4 de junio 2019
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El doctor Víctor Hugo Gómez Huerta, director del SILAIS-Carazo, firmó la resolución administrativa número 02-2019 ordenando el cierre de la ‘Farmacia Vida’ por no prestar servicios el pasado jueves 23 de mayo, cuando Nicaragua se fue a un paro general en protesta contra el régimen Ortega-Murillo.
Afirma el SILAIS que ese día, a las 10:20 de la mañana, sus representantes realizaron una “inspección rutinaria” en esa farmacia, ubicada en la ciudad de Jinotepe, y la encontraron cerrada. Por esa razón, y muy apegados a la Constitución Política y la ley que rige a las farmacias según el SILAIS, clausuraron “definitivamente” el local.
#UltimoMomento #3Jun Jinotepe
Hoy lunes amanece clausurada la Farmacia VIDA, establecimiento farmacéutico que estaba ubicado en el Supermercado Santiago #Jinotepe. La representante legal Ligia María Muñoz lo confirmó.
Ellos se unieron al #ParoNacional#SOSNicaragua @CIDH @OACNUDH pic.twitter.com/rhscD0cQYn— Mov. Nac. AutoConvocado Carazo (@ConvocadoCarazo) 3 de junio de 2019
Las farmacias han sido los negocios que más han sufrido la represalia política del régimen Ortega-Murillo al haberse sumado al paro nacional convocado por la Alianza Cívica, de acuerdo a José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Al menos ocho farmacias han sido clausuradas por el régimen en todo el territorio nacional.
En las resoluciones administrativas que mandatan el cierre de estas boticas apelan a artículos constitucionales (42 y 59), la normativa 292 de “Medicamentos y Farmacia”, y a la Ley General de la Salud 423. En síntesis, este tinglado de disposiciones establecen “normas y reglamentos de la salud y la garantía de salud de la población” que, supuestamente, la ‘Farmacia Vida’ habría violado por participar en el paro nacional.
“La Dirección General de Salud de Carazo Resuelve primero: Clausurar definitivamente el establecimiento farmacéutico ‘Farmacia Vida’, ubicado en esta ciudad de Jinotepe, contiguo a la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria, departamento de Carazo, representada por la señora Ligia Muñoz Lumbí, por infringir lo establecido en la Ley 292”, dice la resolución.
En Jinotepe, una ciudad golpeada por la represión policial y paramilitar, la decisión del SILAIS se percibe llanamente como un desquite del gobierno. Empresarios locales de esa ciudad piden anonimato pero insisten que en lo contraproducente de estas medidas ante una economía “bastante golpeada”. También, para los empresarios resulta irónico acusar a las farmacias de incumplir con “garantizar la salud a la población”, cuando el Ministerio de Salud está acusado de haberle cerrado las puertas a los heridos de la represión. Por citar uno de los casos más emblemáticos de la negligencia humanitaria, el de Álvaro Conrado.
Una violación a la libertad de empresa
El presidente del Cosep explicó a Confidencial que las farmacias han sido un blanco fácil debido al régimen especial que las controla. “Las decisiones de cierre (de farmacias) se han dado a través de su propia ley y reglamentación. Para otros sectores es diferente”, dijo Aguerri.
El Cosep exigió este lunes al régimen que se restituya el derecho de libre empresa. El cierre de negocios es la más reciente forma de “represión” de Ortega contra los empresarios, en medio de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y detenidos, además de miles de exiliados, que vive Nicaragua desde abril de 2018, según la patronal nicaragüense.
Aunque Aguerri reconoció que por ahora no ha sido cerrada ninguna gran empresa, sí denunció que muchos de sus afiliados están siendo amenazados.
“Desde que inició la actual crisis sociopolítica en abril de 2018 y el Cosep asumió un compromiso invariable de respaldo a la lucha cívica y pacífica del pueblo nicaragüense y se integró a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el sector privado ha venido siendo objeto de actos ilegales e inconstitucionales de intimidación, amenazas, represión y confiscaciones de hecho ejecutadas por autoridades de gobierno y miembros de sus estructuras partidarias”, denunciaron los empresarios.
Hacemos pública nuestra posición, ante las denuncias de amenazas y represión gubernamental, recibidas por diferentes empresarios y negocios a nivel nacional, que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica y que han sido objeto de acoso, hostigamiento y amenazas. pic.twitter.com/lBPRQqGtbA
— COSEP Nicaragua (@COSEPNicaragua) 3 de junio de 2019
El Cosep indicó que no cuentan con el número de negocios cerrados, pero anunció que esta misma semana les harán saber las opciones que tienen para que el Gobierno permita nuevamente su apertura, siempre que las autoridades respeten la ley.
Otros procedimientos
Sin embargo, fuentes del sector empresarial confirmaron a Confidencial que una empresa está en proceso de cierre. En ese caso, el proceso administrativo alega que esta compañía no tiene permiso vigente para operar.
Los empresarios aseguraron que el Gobierno está usando otros cuestionamientos con las empresas. “Los están obligando a cumplir requisitos tontos, como poner detectores de metales en las puertas de los establecimientos. Es decir, para hacerles la vida de cuadritos y no decir que los cierren por sumarse al paro nacional”, afirmaron las fuentes empresariales.
El empresario José Dolores ‘Lolo’ Blandino publicó en su cuenta de Twitter amenazas que no especificó. “Nos amenazan en cerrarnos a las empresas que fuimos al paro; los retamos, haganlo y en 60 días estarán sin dinero para pagar a sus sicarios”, escribió.
Nos amenazan en cerrarnos a las empresas que fuimos al PARO, los retamos, haganlo y en 60 dias estarán sin dinero para pagar a sus sicarios. Más rapido saldran, no pueden contra un Pueblo que ya sabe CUAL ES LA UNICA RUTA. pic.twitter.com/4lh2vluz7j
— Ing. Lolo Blandino Arana (@BLANDINO_SA) 2 de junio de 2019
Por su parte el Cosep remarcó en su comunicado que “las actuaciones abusivas y represivas en contra del sector privado se han exacerbado a través de actuaciones de funcionarios de Gobierno y de instituciones del Estado para debilitar la estabilidad y sostenibilidad de las empresas a través de incrementos tarifarios y reformas legales en los ámbitos de la seguridad social y la tributación, que han provocado el cierre de empresas y desempleo en diferentes sectores económicos de todo el país”.
Aguerri dijo que además la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para encontrar una salida a la crisis, denunciará los cierres de negocios ante organismos regionales dedicados a la defensa de los derechos humanos.
El representante del Cosep afirmó que los cierres de empresas son un ejemplo de cómo las prácticas del Gobierno de Ortega no se corresponden con sus palabras.
“Vuelven a hablar de reconciliación, pero en el papel dicen una cosa y en el actuar dicen represión. Que lo dejen de decir y lo empiecen a hacer. Cada empresa que cierra hay más familias perdiendo su empleo (…) que den la oportunidad a los nicaragüenses de poder pensar distinto”, agregó Aguerri.
