10 de abril 2019
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Al menos 232 presos políticos deberían recuperar su libertad en cualquier momento, pero el Gobierno de Daniel Ortega no ha tomado la decisión, pese a que se han cumplido las condiciones para dejarlos ir, informó este martes la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
"Esperamos que esas 232 personas puedan salir lo más pronto posible, el Comité Internacional de la Cruz Roja está listo, a la expectativa, esperando que el Gobierno lo haga (dé la orden)", dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza, José Adán Aguerri.
El mes pasado el Gobierno de Nicaragua se comprometió a liberar a todos los presos políticos, con base en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -unos 809- en un plazo de 90 días, que se cumplirán el 18 de junio próximo.
Desde su compromiso, el Gobierno ha excarcelado a 50, mientras que otros 168 fueron enviados a sus casas entre el 27 de febrero y la primera semana de abril.
La Alianza, que negocia con el Gobierno una salida pacífica a la crisis, sostiene que la excarcelación no es suficiente, pues lo que demanda es la libertad absoluta de los "presos políticos", ya que, según las leyes de Nicaragua, no es delito protestar contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Aguerri insistió en que, si bien el Gobierno de Nicaragua se ha negado a cumplir los acuerdos internos, debería ejecutar su compromiso con una institución global, como es el Comité Internacional de Cruz Roja.
"Esperaría que, si existe ese compromiso que firmó el Gobierno ante las autoridades internacionales de la Cruz Roja, si hay gente lista de parte de ellos (para apoyar), que cumpla", sostuvo.
El representante empresarial confirmó que la lista de presos políticos de la Alianza, establecida en 809, no coincide con la del Gobierno, que aparentemente no llega a 600.
Los 232 presos políticos listos para ser liberados aparecen en ambas listas y cumplen con todos los requerimientos técnicos para salir de prisión, pese a que nunca debieron ser detenidos, según la Alianza.
Presos políticos pueden rebelarse
La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) advirtió este martes que los presos políticos que están recluidos en la cárcel "La Modelo" de Nicaragua se han tomado algunas celdas, y podrían rebelarse en cualquier momento contra las autoridades.
La CPDH hizo pública la situación un día después de que la expuso ante el nuncio del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, quien actúa como "testigo y acompañante" en las negociaciones entre el Gobierno y una alianza opositora extraparlamentaria para superar la crisis sociopolítica.
"Yo le llevé personalmente la carta (de los reos) en original, en que ellos decían que hay una situación de tiempo, que ellos van a explotar, no aguantan, tienen tomadas las celdas (que ocupan), hay un tranque adentro, no dejan pasar a los guardias", dijo el abogado de la CPDH, Julio Montenegro, a periodistas.
Según la información, los manifestantes detenidos están cansados de recibir malos tratos, y de que el Gobierno no cumpla su compromiso de liberarlos.
Montenegro se mostró especialmente preocupado porque aparentemente los presos políticos, que en "La Modelo" se cuentan por centenares, han puesto fecha límite para el cumplimiento de sus demandas.
"Ellos hablan de un 19 de abril como día tope. No queremos que haya una situación que menoscabe la integridad física", dijo el abogado.
El 19 de abril es una fecha icónica en la crisis de Nicaragua, ya que ese día de 2018 las protestas contra el presidente Daniel Ortega trascendieron de Managua y se multiplicaron en todo el país.
La CPDH y un grupo de madres de presos políticos de la ciudad de Masaya recurrieron al nuncio para zanjar la situación, por su papel en las negociaciones, pero "no dio respuesta", dijo Montenegro.
La postura del representante del Vaticano es criticada por los manifestantes autoconvocados, quienes ven en el nuncio un actor complaciente con la "represión" del Gobierno de Nicaragua, pese a que este lo ha negado.
Los presos políticos han denunciado de forma reiterada que son víctimas de tortura física y psicológica dentro de las cárceles de Nicaragua.
Alianza no quiere "acuerdos de papel"
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se mostró abierta a retomar las negociaciones con el Gobierno de Nicaragua para superar la grave crisis sociopolítica local, pero mostró rechazo a que se logren "acuerdos de papel", es decir, que no se cumplan en la práctica.
La Alianza mostró su posición luego de que el Gobierno anunció que ambas partes sostienen "reuniones informales" para reiniciar las negociaciones que finalizaron el 3 de abril, tras haberse desarrollado formalmente del 27 de febrero al 28 de marzo y con seis días de prórroga, en las que alcanzaron dos acuerdos, que el Ejecutivo incumplió.
"No es suficiente tener acuerdos de papel, se tienen que convertir en actos, acciones, hechos", dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) e integrante de la Alianza, José Adán Aguerri.
La Alianza Cívica sostiene que el Gobierno se comprometió a liberar a los presos políticos y respetar con la Constitución de Nicaragua en lo referido al respeto de los derechos humanos y las libertades públicas, pero que hasta ahora no cumple, lo que hace que las negociaciones no tengan sentido.
La Alianza ha señalado al Gobierno del presidente Daniel Ortega de no tomar en serio las negociaciones y lo acusa de utilizar el espacio para evitar sanciones externas, así como de alargar la crisis, que estalló hace casi un año.
Aguerri afirmó que, pese a que las negociaciones fueron suspendidas, las partes cuentan con comisiones técnicas que se reúnen de forma constante para que el Gobierno cumpla con la liberación de los presos políticos, cuyo número va desde los 809 que indica la Alianza hasta una cantidad menor en casi el 50%, que sostienen la dictadura.
El empresario insistió en que la única manera de que las negociaciones se conviertan en un proceso "serio" es que el Gobierno acepte la participación de garantes internacionales y cumpla con los acuerdos firmados.
Las partes todavía tienen pendiente ponerse de acuerdo en el establecimiento de "la verdad, justicia, reparación y no repetición", el "fortalecimiento de la democracia y reformas electorales" -que busca el adelanto de las elecciones de 2021-, el llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones, y los mecanismos de implementación de los acuerdos.
