Indignación en El Salvador por contratos de los Funes en Nicaragua

En San Salvador muchos repiten una pregunta: “¿Qué tan bajo ha caído el expresidente Mauricio Funes como para aceptar un salario de 2739 dólares en Nicaragua y exponerse de esa manera?”. Otros dicen: “¿Será que se le acabó el dinero que malversó?”. La revelación de que el exmandatario efemelenista y su hijo, Diego Roberto Funes Cañas, son asalariados de la Cancillería del régimen de Managua ha causado indignación en ese país, cuya justicia requiere a los Funes, asilados políticos de Daniel Ortega desde 2016.

“Esta información ha creado una ola de indignación en El Salvador. Es la comidilla entre la gente… el tema ha sido retomado por los medios de comunicación”, aseguró Daniel Valencia, editor de El Faro, un diario digital que ha investigado y revelado el entramado de corrupción del expresidente Funes.

• El contrato a Funes es un arreglo entre mafiosos
• Mauricio Funes recibe salario de la Cancillería orteguista
• Daniel Ortega otorga asilo al expresidente Funes

Aunque en Nicaragua la revelación del contrato de los prófugos de la justicia ha sido catalogado como “un acuerdo entre mafiosos”, Valencia dijo que en El Salvador se ha percibido como una treta más de Funes para esquivar la justicia que lo busca.

“Ya era indignante para la población salvadoreña conocer primero el traslado del expresidente Funes y su grupo familiar hacia Nicaragua, en medio de las primeras pesquisas de investigación en su contra por lavado de dinero y corrupción”, remarcó el editor de El Faro. “Luego fue indignante conocer que le concedieron asilo y la negativa del partido oficial, del FMLN, para explicar cuál ha sido su participación en este proceso en el que se le ha dado protección a Funes, quien es requerido por la justicia”.

Según la planilla del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Funes devenga un salario de 90 080.46 córdobas (unos 2739 dólares al cambio oficial). El documento no expone el concepto del pago a Funes, aunque confirma que al menos uno de sus hijos, Diego Funes Cañas, se encuentra en la planilla oficial y revela una dirección domiciliar imprecisa en Managua.

Procesos judiciales en El Salvador

Funes está prófugo de la justicia desde 2016. En El Salvador tiene un proceso judicial abierto por el desvío y blanqueo de 351 millones de dólares de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República, y otros cuatro procesos judiciales por sobornos, peculado y lavado de dinero. En uno de esos otros cuatro casos, Funes es perseguido por el pago de sobornos al exfiscal general Luis Martínez, para evitar las investigaciones. En septiembre de 2016, el Gobierno de Ortega decidió otorgarle asilo político a Funes y a su familia en Managua.

“Funes tiene actualmente tiene cinco acusaciones pendientes. La más importante es por peculado y lavado de dinero, en relación al desvío de más de 351 millones de dólares de casa presidencial, realizado a través de un mecanismo irregular, opaco, en el que se utilizó la partida secreta de la presidencia para hacer una serie de pagos que, se saben, se usaron para pagar sobresueldos a funcionarios, políticos, periodistas y para mantener los gastos y los lujos del expresidente y su círculo más íntimo de colaboradores”, dijo Valencia.

El editor de El Faro desestimó a Funes, en el sentido de que el expresidente se declara “perseguido político” en El Salvador, cuando en realidad enfrenta procesos judiciales. En el caso salvadoreño, Valencia negó que la justicia este politizada como en Nicaragua.

“Es curioso que se dice perseguido político. Es su propio partido el que termina mandato el (próximo) 30 de mayo, el mismo partido que lo llevó a la presidencia. Es una excusa para no enfrentar a la justicia. Él ya fue condenado por enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema y los jueces detectaron un enriquecimiento de 417 000 dólares que no ha podido explicar. Por eso fue condenado él y su hijo”, afirmó Valencia.

Extradición poco viable

El periodista ve poco viable que la extradición de Funes pueda ser efectiva. En abril de 2019, la Corte Suprema nicaragüense denegó una solicitud de extradición solicitada por su par salvadoreña, alegando que precisamente Funes goza de asilo en Nicaragua y por lo tanto la solicitud era improcedente.

“Esa opción está vedada a menos que le retiren el asilo. Sería muy poco lo que se puede hacer, pese a lo que diga el presidente electo (Nayib Bukele) sobre la extradición de Funes”, afirmó el editor de El Faro. “A menos que entablara conversaciones con el Gobierno de Ortega, al cual ha dicho, desde que ganó, que rompe por completo con la dictadura de Ortega. Es imposible pensar en acercamientos para tratar de cabildear para que Nicaragua le quite el asilo político”.

Valencia criticó que el FMLN guarde un “silencio cómplice” en el caso de Funes. “Ha sido un silencio cómplice que le ha pasado una gran factura al FMLN, en las dos elecciones. El partido, que promulgó cambios, ha cometido las mismas irregularidades y usado los mismos mecanismos que utilizaron los gobiernos de Arena para desviar fondos”, aseguró.

Daniel Ortega y Mauricio Funes, en Managua. Archivo | EFE | Mario López

¿CICIG salvadoreña?

Aunque el gobierno entrante de Bukele ha denostado ampliamente la corrupción del Gobierno de Funes, Valencia no cree que en El Salvador se instale una Comisión Internacional Contra la Impunidad, como en Guatemala (CICIG). El vicepresidente electo, Félix Ulloa, tiene una propuesta para combatir la corrupción. Pero en todo caso no sería una CICIG sino más bien un modelo que reforzaría a la Fiscalía salvadoreña, de acuerdo al editor de El Faro.

Para instalar una CICIG salvadoreña debería realizarse una reforma constitucional y el Gobierno de Bukele no cuenta con los escaños necesarios para hacerlo.

“La Asamblea legislativa es el principal opositor a Bukele, al estar controlada por ARENA.  Y el FMLN tiene una buena base de diputados necesarios para que Bukele pueda hacer algo. Bukele solo cuenta con 11 diputados y necesita hacer cabildeos para alcanzar mayoría simple que son 43 diputados en El Salvador”, afirmó Valencia.

El editor de El Faro remarcó que la clase política se resiste a una CICIG. “Están muy recelosos”, dijo Valencia.