28 de mayo 2019
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Pocos días tardó la dictadura orteguista en tomar represalias contra negocios que participaron en el paro nacional del pasado 23 de mayo, o cuyos dueños se han mostrado contrarios a las políticas represivas del régimen. Dos bares, en León, una distribuidora de azúcar y tres gasolineras, en Managua, se pueden contar entre los nuevos establecimientos que han sido suspendidos a través de distintas modalidades de presión.
El régimen usó a la Policía Nacional para allanar ilegalmente la tarde de este lunes una distribuidora de azúcar en el Mercado Oriental. El negocio es propiedad de Alejandro Tünnermann Pereira, hijo del académico y exdiplomático Carlos Tünnermann Bernheim, que es miembro propietario de la Alianza Cívica en las negociaciones con el Gobierno.
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El intelectual explicó a Confidencial que agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), sin ninguna orden judicial irrumpieron en el negocio y se llevaron computadoras, documentos y otros enseres del local. Al mismo tiempo, se llevaron detenido a Wilfredo Núñez, que es el administrador de la empresa comercial
Agregó que su hijo se fue de Nicaragua desde hace seis meses por el acoso que era víctima. “Él (Alejandro) nunca se ha metido en política. Esto es una represalia porque no abrieron el día del paro nacional”.
Tünnermann Bernheim indicó que habló con su hijo, quien se encuentra preocupado por el estado de Núñez, quien quedó al frente del negocio. “Ellos compran azúcar a los ingenios, que luego distribuyen entre los comerciantes del Oriental. Esto (allanamiento) afectará enormemente el negocio”.
El día del paro
La Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) amenazó previamente a los comerciantes qué si cerraban el jueves, “tendrían que asumir las consecuencias”.
El día del paro, la dictadura envió a inspectores del Ministerio del Trabajo (Mitrab) y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), a “visitar” a los pequeños y medianos negocios que cerraron en Managua. Además, oficiales de la Policía Nacional fotografiaron los comercios que cerraron.
En León, dos reconocidos bares —Olla Quemada y Patio El Padrino— fueron acosados el fin de semana por agentes policiales, quienes se presentaron para intimidar a los trabajadores y clientes, quienes al final abandonaron los locales.
Arturo Cano, coordinador en León de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), señaló que los policías no clausuraron oficialmente los negocios, aunque les “recomendaron” a los encargados que “era mejor cerrar”.
Explicó que los oficiales les solicitaron los permisos de operación, aunque la misma Policía Nacional se ha negado a renovarles las licencias, pese a que cumplen con todos los requisitos de ley.
“Esos bares cerraron el día del paro, aunque la represalia no creo que sea solo por eso. En el caso de la Olla Quemada ha sido acusada (por simpatizantes sandinistas) de alimentar a los ciudadanos que montaron un tranque a media cuadra del bar”, mencionó Cano, quien añadió que el dueño de ese negocio tuvo que irse del país tras las protestas cívicas.
Policías intentan detener al reportero gráfico Luis Sequeira, de la agencia AFP. El hecho ocurrió en marzo pasado en la gasolinera por el centro financiero Lafise. Foto: EFE/ Jorge Torres
Quitan concesión
En Managua, a la empresaria Martha Guerrero la petrolera UNO le quitó sorpresivamente la concesión de tres gasolineras, una de ellas la ubicada frente a la esquina noroeste del centro financiero Lafise, que se había convertido en un punto de reunión y refugio para los ciudadanos que han manifestado contra el régimen orteguista.
Además de esta gasolinera, a Guerrero le fue cancelada la concesión de las estaciones UNO en el kilómetro 10 ½ Carretera a Masaya, y la de la entrada al centro comercial Galerías.
La empresaria tenía al menos 17 años con la concesión de dos de las gasolineras, la otra fue adquirida hace cuatro años. A partir de 2010, la petrolera UNO compró las estaciones Shell, Texaco y Chevron.
Guerrero aseguró a Confidencial que el contrato con la petrolera UNO no estaba por vencerse, aunque no quiso profundizar los motivos de la empresa.
“No puedo decir si es una represalia política. He ido a las protestas y he estado en la Catedral (donde se han realizado algunos piquetes), aunque no puedo saber si eso lo considera la UNO”, comentó la empresaria, quien destacó que el aviso de cancelación lo recibió “el sábado a las seis de la mañana”.
Versión de UNO Nicaragua
En una nota, enviada por correo electrónico, UNO Nicaragua indicó que la cancelación de las concesiones “es producto del incumplimiento de las obligaciones contractuales, originada por las cuentas en moras que la señora Guerrero tiene con UNO desde hace más de un año”.
“Cabe hacer mención que se le indicó la oportunidad del cumplimiento de sus obligaciones otorgándole planes de pago, no habiendo solventado las deudas en mención”, señaló la petrolera.
Aclaró que “esta acción no tienen ninguna vinculación política” y “fueron decisiones derivadas del incumplimiento del contrato de operaciones”.
El cártel de las petroleras
“Ellos (UNO) terminaron el contrato conmigo y ya se lo entregaron a otro concesionario, por lo que hasta el momento todos los empleados están en sus puestos”, acotó.
Guerrero manifestó que el día del paro no cerró porque la petrolera los obliga mantener abierto, por mandato del Gobierno. “En los dos primeros paros no abrimos porque dependía de si el personal se podía mover, pero luego nos dijeron que debíamos abrir con el personal que llegara”.
Expertos han señalado a Confidencial que las petroleras en Nicaragua han creado un pequeño “cártel”, que en los últimos años se han quedado con al menos 48 millones de dólares, en concepto de sobreprecio.
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Los precios de los combustibles en Nicaragua son fijados semanalmente por las petroleras UNO, Puma Energy y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), esta última vinculada al control empresarial de la familia presidencial.
En Managua, existen 40 estaciones UNO; 21 de la Puma Energy —de estas cuatro están fuera de servicio—; y 11 gasolineras DNP, que en los últimos meses cambiaron de nombre y marca para evitar ser vinculadas al régimen y sortear un boicot ciudadano.
Papel del INE
En el caso de Guerrero, el régimen no usó al Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para castigar a los concesionarios de gasolineras señaladas de dar protección a ciudadanos atacados por policías y paramilitares orteguistas. En diciembre pasado, el INE le confiscó la gasolinera Puma Metrocentro al empresario Juan Carlos Habed Cornavaca.
La Puma Metrocentro sirvió de refugio a los estudiantes y ciudadanos que huían de la represión orteguista contra las protestas cívicas. El 28 de mayo de 2018, un dispositivo de antimotines atacó con balas y bombas lacrimógenas a un grupo de universitarios que se refugiaban en la estación de servicio. Los agentes destruyeron el local.
El régimen también cerró arbitrariamente la gasolinera Puma Loyola, cuyo concesionario Jorge Samper Blanco denunció al régimen por usar al INE, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), para clausurarle el negocio.
En diciembre pasado, la dictadura usó también al INE para confiscar la estación Puma Larreynaga. Sin embargo, el empresario ha decidido guardar silencio.
