29 de abril 2019
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Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau cumplen, este lunes, 129 días en prisión y hoy estaba previsto el inicio del juicio político en su contra que fue suspendido indefinidamente, sin que hasta ahora se presenten pruebas de los delitos que la dictadura les imputa.
En celdas de castigo de La Modelo y La Esperanza, el director y la jefa de prensa de 100% Noticias, han esperado un proceso judicial, reprogramado en cuatro ocasiones, que pretende criminalizar su ejercicio del periodismo, bajo acusaciones de incitación al odio y terrorismo.
"No hay fecha prevista, no sabemos bajo qué circunstancias se suspendió el juicio, lo cierto que estos casos corresponden a una índole política", declaró el abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro.
Sin embargo, el abogado insiste en que la causa debe ser anulada por las múltiples irregularidades en el proceso.
- Miguel y Lucía a juicio político.
“Dentro de los elementos de pruebas testimoniales ninguno de ellos imputa de manera clara y directa ¿qué día? ¿A qué hora? ¿En qué programa? ¿En qué momento de ese programa? ¿O de qué manera concreta, Miguel Mora, Lucía Pineda, o las otras tres personas que están siendo imputadas, pero que no están en el país, en este caso Luis Galeano, Jackson Orozco y Jaime Arellano, cometieron esa ilicitud?”, cuestiona Montenegro.
Miguel Mora es presentado en los Juzgados de Managua. Cortesía / Confidencial
A Mora y Pineda, la dictadura les imputa los delitos de: “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, utilizando el artículo 398 del Código Penal, y “provocación, apología e inducción al terrorismo”, según el artículo 32, que en sus párrafos siguientes especifica que “no se considerará apología el ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión y el derecho de información”.
Sin embargo, ambos permanecen presos y Montenegro lamenta que sigan
Acusación no debió proceder
“Nosotros hemos insistido que estos procesos debieron haber sido suspendidos de manera indefinida”, declaró Montenegro en una entrevista en el programa Esta Semana.
Montenegro sostiene que la acusación contra los periodistas nunca debió ser admitida por el juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto del Distrito Penal de Audiencias de Managua. Además, indica que las arbitrariedades comenzaron desde el instante en que la Policía irrumpió por la fuerza en 100% Noticias, sin mostrar una orden judicial, fuera del horario establecido por la ley para cualquier allanamiento (que además no estaba autorizado). Tampoco correspondía el arresto contra Mora o Pineda, ni terceras personas.
Junto al director y la jefa de prensa del canal de noticias también fueron detenidos la directora y esposa de Mora, Verónica Chávez, el encargado del control máster Gustavo Cerna y el conductor Joseph Hernández. Chávez fue liberada horas más tarde. Mientras, Cerna y Hernández permanecieron varios días en prisión, sin ninguna acusación en su contra.
¿Dónde están las pruebas?
Más de cien días después de su arresto ilegal, las supuestas pruebas del Ministerio Público en contra de los periodistas no han sido entregadas a su defensa ni los supuestos testigos tampoco han logrado precisar en qué momento los periodistas incitaron al odio. Tampoco en la relación de los hechos, los supuestos acusadores explican cómo Mora y Pineda causaron algún perjuicio a las presuntas víctimas.
“Dentro de los elementos de pruebas testimoniales ninguno de ellos imputa de manera clara y directa”, reitera Montenegro.
https://www.confidencial.digital/el-periodismo-la-gran-pasion-de-miguel-y-lucia/
Como parte del proceso judicial, el Ministerio Público ofreció como prueba cinco discos compactos con fotografías y videos, pero esta evidencia tampoco se ha entregado a sus abogados, limitándoles el derecho a la defensa.
“La excusa es que esos (videos) están como elementos de convicción en manos de la Policía Nacional, porque se les ocuparon a unas presuntas víctimas. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público haya hecho un intercambio de información y pruebas sin haber tenido a su vista en qué consistía cada video? Si los está ofreciendo, es porque le consta el contenido que hay en ese video… el problema es que se negó a darnos esos elementos de pruebas”, cuestiona Montenegro.
De reprogramación en reprogramación
Desde que Mora y Pineda fueron arrestados, el 21 de diciembre de 2018, han permanecido aislados en celdas de máxima seguridad, bajo condiciones carcelarias que el eurodiputado español Ramón Jáuregui describió como inadecuadas, después de visitarlos en la Dirección de Auxilio Judicial, a mediados de enero.
Su esposa, la periodista Verónica Chávez ha denunciado las pésimas condiciones en las que mantienen al director de 100% Noticias; mientras una de las hermanas de Pineda Ubau lamentó haberla visto "angustiada por tanta soledad" en la que la mantienen encarcelada.
https://www.confidencial.digital/encontramos-a-lucia-sin-animo-y-angustiada-de-tanta-soledad-denuncia-su-hermana/
Después de 40 días de arresto arbitrario, el 31 de enero de 2019, los periodistas de fueron trasladados al Sistema Penitenciario Nacional. Mora fue llevado a la cárcel La Modelo, y Pineda a la cárcel La Esperanza.
Los nicaragüenses y la comunidad internacional han exigido en reiteradas ocasiones la libertad de los comunicadores y los más de 600 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país. Recientemente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abogó por la liberación de ambos periodistas.
Miguel Mora y Lucía Pineda están detenidos en el sistema penitenciario "La Modelo" y "La Esperanza" en Tipitapa, Managua. Foto: Cortesía
Proceso debe anularse
A criterio de la abogada Leyla Prado, quien defendió a Lucía Pineda durante su presentación en los Juzgados, el proceso debería ser declarado nulo. El juicio “es bastante arbitrario”, valora.
“Ese proceso está plagado de nulidades y la experiencia que nosotros tenemos como penalistas es que si a alguien le atribuyen una conducta delictiva es según las normas penales que están, pero eso que le atribuyeron a ella (Lucía) o a Miguel, era una narrativa extensa de supuestas noticias que ellos transmitieron, que eso vino a que la gente se exacerbara y que se fueran a matar, a lesionar simpatizantes (del régimen)”, reclama la abogada.
A Prado le resulta “inverosímil” que a los periodistas se les acuse de “incitar al odio” por el simple hecho de informar, ya que “es una cosa que trastoca la ley, que trastoca las normas jurídicas”.
Tanto Prado como Montenegro consideran que el proceso judicial contra los comunicadores está parcializado, y que el contenido político es la principal razón por la que los periodistas permanecen detenidos. Prado destaca que “la parcialización es muy evidente”.
Lizbeth Pérez junto a Lucía Pineda, en una captura de pantalla del video filmado por los eurodiputados en una visita a El Chipote. // Foto: Reproducción
“Ahí la acusación, por muy mala que esté, fue admitida, las nulidades de detención que se invocaron —por la forma de detención de ella— fue inútil, la forma de cómo se giró la orden de allanamiento y detención, y la hora en que se ejecutó, que también fue alegado como una nulidad procesal, tampoco”, agregó.
Montenegro enfatiza que “a parte del debido proceso legal, (en el proceso contra los periodistas) se están violentando algunos artículos constitucionales que tienen que ver con el derecho a expresarse públicamente de manera escrita, de manera verbal, a través de imágenes a emitir criterios y opiniones”.
“El comunicador social tiene esa libertad y lo permite la Constitución Política”, sostiene.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en Nicaragua las agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación independientes se han intensificado.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, criticó que “la democracia y el Estado de derecho son incompatibles con la criminalización de la prensa independiente”. Desde la prisión, Mora y Pineda comprueban la poca o nula voluntad política de la dictadura para respetar las garantías constitucionales.
