El fracaso de comunicación de la dictadura

El orteguismo quedó sin poder comunicar nada real, pues los hechos de los que pudiera valerse, les son desfavorables, no le sirven para su imagen, pues son una montaña de lo peor en violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, por lo que se ve compelida a mentir una y otra vez, en todo su quehacer comunicativo, ya que su estrategia exitosa por largos años, implosionó en mil pedazos por el baño de sangre con el que castigó a la población.

La dictadura reaccionó velozmente al estallido social del 18 de abril del 2018, pues de inmediato estructuró una estrategia de comunicación para defenderse y atacar al adversario con base a la narrativa fantástica de que no hubo un levantamiento popular, sino un intento de golpe de Estado que incluyó acciones terroristas. Con este argumento irreal trataría de deslegitimar la insurrección pacífica de la ciudadanía y al mismo tiempo justificar su respuesta represiva criminal.

La estrategia de comunicación de la dictadura fue conveniente en términos técnicos, pues partir de la realidad no le permitiría proyectarse positivamente, tenía que crear otra, y eso es lo que hizo, pero no tuvo los frutos deseados porque la participación masiva de la ciudadanía en la protesta pacífica produjo que la mayoría de esta supiera con claridad, desde el primer momento, lo que estaba ocurriendo.

Muchos eran protagonistas directos y otros acompañantes de mil maneras en la insurgencia cívica, por lo que era muy pequeño el margen de entrada a los mensajes de la dictadura. Esto de conocer, saber y tener conciencia de los hechos, ha sido difícil para grandes segmentos sociales influenciados por la estrategia comunicativa seudo religiosa y populista de la tiranía, de antes de abril.

Donde tuvo algún efecto la nueva estrategia de comunicación de los Ortega-Murillo, fue en el exterior, que, sin una observación de primera mano de los hechos, en parte se vio frente a dos versiones contradictorias y excluyentes: la del estallido social y la del intento de golpe de Estado, pero incluso voces cercanas al orteguismo, como el lúcido expresidente uruguayo José Mujica, rápidamente se dieron cuenta que el mensaje del régimen era falso.

Habría sido una verdadera tragedia para la ciudadanía nicaragüense –una más--, que encima de ser la víctima de una represión inusitada, el mundo no creyera en su terrible desventura, pero tempranamente los informes de la CIDH, primero, y luego de la Oacnudh), aclararon de un plumazo que lo que había ocurrido era un estallido social. Después, el informe final del GIEI, puso la tapa al pomo al indicar que el orteguismo podría haber cometido delitos de lesa humanidad, lo que trancó de una vez por todas el discurso oficialista del fallido golpe de Estado.

Sin embargo, no todo fue un fracaso, porque la narrativa del golpe de Estado fallido y de los manifestantes como terroristas, ayudó a cohesionar la cada vez más pequeña base social del orteguismo, le dio una justificación a su proceder, lo cual era imperativo que tuviera, dada la participación de empleados públicos, policías, militares y paramilitares, en la matanza contra el pueblo. Necesitaban una versión conveniente para calmar sus conciencias, justificar su adhesión al dictador Ortega y enfrentar las dudas generadas por el discurso realista de los azul y blanco.

Como parte de su estrategia de comunicación, la tiranía ha inventado historias falsas, como condecorar a una esposa de mentira de un policía cuya familia más bien acusa de su muerte al régimen; o imputarle un asesinato a un joven que estaba en estado de coma cuando se cometió el crimen.

En cuanto al episodio de intenso dramatismo del incendio en una casa de tres pisos en el barrio Carlos Marx, donde seis personas murieron incineradas, incluyendo tres niños, el régimen divulgó un comunicado que lo exonera, de parte de la oficialista Dirección General de Bomberos de Nicaragua, sin embargo, esta institución nunca llegó al lugar, sino que fue el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

También el orteguismo ha pretendido desacreditar a los más importantes medios de comunicación social y a periodistas y comunicadores, incluso confiscando algunos y encarcelando a hombres y mujeres de prensa como Miguel Mora, Lucía Pineda, Marlon Powel y los comunicadores sociales Edwin Carcache y Hansell Velásquez. También ha forzado el exilio de cerca de cien hombres y mujeres de prensa.

Forma parte de la estrategia de los Ortega-Murillo la producción de videos que distorsionan sus principales actos represivos, que tratan de negar el baño de sangre cometido, y que culpabilizan a la ciudadanía que los adversa, pero el contraste de estas burdas manipulaciones con la realidad es tan evidente, que esos mensajes no calan a la mayoría de las audiencias.

En la estrategia de comunicación de la dictadura se inscribe su última gran jugada: su llamada ”ley del perdón”, que pretende sepultar la matanza cometida, sin ninguna posibilidad de lograrlo, pues más bien está recibiendo una repulsa nacional. Este acto legalista se estrella contra la demanda de “Justicia Transicional”, que consiste en investigar y esclarecer lo ocurrido, justicia (llevar a los culpables a juicio justo), reparación a las víctimas y familiares y garantías de que esto no volverá a suceder jamás.

Es tal el divorcio del régimen con la realidad, que el discurso tuvo que llenarse de falacias, tanto en el interior como en el exterior. Como se observó el 15 de mayo en Ginebra, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal (EPU), acerca de los DD. HH. en Nicaragua, la delegación de la dictadura, encabezada por el vicecanciller Valdrack Jaentschke, tuvo que mentir reiteradamente. El diario La Prensa le contabilizó doce falsedades flagrantes en su intervención.

No hay estrategia de comunicación que valga, no siquiera es posible elaborarla, cuando un Estado se degrada tanto como ha ocurrido con el de Nicaragua, cuando una dictadura ha tocado fondo en violaciones de derechos humanos contra la ciudadanía, hasta el extremo de que la familia Ortega-Murillo, principales mandos de la Policía y ministros de gobierno, han sido señalados de haber cometido delitos de lesa humanidad.