del régimen tienen responsabilidad directa. Esa es una vía importante.

En cuanto al financiamiento a la policía, hemos descubierto con esta investigación que el presupuesto de la policía se sostiene en gran medida a la cooperación internacional. La Unión Europea le entregó el año pasado a la Policía 1 millón 200 mil dólares como parte de una donación. Hemos intentado sin éxito conocer si la Unión Europea va a seguir aportando recursos a la Policía. Hemos hablado con las autoridades al máximo nivel, y la respuesta no la podemos descifrar. No entendemos cuál es la posición. Las respuestas de la Unión Europea son ambiguas. Esperamos que el debate público que este informe genere obligue a los burócratas de la Unión Europea a tomar una decisión clara y firme de suspensión de cualquier tipo de financiamiento a una entidad que se ha destacado por su conducta represiva.