Tras el levantamiento del 30 de abril ¿cuáles son las opciones que están sobre la mesa? La frase continuamente expresada por voceros de Estados Unidos siempre fue interpretada como una amenaza del uso de la fuerza en Venezuela. Sin embargo, no era la única, ni la primera, también estaba la negociación con factores cercanos a Nicolás Maduro. Ahora, nuevamente emerge la posibilidad de una acción armada aunque las señales que se emiten desde EE. UU. son confusas.
“A esa transición le falta una pata y es la del chavismo. Nada se va a lograr si no se cuenta con algunos elementos claves. La Fuerza Armada no va a reconocer a Juan Guaidó, pero sí puede ponerse del lado de la Constitución” afirmaba en marzo a Efecto Cocuyo un exmiembro del gobierno de Hugo Chávez que marcó distancia con el madurismo y ahora vive en Estados Unidos.
Y esta fue la vía seguida, luego del 23 de febrero, cuando se esperaba un quiebre en la fuerza armada venezolana para permitir el ingreso de la ayuda internacional. La línea de acción se fue decantando hacia las negociaciones con sectores del oficialismo.
“Una de las cosas más importantes sobre las que hablaré es que mientras pensamos en el futuro de Venezuela hay que pensar en el rol de los militares y del chavismo porque el chavismo es parte de la política en Venezuela” decía Elliot Abrams, representante del Departamento de Estado para Venezuela, el 25 de abril, a pocos días del levantamiento del 30A.
Para aquel momento, siguiendo la línea de tiempo esbozada por Leopoldo López en sus recientes declaraciones desde la residencia del embajador de España, ya se habían producido conversaciones con funcionarios del Gobierno de Maduro. Entre ellos, militares y civiles. La cuota más evidente de esta maniobra fue el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Manuel Ricardo Christopher Figuera, a quien, captaron, según fuentes, a través de un enlace de López, pero a su vez, según las fuentes, representa una corriente interna en los cuerpos de seguridad.
¿Cómo reordenar la estrategia de una transición “light” que habría permitido avanzar en la resolución de la crisis? ¿Qué otros actores pueden intervenir? ¿El 30A puede ser visto como un fracaso o un avance? ¿Cómo romper el “empate catastrófico”, de las fuerzas políticas del país sin que esto implique la reducción de una de ellas?
La historia de levantamiento del 30 de abril tiene muchos baches de información. Con testimonios de fuentes directas y allegadas se hace en esta nota una aproximación. Hay varios hechos que quedaron en evidencia: las negociaciones aún infructuosas entre sectores afines a Juan Guaidó y al chavismo con el apoyo de EE. UU.; las fisuras dentro de la oposición y del Gobierno y el importante rol de la comunidad internacional que también se maneja de manera ambivalente. Hay coincidencias: es necesaria la salida de Nicolás Maduro. Hay diferencias fundamentales: cómo sería esa salida y que pasará con quienes hoy están en el poder.
Lo que podría quedar como un anecdotario de intentos frustrados abre otras puertas con elementos que se deben tomar en cuenta: las secuelas del 30A, el rol de la Fanb, el rol de la Comunidad Internacional con tres frentes: EEUU, Unión Europea, Grupo de Lima, las opciones de salida pacífica o armada y sobre todo cómo garantizar la gobernabilidad de una eventual transición. A fin de cuentas, si todas las opciones están sobre la mesa, hay que ver cuáles son esas posibilidades.
El 30 de abril, punto de quiebre
De acuerdo con fuentes directas, una sentencia reposa en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. En ella se establecen los cuatros puntos que abrirían la puerta para una transición ligera en el país. Estos puntos son: empoderamiento de la Asamblea Nacional para tomar acciones ejecutivas, la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente, la liberación de presos políticos y el llamamiento a elecciones libres. Tal era el compromiso de factores del chavismo y de la oposición que avanzaron en conversaciones con el propósito de lograr la salida pacífica de Nicolás Maduro.
Siguiendo el relato de estas fuentes, se fueron llegando a acuerdos que involucraron a dirigentes de la oposición tradicional, emblemáticas figuras del chavismo e incluso testaferros- algunos sancionados por los Estados Unidos- que lograron hacer las conexiones para implicar al jefe de la Policía política, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) así como a magistrados de la sala plena y de la constitucional, al ministro Vladimir Padrino, a jefes de Faes y de Polinacional, entre otros que se irían pronunciando una vez que la sentencia hubiese sido publicada.
Mientras en el Gobierno de Maduro se devanaban los sesos por las implicaciones sobre una posible intervención militar, uno de los caminos que se recorría era el acercamiento con grupos del Gobierno y uno de los canales para tal conexión fue por ejemplo alguien cercano a López, que a su vez era cercano a Christopher Figuera, jefe del Sebin.
De esta manera se fue incorporando el jefe del Sebin al levantamiento contra Maduro.
Otro de los canales fueron testaferros y sancionados. Fuentes allegadas a este proceso insisten en que el empresario Raúl Gorrín jugó sus cartas y esto permitió que su esposa y la de su socio Gustavo Perdomo fuesen excluidas de la lista Ofac (Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos o Lista Clinton).
Otro sancionado cuyo nombre sale a relucir en la trama de negociaciones es Samark López, empresario venezolano, sancionado desde febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro de EE. UU.. Habría sido el vínculo para llegar a otros oficiales de los cuerpos de seguridad. López, según allegados, salió de Venezuela hacia Rusia.
¿Cómo llega el presidente del TSJ, Maikel Moreno, a esta historia?
De acuerdo con las fuentes de oposición, Moreno envió emisarios a un grupo de oposición, debido a que junto a los magistrados del TSJ ha sido sancionado también por EEUU y Canadá.
En esto coinciden todas las fuentes consultadas para esta nota. En lo que no hay coincidencia es en el rol que cumpliría el magistrado. Por una parte, se le atribuye la elaboración de la sentencia que abriría la vía para el reconocimiento de los altos mandos de las Fanb; y por el otro, hay una fuente que asegura que Moreno encabezaría esa transición, para seguir sumando factores del chavismo.
Para lograr el apoyo de magistrados del TSJ y de otros, la oferta era el perdón de las sanciones por parte de EEUU.
El mismo 30 de abril a eso del mediodía John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una conferencia de prensa aludía directamente a los generales Vladimir Padrino, ministro de la Defensa; Rafael Hernández Dalá, jefe de la Guardia Presidencial, y al presidente del TSJ. “Todos ellos están de acuerdo en que Maduro se tiene que ir…Ellos deberían tener la capacidad de actuar esta tarde o esta noche para ayudar a sumar más fuerzas militares al presidente interino”. Luego emitió un tuit en su cuenta en el cual les advertía que aceptaran la amnistía ofrecida por Guaidó, protegieran la Constitución y removieran a Maduro y les serían removidas las sanciones. “Permanezcan con Maduro y se hundirán con el barco”.
No fue esta la única mención, luego el 1 de mayo emitiría otro en inglés y español:
“@vladimirpadrino @Ivanr_HD @MaikelMorenoTSJ: Conocen bien el papel que jugaron en la planificación de hoy por la democracia venezolana. Deben hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Nosotros, y el mundo, los haremos responsable por los venezolanos que hoy están heridos.”
El general Christopher Figuera asumió las riendas del Sebin en octubre de 2018, después de la muerte en la sede de la policía política del concejal opositor Fernando Albán y de un episodio no clarificado sobre la detención de la caravana presidencial. Desde entonces se profundizó la división de este cuerpo, entre la escuela vieja, donde la tortura y los malos tratos son la norma y una escuela más nueva, en el cual la aplicación de tácticas de disuasión e inteligencia prevalecen. El general Christopher Figuera, quien fue segundo al mando de la Dirección de Inteligencia Militar, ha sido sancionado por EE. UU. y está denunciado ante la Corte Penal Internacional.
Christopher Figuera hizo llegar una carta pública de renuncia, en la que asegura seguir reconociendo a Maduro como comandante en jefe, aunque señala haber descubierto a muchos negociando a espaldas del gobernante.
“Lo sensible de esa situación, me llevó a plantearle una acción política en la que usted colocara la agenda… A mis compañeros de armas del Alto Mando, todos mis superiores, algunos alcanzaron a decirme que ése no era el método ni el modo, es verdad, coloquen ustedes el método y busquen el modo. Pero hay que reconstruir el país y reordenar el Estado”.
“Mi Comandante en Jefe, lo sigo reconociendo y, puedo mirarlo a usted y al Alto Mando Militar, a los ojos, pero algunos de ellos no serán capaces de sostener la mirada”.
Para el periodista Javier Ignacio Mayorca, experto en las fuentes militar y de seguridad pública: “Lo del exjefe del Sebin, sin embargo, no puede ser leído como el producto de una iniciativa netamente personal. Fuentes ligadas al chavismo indican que este oficial era exponente de toda una corriente que ha venido cobrando fuerza durante los últimos meses dentro de la Fuerza Armada Nacional, que intenta una salida a la crisis política por medios propios, sin necesidad de mayor intervención extranjera”.
De acuerdo con el periodista Eligio Rojas, el oficial huyó de Venezuela hacia Puerto Rico, aunque primero hizo escala en República Dominicana.
Cambios recientes en la Policía Nacional bolivariana así como el intento de darle autonomía al comando de Fuerza de Acciones Especiales, Faes, lucen como acciones destinadas a frenar cualquier división.
Si bien, hay secuelas para Maduro, también las hay en las filas de Guaidó. Este evento podría sumarse a las conspiraciones fallidas.
Sin embargo, dependiendo de las lecturas está en juego la credibilidad de Guaidó y su equipo para seguir adelante y obtener resultados. Así mismo, la oposición venezolana puede resquebrajarse una vez más por la desconfianza que generó en algunos, no solo la liberación de López, sino lo poco concertada de esta operación.
Todas las fuentes de partidos políticos consultadas por Efecto Cocuyo negaron tener conocimiento de esta acción. “Nos madrugaron”, dijeron desde temprano el día 30. También se conoció que aquel día a eso de las 3 de la madrugada, el diputado Henry Ramos Allup recibió una llamada de parte de López pidiéndole que se acercara a la base aérea de La Carlota, hacia donde se dirigirían luego López y Guaidó.
La presencia del vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, en La Carlota, fue la excusa del TSJ para exigir su pase a juicio.
Esta medida la leen en la oposición como un intento de dividirlos al inhibir al partido Acción Democrática.
Pero tal vez el impacto más profundo que puede tener este fallido levantamiento es en el apoyo popular a Juan Guaidó. El joven ha gozado de un gran respaldo desde que se asumió como presidente encargado de la República; sin embargo, ha debido dar la cara ante las expectativas frustradas del 23F y ante los hechos ocurridos el 30A. En distintas reuniones privadas en Washington, representantes del Departamento de Estado han expresado que solo los venezolanos pueden resolver el problema, aun cuando EE. UU. está del lado de Guaidó.
Esto implica que las movilizaciones de calle son consideradas como una muestra del respaldo al interino. Sin embargo, la represión se ha agudizado. En tan solo dos días hubo cuatro personas muertas- entre ellas dos adolescentes, más de 130 heridos y 200 detenidos, según balance de organizaciones no gubernamentales.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek Willian Saab, informó que pidió detener a 18 civiles y militares por su presunta implicación con el levantamiento del 30A.
Según versiones coincidentes, la iniciativa López-Guaidó del pasado 30 de abril echó al traste la idea original. López explicó que su liberación obedeció a un mandato de Guaidó en su condición de presidente interino, que sus custodios acataron. Sin embargo, no ocurrió igual con otros presos políticos, bajo vigilancia del Sebin, aun cuando, en el plan inicial, estaba contemplada la liberación de todos.
Fuentes de los partidos AD, UNT y otros aliados opositores dijeron desconocer esta acción.
¿Y ahora qué?
La política venezolana se mueve en varias ciudades fuera del país. Bogotá, Washington, Miami, Santo Domingo se han convertido en lugares de encuentro para afinar estrategias que permitan la salida en paz de Maduro.
Sin embargo, los centros de poder giran en torno a EE. UU., Rusia y Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló recientemente con su par Vladimir Putin sobre la situación de Venezuela. Ambos, dijo el mandatario estadunidense, quieren una solución pacífica.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dijo que habló con el primer ministro canadiense Justin Truddeau sobre la situación de Venezuela.
“Enfaticé en la necesidad del diálogo con el Presidente Maduro basado en el respeto a la soberanía de #Venezuela y al Derecho Internacional sin amenaza ni intervención extranjera”, dijo en un tuit.
El sábado 4 de mayo el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, reiteraba que estaban con el pueblo venezolano, pero aseguraba que el momento de la transición es ahora.
El empate catastrófico en Venezuela, como ha sido llamado por el politólogo Dimitris Pantoula, mantiene al país en el vilo constante. Ninguna de las dos fuerzas predominantes ha podido eliminar a la otra.
En este contexto nuevamente surgen las propuestas de grupos de oposición que invocan la intervención militar extranjera a través de la aplicación del principio de responsabilidad de proteger, a lo que Maduro ha respondido exigiendo a los militares prepararse para responder cualquier agresión, que ven muy posible.
Frente a este extremo también surgen opciones que piden una resolución pacífica del conflicto.
Crisis Group sostiene “La clara lección de los eventos del 30 de abril es que no puede haber una solución en la que el ganador se lleva todo en Venezuela. El Gobierno permanece en control de las fuerzas de seguridad, la autoridad electoral y la corte suprema, pero no puede reparar la economía sin un acuerdo político que permita que las sanciones sean levantadas y que un competente equipo de tecnócratas empiecen a implementar un plan de recuperación. Tampoco puede silenciar el disenso público, excepto a través de la represión.”
Texto originalmente publicado en Efecto Cocuyo