16 de junio 2019
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La mayoría de los presos políticos ya han sido liberados, pero todavía quedan 89 reos de conciencia en las cárceles de la dictadura. Así lo denuncian el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En torno a estos reclusos, el Gobierno de Daniel Ortega se niega, hasta ahora, a liberarlos alegando que no están en la lista conciliada por la Cruz Roja Internacional.
José Pallais, negociador de la Alianza Cívica, señaló a Confidencial que “existe resistencia de parte del Gobierno para liberarlos”. Aunque de forma oficial el régimen no ha declarado que estos reos de conciencia son presos comunes, Pallais aseguró que, a través de “personeros”, el Gobierno los están calificando como tal.
Con la liberación de 56 presos políticos este martes, entre ellos los principales líderes de la protesta cívica y rostros emblemáticos de la Rebelión de Abril, aún quedó este grupo de reos, cuya liberación es demandada por la Alianza Cívica como condición para retomar la negociación política con la dictadura. Pallais señaló que, en el acuerdo para la liberación que se vence este 18 de junio, se establece “la liberación de todos”.
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José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y quien en la Alianza Cívica lleva el tema de los presos políticos, dijo en el programa Esta Semana que de los 777 nombres de presos políticos presentados en una lista en marzo pasado, quedan 29 en prisión.
“Los otros 60 corresponden a personas que fueron secuestradas entre el primero de abril hasta el día de hoy”, precisó Aguerri.
La Alianza Cívica propuso al Gobierno, a la Cruz Roja Internacional y a los testigos internacionales, activar el “comité operativo”, establecido en los acuerdos de negociación, para superar, precisamente, diferencias como esta. Pallais explicó que el “comité operativo” se conforma con la Cruz Roja Internacional, más dos miembros de la Alianza Cívica y dos de la comitiva gubernamental para revisar los casos cuestionados.
“Lo más grave es que el Gobierno se ha negado a la propuesta de activar este comité operativo para dilucidar cada caso de estos presos políticos, si es que hubiera problema”, afirmó Pallais, quien insistió que el Gobierno no ha declarado a estos reos como comunes de forma oficial, pero los negociadores del régimen no los ven como presos políticos.
La Alianza Cívica asegura que, de los 89 presos políticos aún no liberados, están los 29 de la lista anterior y ocho aparecen en la lista entregada al Gobierno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a finales del mes de marzo. Mientras que del resto, son personas que han sido identificadas por un familiar, aunque no tienen un documento de respaldo.
Alianza trabaja en listas
Pallais dijo que un equipo de la Alianza Cívica está trabajando de lleno en los expedientes de cada uno de los 89 presos políticos aún encerrados.
“Trabajamos bajo parámetros internacionales para catalogar cada caso como detenidos por razones políticas. Tenemos toda la información de porque son presos políticos”, dijo el integrante de la Alianza Cívica.
Aguerri agregó, por su parte, que ante la falta de organismos de derechos humanos en el país, la Alianza Cívica mantiene un equipo de voluntarios que está recopilando la información.
“Se ha puesto sobre la mesa cuatro temas. La conciliación de esas listas de presos políticos en las que faltan estas 89 personas. En segundo lugar, nos hemos estado reuniendo con los excarcelados y muchos nos dicen que no se les han devuelto sus documentos y bienes”, dijo el presidente del COSEP. “En tercer lugar buscamos el proceso de sobreseimiento definitivo, tanto de los excarcelados y liberados, como de las personas que están en el extranjero con cargos. Hay un proceso abierto que tiene que cerrarse”, agregó.
Pallais explicó que en el acuerdo suscrito en el INCAE, para la liberación de los presos políticos, no existe una fecha límite “para ser capturado” y ser considerado preso político. “Se llegó a un entendimiento que las listas iban a irse actualizando con los nuevos detenidos”, afirmó.
Aguerri también se refirió a la seguridad de los excarcelados. Explicó que en la mesa de seguridad presentaron un protocolo de seguridad, que no terminó de ser acordado. “Es un tema que estamos llevando tanto a los organismos de derechos humanos internacionales como a los garantes, para asegurar que a las personas que vayan saliendo no sufran más represión como el caso de Irlanda Jerez”, dijo el presidente del COSEP.
La comerciante Irlanda Jerez y la soprano Olesia Muñoz no han podido llegar a sus casas porque están sitiadas por paramilitares. Tras ser liberada, la Policía también allanó arbitrariamente una bodega de Jerez, este es el segundo negocio saqueado, además de su vivienda asaltada y ocupada. Un capitán de la Policía relató a Confidencial que las órdenes son vigilar las casas de los liberados para “evitar que tengan contacto con otros líderes”.
Aguerri dijo que la Alianza Cívica está apostando al retorno al país de los organismos de derechos humanos, ya que ellos “te darían mayor seguridad sobre la seguridad de los liberados”.
Después de la liberación de los principales líderes de las protestas, Pedro Gutiérrez González, uno de los 89 presos políticos que el régimen mantiene en prisión, publicó una carta relatando que quedó solo en las galerías de La Modelo.
“Doy gracias a Dios por la fortaleza que me da en estos precisos momentos donde me encuentro, con sentimientos encontrados, pero firme, muy firme en mi lucha por ver a Nicaragua libre. Quedé solo en las galerías, pero con todo el calor humano que me dieron mis hermanos al momento que me tocó despedirles”, escribió Gutiérrez.
Régimen condiciona a la Alianza
Pallais reveló también que el Gobierno está condicionando a la Alianza Cívica. La dictadura solo regresará a la mesa para exigirles que pidan a la comunidad internacional que levanten las sanciones. Para Pallais es absurdo, puesto que en los acuerdos ese paso se daría hasta que esté concluida la negociación.
La dictadura también pretende trabajar la reforma electoral exigida por la oposición, con los partidos políticos colaboracionistas del FSLN. Según Pallais, el Gobierno aspira a que la comunidad internacional reconozca una reforma electoral al margen de la mesa de negociación. Además, no se liberarían a los 89 presos políticos pendientes. En caso de que la Alianza se oponga a eso, darían por terminado el diálogo nacional.
“Para el Gobierno —reclamó Pallais—, el haber liberado a los últimos presos representa la totalidad de los reos políticos”.
