25 de mayo 2019
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Después de incumplir los acuerdos con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el régimen orteguista promueve una agenda unilateral en el diálogo nacional. La Alianza se retiró de las negociaciones, condicionando su retorno a la liberación definitiva de todos los 232 presos políticos, de una lista conciliada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La dictadura solo ha excarcelado a 99 reos de conciencia, de ese registro.
El canciller Denis Moncada Colindres, leyó un documento titulado “Programa de trabajo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para consolidar estabilidad y paz en Nicaragua”, que trata superficialmente una serie de exigencias de la Alianza Cívica, como la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos constitucionales
En el documento, el Gobierno anunció “la liberación definitiva a más tardar el 18 de junio de 2019 de los excarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar”. Sin embargo, no menciona a los 809 detenidos en las cárceles, según cifra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se comprometió en marzo pasado a liberar.
El Gobierno hizo este anuncio el miércoles pasado, horas antes del paro nacional del jueves pasado, y un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobara una resolución en la que exigían la liberación de los presos políticos, el regreso de la CIDH y reformas electorales.
No da fechas
Prometió, sin establecer fecha, “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública”, que está prohibido desde septiembre pasado para evitar protestas contra el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, advirtió que lo permitirá bajo “la ley de la materia y las normativas vigentes”, que la Policía Nacional ha interpretado a su discreción, ya que no ha autorizado, sin argumentos válidos, las múltiples solicitudes hechas por organizaciones civiles y empresariales.
De la misma manera reiteró su interés en llamar “a la comunidad internacional y organismos financieros internacionales, para el cese de la aplicación de sanciones y las amenazas de nuevas sanciones”, mismas que hasta ahora solamente han afectado a algunos allegados y familiares de Ortega, aunque el Gobierno sostiene que perjudican al “pueblo de Nicaragua”.
Sobre la libertad de prensa, detalló que sólo será permitida después de “hacer las auditorías pertinentes (...) a fin de determinar el buen uso de los equipos, insumos y materias primas exoneradas”, y lo mismo anunció para las organizaciones sin fines de lucro, algunas de las cuales clausuró en diciembre pasado a través de la Asamblea Nacional.
El Gobierno también se mostró anuente a reformas electorales únicamente con la OEA, pero sin acceder al adelanto de las elecciones de 2021, tal como lo han recomendado diferentes sectores locales e internacionales.
Ampliación de agenda
Un día después de anunciar su agenda unilateral, el canciller Moncada divulgó una ampliación de la misma, que incluye acelerar la “paz”, convertir en ley el Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV), forzar a los manifestantes a no protestar e incentivar el retorno de los exiliados.
El canciller reveló que impulsarán “a lo inmediato la elaboración del Anteproyecto de Ley del Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV), a efectos de proporcionar la atención y reparación integral necesaria a las víctimas y sus familiares por los daños y perjuicios causados, por la intentona golpista del año pasado, basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición”.
En su ampliación, el Gobierno exige a los opositores “el respeto absoluto de la Constitución y las leyes del país”, entre ellas la recién aprobada Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, criticada porque, según expertos, profundiza el control de Ortega sobre la sociedad nicaragüense.
El Gobierno indicó que sus oficinas en otros países “brindarán la información y apoyo” a los exiliados, que se cuentan por decenas de miles, como parte del plan “Retorno Voluntario de los Nicaragüenses en el Exterior”, señalado por los opositores e instituciones extranjeras de no garantizar la seguridad de los que huyeron.
El anuncio de esta agenda ha agrietado aún más las relaciones entre el régimen y la Alianza Cívica, cuyos miembros califican la medida como un “rompimiento total” de las negociaciones.
