7 de abril 2019
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Los oficiales detonaron dos bombas de contacto dentro de la casa de Max Cruz, en la Isla de Ometepe, y el humo se esparció por la vivienda. Cruz se asomó por una ventana, y observó el despliegue policial. “Vienen a matarme”, pensó. Su casa fue rafagueada con disparos de AK-47, una de las balas rozó su pecho y la sangre le comenzó a brotar exageradamente.
A Max Cruz lo arrestaron ilegalmente el ocho de octubre de 2018, junto a su esposa Marbi Salazar, y delante de sus tres hijos menores de edad.
En la paradisíaca Isla de Ometepe nunca se había visto un operativo similar. Cinco patrullas cargadas de antimotines se posicionaron a lo largo y ancho de la calle, montaron guardia en las casas vecinas, para que nadie grabara el ataque, y fuertemente armados dispararon contra la vivienda de Max y Marbi.
Acorralado por los disparos, Max pidió a su esposa que le pasara un machete. Ella lo lanzó y él lo atrapó, pero en el movimiento, otra bala le dio en el pie derecho. Los agentes lograron entrar, disparando indiscriminadamente.
Los policías intentaron quitarle el machete a Max, y en el forcejeo, él y un agente resultaron heridos. En segundos, lo desarmaron, lo esposaron, lo golpearon y arrastraron hasta la calle. En el suelo, Max observó que su esposa también estaba esposada y tenía sangre en el cuerpo.
Los agentes los insultaron, les gritaron palabras obscenas. A ella la montaron dentro de la patrulla y a él lo arrastraron hasta la tina de la camioneta. Todo delante de sus tres hijos.
Camino a la estación policial de Altagracia, los agentes lo continuaron pateando. Lo hicieron tan fuerte que le provocaron múltiples fracturas en la pierna derecha, y cuando lo bajaron de la camioneta no puso sostenerse. Un jefe policial ordenó que un doctor del centro de salud lo atendiera rápido, porque sería trasladado de inmediato a la ciudad cabecera de Rivas, y luego a Managua.
La prisión y el hospital
Casi seis meses después de su captura ilegal, Max puede contar cómo fue el operativo y su estadía en la cárcel. A mediados de marzo, Max y Marbi fueron excarcelados junto a otros presos políticos, a quienes la dictadura los sacó de prisión bajo el régimen de convivencia familiar o casa por cárcel.
Max Cruz fue golpeado brutalmente durante su captura ilegal. Carlos Herrera | Confidencial.
Max no entiende por qué la Policía usó tanta violencia. Aunque sí está consciente de por qué lo capturarlo. “Fue por reclamar mis derechos, por pronunciarme en una marcha cívica. El resto de los ometepinos y yo somos la basura en el ojo (de Daniel Ortega) por reclamar nuestros derechos”, afirma.
Max y su esposa fueron traslados de Ometepe a la delegación departamental en Rivas, y luego a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, en Managua. Durante todo el camino, los oficiales continuaron con el maltrato sicológico. “¿Dónde está la gente que te iba a venir a salvar?”, le preguntaban irónicamente. Los policías cargaban sus armas y hacían bromas sobre quién se encargaría de matarlo.
Al llegar a El Chipote, Max había perdido mucha sangre, y el dolor en su pierna fracturada era insoportable. Se desvaneció y una oficial informó a su superior, para que lo trasladaran al hospital. “Llévense a este ‘hijueputa’ pero si es mentira, si es pura pantalla, me lo traen y lo llevan a la cárcel de mayor seguridad”, amenazó.
Max fue trasladado al Hospital Manolo Morales, y luego al Lenín Fonseca, debido a la gravedad de su fractura. Estuvo 55 días internado, recuperándose de la operación a la que fue sometido para no perder la pierna. Pero no se rehabilitó por completo, porque la Policía exigió a los doctores que le dieran “de alta” para que regresara a prisión, donde los oficiales desconocían el tratamiento que debía recibir y era torturado sicológicamente.
Atención médica deficiente
A Max le daban pastillas para el dolor, pero no los antibióticos necesarios. En la celda permanecía en calzoncillos, expuesto a los zancudos y alguna infección.
“Ellos dicen que había un doctor, pero la verdad es que no. Solo lo dicen para aparentar, porque a mí nunca me llevaron donde un médico. Solo me sacaron a la primera cita el 18 de enero y luego me trasladaron a La Modelo”, relata.
En la cárcel La Modelo, la situación de Max no cambió. Si bien recibía atención médica de un doctor, las autoridades no permitían que tuviera sus medicinas a la mano, y tampoco que fuera a citas con los especialistas. “El doctor me dijo una vez: ‘Si por mí fuera yo te llevo en mi carro, pero no depende de mí, yo recibo órdenes de arriba’”, asegura.
Los oficiales patearon a Max Cruz hasta
fracturarle la pierna derecha. Carlos Herrera | Confidencial.
En la galería 16-1, Max se ganó el cariño de los demás presos políticos. Fueron ellos quienes le ayudaron en los momentos más difíciles, exigiendo sus medicinas y solicitando su salida a las citas médicas. La mayor parte del tiempo no resultó, así que únicamente tomaba pastillas para controlar el dolor.
“No recibí ni en El Chipote ni en La Modelo el tratamiento adecuado. A veces no se nos entregaban los tratamientos. Solo nos daban ibuprofeno y esto no me ayudaba para nada. Solo dejaban entrar el medicamento cuando a ellos se les antojaba. Me di cuenta de que ahí, estando enfermo, no hay permiso para nada ni para nadie, por muy grave que sea, porque no solo yo estaba mal, había un montón de gente enferma”, describe.
La salida de La Modelo
El 15 de marzo, a las tres de la madrugada, llegaron varios compañeros de celda a informarle a Max que los custodios lo buscaban. Los guardas le dijeron que tenía que salir de la celda, pero no le dijeron que saldría excarcelado.
“Yo les pregunté para qué me querían sacar y en qué condiciones. Les pregunté si iba libre y no me respondieron nada. Yo les dije que si salía iba a ser con mis cosas personales. Yo me tomé mi tiempo y ya tenía idea de que iba a salir de La Modelo. Mis compañeros estaban muy alegres. A pesar de que ellos no eran los que salían, estaban contentos, porque era una de las cosas que ellos pedían, que me sacaran a mí por mi estado de salud”, detalla.
Carlos Herrera | Confidencial.
Max firmó unos documentos que acreditaban su salida del penal, pero no su liberación plena. Él salió de la cárcel bajo el régimen de convivencia familiar. Luego lo montaron en una camioneta Hilux que se dirigió a la cárcel de mujeres La Esperanza, donde estaba detenida su esposa. Después de unas horas salió junto con Marbi rumbo a Ometepe.
“La alegría de mi familia fue la misma que la alegría de la Isla de Ometepe. Ese día me llamaron de todas partes, de Costa Rica, Europa, Estados Unidos. Mucha gente que estaba siguiendo mi situación por las redes, me habló. No podían creerlo”, confiesa.
La muerte de su hermano
Dos días antes de que la Policía lo capturara, su hermano José Cruz Gutiérrez, le expresó su admiración y respeto por su determinación y empuje en cada marcha que organizaron los autoconvocados en la isla.
Pero mientras Max estaba en prisión, la persecución política no paró en Ometepe y José se suicidó el 12 de febrero, en casa de unos familiares en Managua. Había salido de Ometepe, porque la Policía lo perseguía por participar en marchas.
Max se enteró días después, cuando su abogado le informó en una visita. Lamentó mucho no poder asistir a su funeral. Al igual que con otros presos políticos, la dictadura le negó el permiso especial para asistir al entierro.
“Estuvimos juntos en esta lucha cívica por Nicaragua, por las futuras generaciones, por nuestros hijos, por nuestra familia. Me duele la pérdida de mi hermano. Yo denuncio y responsabilizó de la muerte de mi hermano a la dictadura del señor Ortega y a sus colegas”, reclama.
El asedio continúa
Tras la excarcelación de Max y Marbi, varias patrullas de la Policía han llegado a asediar su casa. Se detienen en la esquina, encienden las luces y luego se retiran. Sus hijos tienen algunos traumas psicológicos por la brutal captura que sufrió su padre. Tras su regreso, poco a poco van mejorando.
Max no está de acuerdo con su cambio de régimen carcelario. Cree que en cualquier momento la Policía puede regresarlos a prisión, no como reos políticos, sino como delincuentes. “El poder lo tienen, controlan todo”, dice molesto.
Tampoco cree que Daniel Ortega tenga la voluntad política para sacar a Nicaragua de la crisis social, política y económica, causada por su masacre, que ha dejado 325 muertos confirmados, más de 800 presos políticos y miles de heridos.
¿Volvería a protestar? — le pregunto.
Sin vacilar, Max responde: “Por el bien de Nicaragua, por el bien de las futuras generaciones, por el bien de mis hijos, de sus hijos y de los hijos de todos los nicaragüenses, volvería a protestar las veces que sean necesarias”.
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